La calle a contramano del discurso

La imagen del presidente bailando junto al gobernador de Córdoba ya no causa la misma sensación de aquellos primeros días del triunfo electoral. Ha pasado casi un año y la postal mediatizada es tan solo eso, un reflejo limitado de una situación que difiere con la realidad de todos los días y donde la precariedad que padece gran parte de la población, no da lugar a la frivolidad payasesca de la figura presidencial. Los propios obreros de Fiat Concord son testigos directos de tal  contraste en la medida que la actividad laboral actual  en fábrica, además de los retiros forzados, quedó reducida a solo dos días por semana.
El discurso de la felicidad no convence ni a los propios banqueros que, si bien elogian los cambios introducidos, hicieron explícito en su 50º Asamblea realizada en Buenos Aires (FELABAN) que la recesión es más fuerte y profunda de lo anticipado.
El triunfo de Donald Trump complica la disponibilidad fluida del crédito internacional a la vez que anticipa devaluaciones con sus previsibles consecuencias inflacionarias.
Se repiten en octubre la caída de todos los indicadores industriales, además del empleo, el consumo (- 8,2%), comercio y logística en general. Nada indica que el cuarto trimestre será mejor al anterior cuando la inflación volvió a trepar a 2,4%. De allí la desconfianza de algunos sectores industriales y comerciales que se ven con un cierre de año sin los signos reactivantes prometidos y advierten, como en el caso de automotrices y metalúrgicas, que en las actuales condiciones con una capacidad ociosa cercana al 58% no podrán sostenerse sin acudir a mayores restricciones de personal.  

Un rumbo más definido

La esencia del plan consiste en hacer más rentable la inversión o favorecer la reinversión de utilidades, siempre sobre la base de reducir el salario real. En el caso reciente de industriales petroleros, la intervención directa del presidente junto a la burocracia sindical y gobernadores afectados avanzó en acuerdos sobre nuevos convenios flexibilizados, con reducción de cuadrillas, continuidad laboral nocturna, desconocimiento de viáticos por traslados y tendencia salarial a la baja. Todo en función de abaratar los costos de explotación de pozos no convencionales según reclaman los grupos monopólicos instalados en Vaca Muerta (Chevron, Petronas, PAE, Shell, etc.). Mientras exigen productividad obrera, la “eficiencia” de las patronales dependerá siempre de las ventajas y concesiones que otorgue el estado pero nunca de la reducción de sus ganancias. Dicha flexibilización ya se había mostrado en forma parcial el año anterior entre las automotrices y el Smata, oportunamente Techint en su planta de Campana con las cuadrillas tercerizadas, y pretenden avanzar ahora con las plantas ensambladoras de los componentes electrónicos en Tierra del Fuego. Son aplicaciones ya conocidas en nuestro país que empiezan a visibilizarse como parte de acuerdos de gobernabilidad, pero cuya efectividad y maduración dependerá centralmente del nivel de aceptación y de la capacidad de lucha del pueblo trabajador. De tal forma que en los casos como el de Argentina, o el que empieza a vivirse en estos días en Brasil poco después de las medidas reaccionarias y antiobreras dispuestas por Temer, se abren interrogantes sobre hasta dónde les puede seguir siendo útil una democracia degradada como la actual para contener la tendencia a la rebelión que empieza a corporizarse en gran parte de la región. 
Por supuesto que llegar a esta situación cuyo final recién empieza a dibujarse, no sería posible de no existir consensos entre las representaciones políticas y la cúpula empresarial para encarrilar el modelo de acumulación antes que nada y sobre esa base sí, el funcionamiento institucional, el perfil productivo y la disputa electoral como signo de una “libertad” asociada a la pobreza y el sometimiento. El gobierno alardea de una convivencia que solo se expresa en el Parlamento.


Un presupuesto electoralista como sostén de la pobreza

Los acuerdos para definir el presupuesto 2017 son el mejor ejemplo de tal complicidad en la medida que, una vez negociado cada bloque su partida, lo que predomina es una lenta recomposición a través de la obra pública, suponiendo un relativo arranque del crecimiento, donde comer, vestirse, tener vivienda, salud y trabajo no son prioridades. Se proyecta un crecimiento de 3,5%, en contraste con el decrecimiento superior al 2% de este año, con leve aumento del consumo. Pareciera que el tema de la pobreza concreta y objetiva, cuyas cifras reales son muy superiores al 32,4% de abril consignado por la UCA (basta considerar que más del 50% de los asalariados ganan menos de $8.000 según el Indec) fuera una mera perspectiva inexistente para este presupuesto. Conformado con sentido plenamente electoral y entreguista contempla un déficit fiscal record de 6,9% del PBI y un déficit comercial de U$S 2.000 millones pese a los augurios de una buena cosecha. La ortodoxia liberal dejó paso a las necesidades del año electoral y las fuentes de financiamiento, a falta de recursos propios, provienen del endeudamiento externo, de tal forma que los pagos comprometidos se llevan el 11% del total del gasto, es decir casi el doble del 5,8% destinado a educación. Sumado a los U$S 47.000 millones pagados en este año por intereses y atrasos según defendió Prat Gay en el Senado (08/11), queda claro el retorno de la “patria financiera”, constituyendo a su vez las razones centrales del incremento de las demandas callejeras. 


Una ley de sumisión, compartida

El presidente considera clave para su futuro político la aprobación inmediata de la Ley de inversiones de Participación Pública y Privada (PPP). El proyecto ya consensuado con la oposición (Massa, PJ, Bossio, Movimiento Evita y otros) sumó el apoyo de la mesa de la CGT con el increíble compromiso de incluir un tercio de trabajo y componentes nacionales. Dicha ley facilitará amplios poderes al gobierno para conceder beneficios y garantías por 35 años a empresas privadas que emprendan el negocio, cuyos retornos pueden superar siete veces más de lo invertido. Está orientada a infraestructura, en la misma línea que la Ley Dromi durante el menemismo, inspiradora de las reformas del estado funcionales a la inversión privada. Es un nuevo rasgo de sumisión comprometido por Macri en la mini-Davos ante CEOs varios de las multinacionales. Estas no solo buscan asegurarse rentabilidad exigiendo ventajas competitivas sino que también están poniendo a prueba la capacidad de gobernabilidad del actual gobierno. Desde ya que todo el empeño gira alrededor de las elecciones que vienen. Es la única forma de mantener la línea del ajuste y avanzar luego con otras medidas como privatización de Aerolíneas Argentinas, de Ferrobaires, modificación de la edad jubilatoria, fuero sindical, etc. Políticas de dudosa viabilidad visto la actual situación, y con mayor razón si hay voto bronca o los resultados electorales no acompañan. 


A quién defiende la CGT

La deserción de la mesa de la CGT de convocar al paro nacional no hizo más que confirmar una claudicación que ya se veía venir por parte del sindicalismo empresarial, más interesado en arreglar sus propias cuentas antes que jugarse por defender los intereses de los trabajadores. La cuestión de fondo nunca pasó por los reclamos en sí mismo, visto las disparidades salariales o la precariedad en que vive la mayor parte de la población. Predominaron las razones políticas, con ventajas iniciales para el gobierno que logró postergar demandas incumplidas agravadas por el ajuste, frente a la posibilidad de que la conflictividad en desarrollo opacara su primer año de gestión y deviniera en una contundente expresión de bronca cuyos límites, por momentos, ni la propia burocracia puede establecer. No fue el “espíritu de convivencia” ni el “funcionamiento de la democracia” lo que predominó, sino la perspectiva que pueden tomar los reclamos frente a la fragilidad institucional y a la inexistencia de otra salida por parte de la gran burguesía y la dirigencia sindical y clerical subordinada. 


El auge y su perspectiva

El objetivo inmediato del gobierno es cerrar el año sin sobresaltos en relación a la protesta popular. La cúpula de la CGT es garante de orden y, por su parte, a la CTA la nafta le llegó hasta un acto para cumplir en diferenciarse. Lo más caliente de diciembre vienen siendo, hace ya muchos años, los reclamos de los barrios relativos al acceso a los alimentos. Las organizaciones territoriales que acordaron con el gobierno el alcance de la ayuda social objetivamente le brindan un apoyo inestimable al plan de llegar a las fiestas sin sobresaltos. Cierra el cuadro la imposición adelantada del debate electoral, que en los hechos clausura por lo que queda del año la pelea contra el ajuste, en nombre de sacar “conclusiones políticas”: en ésta se anotan los partidos del FIT y quienes le vayan a hacer el coro al acto de Atlanta. Lo que el macrismo no puede resolver en las condiciones de vida del pueblo, lo neutraliza en el terreno político.
A pesar de ello, el auge es una cuestión objetiva basada en necesidades básicas y en sentimientos políticos de justicia y dignidad. Por eso, en lugar de conformarse e ir por la mínima, en el marco del plan existente y del régimen político que lo hace posible, hay que levantar la mira e ir por la máxima, convencidos de que con una perspectiva militante es posible llevarse puesto este plan de gobernabilidad de la pobreza. Lo que está en juego es mucho más que un bono o una compensación que no todos cobrarán. De allí que las variadas movilizaciones obreras, docentes, estatales, barriales o piqueteras con que se llega hacia el fin de año abonan en el mismo sentido de acumulación de bronca y rebeldía que habrán de expresarse, más temprano que tarde, por encima de la voluntad de las distintas dirigencias. 
Por esto, reagrupar el combativismo y el frentismo antiimperialista, ante la crisis, es un paso necesario e inmediato para favorecer la intervención política de la izquierda revolucionaria, independientemente de cualquier especulación electoral.


Andrés Zamponi