La Constitución de 1949

Sábado, 8. Abril 2023

El 16 de marzo de 1949, durante el primer gobierno de Perón, se sancionó la reforma de la Constitución nacional argentina.  

El texto principal de nuestra Constitución data de 1853, y es el que en sus aspectos centrales sigue vigente, más allá de distintas reformas. En ella se declaran los derechos civiles y políticos. Es una constitución liberal, que sostiene que es la acción privada y la defensa de la propiedad privada lo que promueve el desarrollo justo. La concepción central gravita en torno al individuo y sus derechos. 

La reforma de 1949 planteó un giro en el enfoque. Esta deviene de la doctrina social de la iglesia, la cual condena las desigualdades sociales, y de un movimiento jurídico internacional que se conoce con el nombre de constitucionalismo social. Si la de 1853 asentó los derechos civiles y políticos, la Constitución de 1949 introdujo los derechos sociales. Si antes era la acción privada y la defensa de la propiedad el principio ordenador, en el '49 la centralidad la ocupan los derechos sociales y la intervención del Estado. 

Sostiene en su prólogo “la irrevocable decisión de constituir una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, e invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia.”

La Reforma del 49 otorgó rango jurídico constitucional a las medidas económicas que el gobierno de Perón venía impulsando. En su primer mandato impulsó el IAPI. Con él, se produjo el monopolio del Estado en el comercio exterior, que compraba a los productores locales las cosechas y las vendía en el mercado mundial. Los ingresos obtenidos de las ventas fueron destinados a promover el desarrollo industrial por medio de créditos estatales con tasa de interés menor que la inflación. Los depósitos bancarios, los ahorros pueblo, habían sido nacionalizados algunos años atrás. El control de la banca y el monopolio del comercio exterior, permitieron impulsar políticas de soberanía económica basada en el desarrollo industrial. En este periodo se dio impulsó la flota mercante nacional y se crearon las empresas estatales SOMISA, Agua y Energía Eléctrica, Ferrocarriles Argentinos, ENTel y Aerolíneas Argentinas. 

La nueva carta planteó los “Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, y de la educación y la cultura”. A la vez declaró “la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica”: el capital debe estar al servicio de la economía nacional, que debe tener como principal objetivo el desarrollo y el bienestar de la sociedad en su conjunto y la justicia social. También se estableció jurídicamente el monopolio del estado en la economía: “El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad...”. Los recursos estratégicos y los servicios fueron declarados de propiedad nacional: “Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la Nación”, y la propiedad estatal de los servicios públicos, que “bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación.” 

Así, la Constitución del '49 fue el programa de un proyecto nacional burgués en el poder, derrotado tras el golpe gorila de 1955, que anuló dicha Constitución. Un año después, la convención constituyente agregaría el artículo 14 bis.

La Constitución del '49 tuvo varios puntos progresivos. Su reivindicación de los derechos sociales cobra relevancia en este período en que los mismos son alevosamente incumplidos. El control nacional de la banca, del comercio exterior y de los recursos estratégicos, así como la potestad del Estado de intervenir en áreas clave de la economía nacional, son puntos centrales de un programa antimonopólico y antiimperialista. 

En cuanto a la función social de la propiedad privada, se trata de una fórmula que expresa la ilusión de una existencia armónica entre las clases, propia de un proyecto burgués nacional. La superación de esas inconsistencias pasa por la política firma de unidad y lucha que debe librar la clase trabajadora dentro del frente de liberación nacional y social, para que las tareas antimonopólicas y antiimperialistas sean la antesala de las tareas que avancen hacia la construcción del socialismo. 

Sabrina Fara

Sábado, Abril 8, 2023 - 19:45

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