Con hambre y pobreza no hay pacto posible

El experimento macrista se va de la presidencia con una desocupación de 10,6% y una pobreza que en diciembre puede llegar a 40%. Siempre según datos del Indec, la industria acumula este año una caída de 7,8% y la construcción de 8,5%. y 8% el comercio. En todo el período de gobierno, la devaluación constante pulverizó salarios, jubilaciones y ayuda social, y la inflación se encargó del resto. El endeudamiento escandaloso, tanto con los organismos multilaterales como con la banca privada, es un verdadero saqueo. Impuesta la salida electoral, el veredicto de masas fue de rechazo a estos cuatro años. Crónica de una muerte anunciada, se podría titular sin mucho esfuerzo la derrota de Juntos por el Cambio.

El recuento definitivo arrojó 48% para Fernández-Fernández y 40% para Macri- Pichetto. Si bien los perdedores recortaron casi la mitad de la distancia de las paso, no deja de ser una derrota inapelable, con el premio consuelo de un resultado que le ofrece un poco de orden a una retirada necesariamente desordenada, visto el recrudecimiento de las dificultades económicas. Si era esperable que una situación de crisis golpeara con más fuerza a la figura presidencial, la holgada derrota de Vidal en Buenos Aires -a quien se presentó en algún momento como el “plan V”- es una muestra palmaria del castigo como sentido principal del voto.

Los desembolsos realizados por el FMI le sirvieron al gobierno saliente para llegar al final del mandato, a la par que solventaron la fuga de capitales. Además de la asistencia financiera, el macrismo tuvo el apoyo implícito de la oposición peronista que, unificada electoralmente, volcó todos sus recursos al recambio institucional. Tras las paso la burocracia sindical, que siempre miró para otro lado, metió violín en bolsa después del bochornoso Consejo del salario, que fijó el mínimo en $16.800 el mes pasado. Con mayor disimulo, la dirigencia de los Cayetanos, apoyados en el sector más castigado de la sociedad, pudieron negociar la ley de emergencia alimentaria desde el reclamo concreto. El peronismo hizo todo lo posible porque la situación de masas no desbordara. Paradojas de este juego: mientras Alberto llamó a desocupar la calle, el macrismo se lanzó a ella con su campaña “sí se puede”, que le permitió retomar cierto ímpetu tras la debacle de las primarias y cerrar la elección con un resultado mejorado. Una pequeña muestra gratis de los riesgos de cederle la iniciativa al enemigo en lugar de liquidarlo por completo. Tómese nota frente a los intentos repetidos de “golpes institucionales” que frecuentemente en la región provoca la derecha tradicional.  

La economía actual y la que viene

Desde el lunes posterior a las elecciones los precios no dejan de subir. Entre la última semana del mes pasado y la primera de este, los alimentos fueron uno de los rubros más castigados por las subas, con picos de 15% para las carnes y del 10% en las harinas, al calor del alza anunciada para los combustibles. Tras un septiembre con una inflación de 5,9%, la de octubre cerraría en un 3,9% y la de noviembre se proyecta en un 5%. Así las cosas, el número del año no va a estar por debajo del 55%. 

El nuevo gobierno tiene por delante la negociación con el FMI y el resto de los tenedores privados de deuda, además de la bola de nieve de las Leliqs, cuyo monto equivale aproximadamente al 100% del circulante. La fragilidad económica es sumamente aguda, y no se va a resolver con medidas como el refuerzo del cepo al dólar, útil en el corto plazo para evitar un colapso en las reservas. Es un problema que, a grandes rasgos, tiene dos vías de resolución: tocar los intereses de la banca y los acreedores en favor de resolver las necesidades de las amplias masas, o por el contrario descargar sobre ellas el peso de la crisis. 

A este respecto, los ejemplos de salida ofrecidos por Fernández, citando los casos de Uruguay y Portugal -sendas renegociaciones de deuda que descansaron sobre ajustes brutales- no son precisamente auspiciosos. Tampoco las declaraciones respecto de honrar la deuda y respetar la inversión extranjera, conceptos repetidos tras su gira por México. En esta línea de “racionalidad” se inscribió la gira de Massa por EE.UU. en los meses de campaña. No es llamativo que el mismo Trump llamara al ganador para felicitarlo. Las culpas al Fondo que endilga el presidente electo, acompañadas de expresiones del tipo “así no se puede pagar” no se van a traducir en una moratoria unilateral, sino que son ladridos previos a la negociación. 

Así las cosas, Fernández deberá diseñar los trazos de su política económica esforzándose por no desencantar la expectativa del voto que lo llevó a la presidencia. En esa alquimia, el pacto social es una columna central. Cuenta con apoyo en las filas de la burocracia, cuya ala cegetista le ofreció auditorio el pasado viernes. Pero el pacto no solo son precios y salarios. Según un informe elaborado por Marcó del Pont, en la mesa de acuerdos también deben figurar “estrategias para el crecimiento” que promuevan la “productividad”. Traducido: reforma laboral sector por sector. Completando ese esquema, el nuevo gobierno deberá afinar los términos de la emergencia alimentaria para administrar la ayuda social y contener a los desocupados, el sector más beligerante de los últimos meses. También aquí debe quedar claro ante tanta prédica oficial para abandonar la calle, que no se trata de disminuir solo la pobreza sino de erradicarla definitivamente. Si la política que se aplica no contempla prioritariamente la situación terminal de millones de familias en desmedro de la deuda con los acreedores internacionales, entonces sí cobran relevancia hasta las mismas declaraciones de “mecha corta” efectuadas por Juan Grabois. 

En cuanto a su armazón político, el nuevo gobierno además de la centralidad que otorga a los jerarcas de la CGT, busca apoyarse en la “liga de gobernadores” timoneada por el tucumano Manzur, en cuya provincia hubo entre otras cosas 2.000 despidos luego de su triunfo electoral, además de ser un antiabortista militante. Le siguen mandatarios asociados al agronegocio y la megaminería, como Bordet (el de la Entre Ríos de las escuelas fumigadas) o Uñac (continuador del “San Juan minero” de la mano de Barrick Gold). El massismo aporta al chubutense Arcioni, que viene enfrentando a docentes y estatales que paralizan la provincia. 

Por otro lado está la vigencia del kirchnerismo, que tendrá un lugar de primera línea en tierras bonaerenses. A Kicillof le caben las mismas consideraciones que al nuevo presidente, respecto de lo que recibe y del margen que tendrá para disimular políticas de ajuste. Dadas las responsabilidades de gestión en la principal provincia del país, el lugar del gobernador electo quizás sea de mayor exposición incluso que el de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Ambos, junto a algunos otros dirigentes que puedan integrar el gabinete, serán la cara visible de un kirchnerismo que vuelve al poder en un proyecto compartido y que pretenderá vivir de un prestigio pasado que en realidad no fue tal: a la luz de la experiencia macrista podrán parecer nimiedades, pero las medidas con las que se estrenó el ministro de Economía en 2013 fueron devaluación, toma de deuda con el Club de París e indemnización millonaria a Repsol. En un contexto que va a tender a endurecerse, el progresismo a medio inflar tiene los números para desinflarse del todo, un camino que ya pavimentaron en estos años la fueguina Bertone, quien promovió la exoneración de los dirigentes docentes de su provincia, y la propia Alicia Kirchner, de enfrentamiento constante con los empleados del estado santacruceño.

Intervenir en la emergencia y avanzar a medidas de fondo

El camino de Alberto Fernández no está allanado ni mucho menos. El macrismo fue desgastado por las intensas movilizaciones populares contra el ajuste y el fracaso en toda la línea de su gestión. Algunas de mucha magnitud, se extienden en el tiempo visto el incumplimiento oficial y la precariedad casi terminal que implican el hambre y la pobreza. De allí la tenaz persistencia de la lucha piquetera, sobre todo del sector más comprometido, que cortó la 9 de Julio y avanzó con los acampes en Desarrollo Social.  Algunas grandes empresas aceleran despidos y suspensiones antes de sentarse a la “mesa del pacto social”. Tal es el caso de Arcor que anticipa vacaciones en general y achica la planta de San Luis, de Unilever en La Rioja y las 500 suspensiones con reducción de haberes por 6 meses, anticipada por la multinacional Mondelez en Pacheco y Victoria.

Es un contexto muy duro para poner a prueba la frágil unidad del peronismo alcanzada para las elecciones. El “período de gracia” del movimiento de masas con el nuevo presidente arranca desgastado. Luego de las primarias y por el tiempo que queda hasta el traspaso, Macri y Fernández vienen conviviendo en el poder, el uno yéndose y el otro llegando, disputando algunas medidas y acordando otras. Si bien este período no es estrictamente un “cogobierno”, las medidas que se toman y las negociaciones que se encaran -además de los reclamos que se plantean- impactan mucho más en el gobierno entrante que en el saliente. Alberto F. va a lograr su cometido de que Macri termine el mandato al precio de invertir en ello su propio capital político dos meses antes de asumir formalmente. 

El cierre del año no puede ser peor que las tres anteriores “navidad sin pan” que caracterizaron al macrismo. Por otro lado no es justo que sean los trabajadores y el pueblo, otra vez, quienes paguen los platos rotos. Si el burócrata de UPCN Andrés Rodríguez decidió por sí no reclamar el tradicional bono de fin de año que reciben los estatales, como gesto de colaboración con el nuevo gobierno, será por chupamedia y porque tiene abultados sus bolsillos y cuentas bancarias, pero no porque los trabajadores no lo merezcan. Para los de abajo, no hay ninguna ganancia en acatar los llamados a la paciencia y la conciliación. Por el contrario, si no se arranca con la prioridad puesta en los más necesitados, se arranca mal. Es momento de exigir medidas de emergencia, con especial énfasis en soluciones inmediatas para el problema del hambre, seguido del reclamo de refuerzo salarial, de las jubilaciones y de los planes sociales para hacerle frente a la inflación. Sin relegar la pelea para atender todas las situaciones críticas referidas a la estabilidad laboral, la vivienda, la salud y la educación. La situación requiere del pueblo movilizado. Es la mejor forma de cerrarle el paso a los proyectos de pacto social y prepararse para enfrentar cualquier intento de descargar la crisis sobre el pueblo. 

Al mismo tiempo, hay que apuntar a los problemas de fondo, sin cuya solución no habrá bienestar popular. No hay salida sin la aplicación de un plan mínimo, que contemple entre otras: no pago de la deuda externa, nacionalización de la banca, nacionalización del comercio exterior y nacionalización de los recursos estratégicos. Lejos de ser una utopía trasnochada, es el único programa realista para romper con la dependencia. Es lo que, limitada y parcialmente, aplicó Evo Morales en Bolivia, y que le valió dos cosas: la mejora en los indicadores sociales del país, y el golpe en curso. Toda una advertencia -una más- de la crudeza de los tiempos que corren y los que están por venir. Hay que tomar nota de ella para poner en esta sintonía la construcción de la herramienta política y de las organizaciones de masas que intervengan en la actual situación.

Agustín Damaso