Editorial - Una claudicación sin retorno

El gobierno se encarrila a poner la firma en un acuerdo con el FMI, a la vez que pretende recuperar iniciativa y curarse en salud respecto a las consecuencias que surgirán del acuerdo. Con el acto conmemorativo de la “democracia” y los derechos humanos organizado el 10 de diciembre, buscó recomponer una impronta kirchnerista como en aquella causa con los fondos buitres de 2014, frente a las consecuencias funestas que supone el reconocimiento y pago de la deuda en las condiciones impuestas por el mundo imperialista. Como si el festejo de la democracia resolviera por sí solo este tremendo martirio en que se ha transformado la supervivencia y el futuro para millones de argentinos producto de políticas ajustadoras. El régimen representativo que se resalta y defiende, termina siendo funcional al capital monopólico en la medida en que la desigualdad social, económica y laboral se instaló a la par de la inflación, la pobreza y el endeudamiento.
En la plaza hegemonizada por la Cámpora-Cristina, ni el contenido discursivo ni lo que pudo significar la presencia de Lula para el lanzamiento de esta “segunda fase”, alcanzaron para ocultar la incondicionalidad en el cumplimiento de los acuerdos. El carácter de pagadores seriales surge de la propia identidad de la vicepresidenta y del Frente que compone. Justamente hay un entendimiento general, según la comisión de técnicos que volvió de Washington, como también una insistencia del organismo para reducir el porcentaje del gasto (estimado 3,3% en el proyecto de presupuesto) y alinear precios y salarios como base de la política antiinflacionaria, donde los que pierden siempre son los salarios. Otra salida que no sean las restricciones dependerá de la respuesta popular con el protagonismo de la lucha obrera y antiimperialista, frente al encadenamiento eterno que supone legitimar el pago de una estafa. El proyecto del presupuesto 2022 está basado en tales pautas restrictivas. Además están las garantías sobre los recursos naturales y estratégicos otorgados oportunamente por el ex presidente Macri en respaldo del préstamo en 2018; no develadas aún, pero con causa penal iniciadas por el doctor Barcesat. También hay que seguir de cerca aquellas derivaciones que puedan surgir del discurso presidencial en el G20, pidiendo cambiar “deuda por compromisos climáticos”.
La ausencia notable de la CGT y otras ramas del justicialismo, no ocultan las diferencias que arrastran ni lavan chanchullos de jerarcas sindicales comprometidos en el pacto con la UIA. Tampoco niegan cambios en el régimen laboral ni pueden disimular su complicidad en las condiciones actuales que viven la mayoría de los trabajadores con derechos violados, salarios de hambre, pobreza y desocupación. En todo caso marca un límite en relación a la composición del FdT, plagado de burócratas pero sin el protagonismo sustancial de la base trabajadora, llamada a ocupar el centro de la escena frente a la crisis que transcurre. La política de contención o paños fríos del justicialismo no solo frena sino que elude toda instancia en relación a una salida directa emparentada con la democracia popular.
Allí nomás la violación de la ley provincial (14836 – 2016) que impide la reelección por encima de dos mandatos, por parte de los intendentes del Conurbano en consenso con JxC; prueba palmaria de cuan serios son los elogios al “funcionamiento democrático” por parte de la dirigencia política cuando se atornillan a sus puestos. Con esa impronta de reelección sin límites, la disputa por mantener los privilegios trasciende largamente la “ética republicana” y obra como anticipo de la rosca al 2023.  
La gran mayoría de la dirigencia coincide en que el acuerdo con el Fondo es inevitable, pero nadie quiere asumir los costos políticos. Atrás quedaron las elecciones, pero siguió flotando “la cuestión inquietante” -en palabras del analista Rosendo Fraga- que supone el abstencionismo respecto al 71,5% de participación como el más bajo desde la década del 30.
Con crisis agravada
En el gobierno hablan de reactivación económica concreta -no de rebote- por el 10% de crecimiento luego de la caída en términos similares (9,9%) en 2020. Se estima que a fin de año puede llegar a los mismos niveles que en agosto de 2019, antes de las PASO. No obstante, según la consultora EcoGo, la economía está 6 puntos por debajo de 2017, que fue el último año de crecimiento, aunque la tasa de empleo actual es más baja y los ingresos nunca alcanzaron a los de pre-pandemia. En el mejor de los casos se pronostica un 4% de crecimiento en 2022.
Con un piso de inflación de 3% en noviembre se marcha a un cierre de 52% interanual, apenas por debajo del 53,5% último del macrismo. Pero el dato más preocupante, según las expectativas del Banco Central para los próximos 6 meses, es que dicho piso se repite hasta mayo, donde se estima será de 3,5%. En todo caso será el secretario de Comercio Feletti quien deberá dar cuenta del fracaso del control de precios como medida antiinflacionaria y de la falta de castigo a quienes son los formadores de los mismos.
Se arriba a estos índices con tarifas centralmente congeladas y salarios a la baja. La quita de subsidios anunciada por el ministro Guzmán supone aumentos en luz y gas para sectores de mayores ingresos de entre 60% y 72%. La segmentación para consumidores de menores ingresos no será creíble hasta que no lleguen las facturas. De mantener congeladas las tarifas, los U$S10.500 millones por subsidios este año treparían a U$S16.000 millones en el próximo. Situación de ninguna manera cerrada visto que dentro del plan plurianual esgrimido por el ministro de Economía predominan acuerdos con el Fondo, pero que no están cerrados aún dentro del propio gobierno.  
El rostro de la pobreza
Se conocieron últimos datos brindados por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA para el 3er trimestre 2021. La desocupación de 9,1% -comparable a la existente en 2014- sería de 12,5% sin las horas para cubrir licencias y ausencias generadas por el Covid-19. Solo el 42,1% de la población económicamente activa goza de un trabajo con plenos derechos, mientras el 29,6% tiene un trabajo precario y el 28,3% restante vive con changas y/o está desocupado. En dos años el poder adquisitivo promedio de los ocupados perdió el 7,4%. En cuanto al ingreso promedio en 2021, sobre el total de ocupados fue $50.500: los que tienen empleos plenos $ 69.000 y los que hacen changas solo $18.600. Pocos puestos laborales nuevos siendo el sector informal donde más se recuperaron, pero todos con tendencia a la baja y más inestables. Para recomponer el empleo previo a la pandemia, deben generarse 140.000 nuevos puestos en la actividad privada. Con lo cual no basta con reactivar la economía si a la vez no se traduce en mayores puestos y mejores salarios.
Las cifras de pobreza alcanzan al 43,8% y suman 8,8% los indigentes. Sin los planes sociales dichas cifras treparían al 49% y al 18%. El 65% de los niños y adolescentes viven en hogares bajo la línea de pobreza e incluye al 14,7% bajo la indigencia. Todos los recursos destinados a programas sociales son insuficientes, visto el descontrol inflacionario; con más razón esta condena después de la firma con el Fondo.
La represión como variable de ajuste
El desalojo de los trabajadores de la Cooperativa de Trabajo Nueva Generación en Wilde, efectuado por la bonaerense para disolver la resistencia en los puestos de trabajo, marca una política ya expuesta el año anterior en Guernica y las sucesivas tomas que se extendieron en el interior del país. Con más razón en esta etapa signada por el ajuste y la austeridad comprometidos para el pago de la deuda, y donde la lucha de los trabajadores aparece como el principal escollo en los tiempos que vienen. Nada es casual en la condena sobre Arakaki y Ruiz, tampoco en la xenofobia represiva sobre los mapuches que reclaman tierras. Tampoco lo es el asesinato de Lucas y Luciano por el gatillo fácil de fuerzas educadas para contener y/o disuadir la rebeldía de una juventud empobrecida que brota ante el agobio del capital monopólico. Allí no hay “libertarios” que reclamen por comer, educar, vestir, trabajar o forjarse un futuro de oportunidades. Hay trabajadores y familias humildes arrojadas fuera del mercado de las multinacionales, a partir de las políticas que la gran burguesía en sus distintas expresiones, sacraliza con cada acto electoral. El argumento falaz de la orden judicial, esgrimido por Sergio Berni y avalado por el gobernador Kicillof, no solo es reaccionario sino que desmonta también los fundamentos de “law faire” que se apunta sobre la justicia y la derecha ortodoxa. Compromete el progresismo del discurso reciente en la Plaza de Mayo y deja abrochados al espacio del “círculo rojo” a gran parte de la dirigencia sindical y ligada a la economía popular.
Tan lejos de aquel octubre del 45
Deberán reflexionar quienes verdaderamente están comprometidos con un programa antiimperialista, de soberanía e independencia económica con justicia social; si a esas metas se llega solo con sumar para no perder ante el neoliberalismo instalado por fuera y por dentro del Frente de Todos. Tal vez habrá quien sostenga esta línea con la ingenuidad -aunque no tanto- de que se puede avanzar por la liberación conviviendo con los monopolios, bancos y dueños de la tierra, en lugar de enfrentarlos para forjar una matriz productiva diversificada. Las denuncias de Grabois contra la represión de Kicillof y contra el boicot oficial a los limitados proyectos aprobados recientemente (Etiquetados, Ley de Góndolas), como las de otros referentes respecto al pago de la deuda ilegítima, vienen al caso en tanto y en cuanto sean extensivas a los otros planos de la vida política: emparentados con un programa que no solo mencione al enemigo sino que, con acción de masas, vaya por ellos. No hay patria liberada sin resolver la cuestión del poder en manos del pueblo, y ello no transcurre solo ni esencialmente por el estrecho pasadizo institucional. Tanto la suspensión en el pago de la deuda exigida por la Autoconvocatoria que se moviliza bajo un programa antiimperialista, junto con la recuperación soberana del Paraná; tanto como el rechazo al presupuesto y el plan plurianual del ajuste que se pretende aprobar; junto con la condena y denuncia de gatillo fácil como la represión a la lucha y demandas de los trabajadores por un salario justo; son parte del programa que pretendemos profundizar. Sin tiempos de espera que no sean aquellos que den salida inmediata a las necesidades básicas que se reclaman.
Veinte años después permanece fresca la única política que, impulsada desde abajo en aquel Porteñazo de 2001, alumbró un camino distinto para salir de la crisis.
Andrés Zamponi