Basta de amenazas

El último mes, referentes de organizaciones políticas y sociales han denunciado graves amenazas a través de mensajes telefónicos y por redes sociales. Estas amenazas se enmarcan en un clima de hostilidad generado desde el gobierno nacional, cuyo único argumento para aplicar el ajuste es culpar a la oposición y a los que salen a repudiarlo en las calles.

Referentes como Myriam Bregman, Nicolás del Caño, María del Carmen Verdú han sido víctimas de estas persecuciones mediáticas, o Juan Grabois, Jaquelina Flores, Rafael Klejzer militantes de la CTEP y el MTE que fueron detenidos en la comisaría 18 en medio de una manifestación por los derechos de los trabajadores senegaleses. 

El gobierno alimenta el odio y la hostilidad hacia quienes luchan contra el ajuste y las políticas represivas, pero estas amenazas no van a amedrentar a quienes se manifiestan en las calles para frenar el ajuste. 

En este sentido, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Larreta a la cabeza, aprobó una reforma al Código Procesal Penal que legaliza el espionaje a través de investigaciones violatorias a la intimidad de las personas, permitiendo que las conversaciones privadas de whatsapp, mensajes de textos, llamadas, fotos, links que el usuario utilice, puedan ser entregados como material probatorio de una causa a un juzgado. En la reforma se proponen nuevas técnicas para la investigación sobre las conversaciones privadas fuera del domicilio de la persona y acceso remoto a los dispositivos electrónicos, entre otras acciones. La excusa es investigar acciones relacionadas al terrorismo, trata de personas y narcotráfico, sin embargo, en este contexto el gobierno las utilizará para perseguir opositores y amedrentar a militantes políticos y sociales.

Este país ya aprobó la ley antiterrorista en el año 2007 por recomendación de la Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de capitales (GAFI), una medida más que dejó abierta la posibilidad de que las huelgas y protestas sociales puedan ser calificadas como actos terroristas, con la consecuente pena de “asociación ilícita”, una de las mayores de nuestro código penal. En estos últimos dos años, los militantes detenidos en movilizaciones sociales (Santiago Maldonado, 8M, reforma previsional) han afrontado, persecuciones, procesos judiciales y detenciones preventivas injustificadas. 

Extendemos toda nuestra solidaridad a los compañeros amenazados, judicializados y detenidos. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia debe encabezar la denuncia hacia estas amenazas e impulsar la activa solidaridad y repudio a las mismas. 

-No a la criminalización de la protesta

-Basta de persecución a los que luchan

Corresponsal