Juicio al espía Balbuena

El pasado martes 14 de marzo comenzó el juicio al espía Américo Balbuena, el miembro de la Policía Federal que durante 11 años estuvo infiltrado en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh, acusado de espionaje ilegal a organizaciones sociales, políticas y estudiantiles. El juicio también tiene como acusados a los dos ex jefes de Balbuena: Alejandro Sánchez y Adolfo Ustares. Todos miembros del cuerpo de Informaciones de la Policía Federal. La causa está en Comodoro Py a cargo del juez Rafecas.

En un nuevo capítulo del espionaje a organizaciones populares, en 2013 salía a la luz que Balbuena era miembro del cuerpo de informaciones, mediante una filtración que surgió de una interna de la Policía Federal. Tres años antes, el interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria denunciaba sobre la existencia del cuerpo de informaciones de la PFA, hasta ese momento desconocido. Según Marcelo Saín, la información le había llegado en un sobre cerrado enviado a su domicilio. Otra interna de servicios de la PFA que también se vio en el caso del agente José Alberto Pérez, conocido como Iosi, que estuvo infiltrado en la comunidad judía por 15 años; y en la reciente denuncia de “Isabelita”, una agente de la federal encubierta desde 1969 hasta inicios del 2000, a la que le atribuyen -entre decenas de cosas más- haber estado infiltrada en Iglesia Santa Cruz en 1978, realizar investigaciones sobre el MTP -meses antes de lo sucedido en la Tablada- y sobre nuestro fallecido camarada Oscar Kuperman en los 90.

Volviendo a Balbuena y a la causa en marcha. Si bien hay un intento de excluir las actividades de Balbuena y de sus dos jefes por fuera del cuerpo de informaciones de la federal -de hecho, parte de la estrategia de la defensa es sostener que Balbuena tenía al periodismo como un hobbie al que se quería dedicar luego de su retiro- lo cierto es que el punto nodal es la propia existencia del Cuerpo de Informaciones. Esto es vital a la hora de marcar que el espionaje de Balbuena no es ilegal porque actuó por fuera de sus funciones, sino que son sus funciones las que de manera delimitada constituyen el espionaje ilegal.

Sin ir más lejos, el propio Decreto-Ley 9.021/63 promulgado durante la dictadura de Onganía -aún vigente- que crea el Cuerpo de Informaciones se encarga de darle la potestad de no someterse al control de ningún organismo estatal y permitirles a sus agentes la infiltración en organismos públicos y privados. Esto último es un paso más de lo que la propia AFI -ex SIDE- tiene reglamentado. El decreto de creación del Cuerpo de Informaciones, como así también su reglamentación y la creación del cuerpo de Auxiliares de la Federal, constituyen lo que hay detrás del caso Balbuena. Es el aparato del Estado puesto al servicio del espionaje político. Balbuena en todo caso es el ejemplo concreto de que lo llamado por Aníbal Fernández como inteligencia criminal -hace unos días al responder preguntas en la Cámara de Diputados- no es otra cosa que lisa y llanamente espionaje político.  El ministro tampoco puede responder ante la clara responsabilidad de miembros de la Federal en la segunda desaparición de Julio López.

El juicio además de estar marcado por dilaciones innecesarias, tiene un detalle a señalar: todos los allanamientos y pericias, a pedido del juez de instrucción, fueron realizados por la gendarmería y -en su gran mayoría- se realizaron durante el 2013. Un año después de que salga a la luz el “Proyecto X”. Proyecto llevado adelante desde el 2004 al 2012 por distintas dependencias de dicha fuerza y que incluyó el espionaje a más de mil organizaciones políticas, sindicales y populares, asambleas de trabajadores y estudiantes. Fue justamente con el Proyecto X y la designación de Milani, cuando se terminó de caer el discurso de los derechos humanos del gobierno K. 

El juicio a Balbuena, si bien es emblemático por ser el primero a un infiltrado en período democrático, tiene sus claras limitaciones. Porque, ni más ni menos, los que faltan en el banquillo de los acusados son los responsables políticos. No están acusados nadie de la cúpula de la Policía Federal ni del Ministerio de Seguridad de la Nación de aquel momento, organismos de los que depende directamente el Cuerpo de Informaciones de la PFA.  El punto es que Balbuena no es la excepción, es la regla y hay muchos Balbuenas, todos dirigidos por el aparato represivo del Estado.

A días de cumplirse un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura militar, seguimos reivindicando la defensa de una de las libertades democráticas básicas: el derecho a la protesta, un punto central en este 24 de Marzo que nos tendrá movilizando en todo el país. La condena a Balbuena debe servir para seguir atacando esa estructura diseñada para espiar a las organizaciones populares.

Martina Bas