Misiones marca el camino

El gobierno de Milei apela a la agresividad, y últimamente también al grotesco, tratando de disimular que está transitando su momento de mayor debilidad.

Al cierre de esta edición se profundizaba la lucha en Misiones, protagonizada principalmente por docentes, personal de salud y policías, al que también se suman estatales y tareferos, entre otros. El epicentro de la pelea es la capital Posadas, pero la movilización se replica en varios puntos de la provincia. La confluencia en la lucha de trabajadores con personal de la fuerza represiva debe ser analizada con cuidado, pero sin dudas es una preocupación extrema para el gobierno provincial, que fracasó en sus primeros intentos de disolver la protesta: el rechazo a la propuesta de aumento salarial no debe eclipsar el fracaso rotundo de la ministra Bullrich de pretender levantar el acampe en el comando radioeléctrico con fuerzas federales. 

La semana pasada se conocían las imágenes de la protesta de los judiciales en Mendoza. El conflicto en las universidades volvió a escalar y derivó en una huelga que confluyó con la docencia de los demás niveles. También hubo paros en el gremio de Sanidad. El sindicato del neumático respondió a los despidos en FATE con un llamado a paro que derivó en conciliación obligatoria. Así, la situación de Misiones marca un camino a recorrer para la lucha obrera y popular.

En este marco, el gobierno trata de imponer ejes que desvíen la atención. La histriónica intervención de Milei en España disimula una gira con gusto a poco. No logró fotos con ningún mandatario europeo, y ni siquiera los líderes del PP quisieron acercarse más de la cuenta al libertario criollo. No es para menos: las grandes empresas españolas salieron a cruzar al presidente argentino por sus dichos contra Pedro Sánchez. Milei se quiere ver como el “máximo representante de la libertad” cuando está recibiendo el trato de un bufón.

Al mismo tiempo, la preciada “macro” está llena de malas noticias. La baja de la inflación al 8,8% -que sigue siendo altísima- fue lograda en base a haber tirado una bomba atómica sobre la economía: todos los indicadores de actividad, consumo y ocupación son negativos. Y para sostener la tendencia a la baja de los precios, el gobierno debe sortear las presiones devaluatorias y mantener fijo el precio del dólar. Los amigos del agronegocio no ayudan en lo más mínimo y frenan las exportaciones a la espera de una devaluación. La tensión se hace sentir en los distintos tipos de cambio que tienden al alza.

En este contexto debe ser analizado el ataque al movimiento piquetero, con especial énfasis en sus expresiones callejeras. El gobierno busca en principio sacar de la calle al sector que viene haciendo punta en esa experiencia, como lo ratificaron la marcha de abril en el centro porteño y la movilización de este mes a la Quinta de Olivos. Se apoya en el aislamiento fruto de un ataque que viene de varios años y que ahora se intensifica con una campaña sucia infame. Hay que defender al movimiento y a las organizaciones de este ataque, en la certeza de que el daño que cause en lo inmediato no va a ser suficiente para ponerle freno a una pelea popular que se va a seguir ampliando. 

Sin ley ni pacto

En el Congreso la cosa no va mejor. Luego de su aprobación en diputados, la Ley Bases se complicó en el debate del Senado. Además de la oposición de UxP y el radicalismo de Lousteau, dentro de los propios sectores colaboracionistas, en especial quienes responden a gobernadores, se alzan protestas por un régimen de inversiones desmedidamente favorable a los intereses de las grandes empresas trasnacionales y por un blanqueo de capitales escandaloso que permitiría legalizar a gran escala el dinero sucio, y no solo por evasión de impuestos. También hacen ruido la restitución de ganancias y las privatizaciones. El gobierno está haciendo jugar a todos sus operadores para tratar de consensuar el texto y neutralizar a los opositores más blandos. Así las cosas, el “pacto de Mayo” se pasó para junio o julio; más allá de las fechas patrias, se va diluyendo la iniciativa de acuerdo nacional con Milei a la cabeza. 

Para colmo, a mediados de la semana pasada un amplio abanico de bloques opositores impuso que se trate un proyecto de ley para el financiamiento universitario y el restablecimiento del FONID. Ante ello Milei declaró que vetará cualquier ley que ponga en peligro el “equilibrio fiscal”, dando cuenta así de que acusa el golpe recibido. Más allá del resultado que vaya a tener la iniciativa, lo novedoso de esto fue la participación de los bloques dialoguistas en los que el gobierno se pretende recostar.

La CGT, impasible frente a la votación en Diputados a pesar de los artículos de reforma laboral, ahora sale a pronunciarse principalmente por la presión de varios gremios que se verán afectados por la reinstalación del impuesto al salario. El peronismo opositor, que educadamente votó en contra de la media sanción, ahora se apresta a movilizarse cuando se trate en Senadores. Con el sindicalismo y los organismos de DDHH a la cabeza, buscan dirigir y ordenar lo que seguramente será una nueva demostración masiva contra el gobierno de Milei.

Las anteriores demostraciones, contundentes, fueron la marcha universitaria de abril y el paro general de este mes. Ambas dejaron a la vista que un sector que apoyó electoralmente al gobierno se le está empezando a alejar como consecuencia del impacto de las medidas económicas. 

Se aceleran los tiempos

Las condiciones de vida de las masas se deterioran a gran velocidad. En un cuarto de su mandato, el gobierno está dilapidando su capital político muy rápidamente. Y si bien aun le queda resto, el debate de la Ley Bases volvió a dejar claro algo que ya se sabe desde hace meses: que no pueden gobernar sin recostarse en la oposición colaboracionista, que le pone cada vez más condiciones. 

Se trata de un elemento que debe ser caracterizado con precisión. La crisis dentro de las fracciones de las clases dominantes es profunda, y en ese marco de contradicciones crecen las dudas sobre la viabilidad del ajuste salvaje de Milei. Los intereses en pugna se van expresando en los distintos armados políticos que, por ahora y no sin tensiones, sostienen la gobernabilidad. Pero como dice la frase, al gobierno lo van a acompañar hasta la puerta del cementerio, pero no van a entrar con él. Consultado sobre el rumbo económico, Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar y presidente de Fate, se despachó con una serie de fuertes críticas que remató con un elocuente “no se puede aguantar, hay que luchar”: en boca de un representante de la gran industria monopólica local, la frase tiene poco margen de interpretación. En donde la situación del gobierno se vuelva insostenible, los propios grupos económicos que lo promovieron y/o lo toleran van a preparar el recambio. Y nada garantiza que los tiempos de la crisis se acomoden al calendario electoral. 

La intervención de los de abajo debe ir en dirección de acelerar esos tiempos y derrotar al gobierno desde una salida popular: esa es la única manera de quebrar esta política de ataque en toda la línea al movimiento de masas. La amplitud que genera el rechazo a la Ley Bases va a presentar un escenario propicio para asestarle un nuevo golpe al gobierno, en línea con la movilización educativa y el paro general; como en aquellas oportunidades, la masividad estará bajo la dirección de proyectos que juegan dentro del régimen. Más que delimitarse o denunciar carencias ajenas, el combativismo debe pelear por dirigir esa amplia unidad. “Fuera Milei” es una consigna que orienta esa lucha, poniendo en el centro la tarea más importante que tiene hoy el pueblo trabajador. 

La situación de Misiones anticipa una Argentina donde las confrontaciones se van a profundizar: ese es el camino a seguir y para eso hay que prepararse. En ese marco, la capacidad de daño del gobierno no debe ser subestimada, pero tampoco su debilidad. Con iniciativa y con audacia, hay que intervenir buscando provocar un quiebre que le abra paso a un proyecto de los de abajo.

Agustín Damaso