Editorial - Los precios por arriba de los salarios: ¿Hasta cuándo?

Las consecuencias de la pandemia fueron devastadoras a nivel mundial, pero en el caso argentino, cuya economía venía planchada desde hace diez años y en tobogán recesivo los últimos tres, sus efectos se sintieron especialmente. Las idas y venidas respecto a la provisión de las vacunas y el hecho de estar ranqueado dentro de los 12 países con más dificultades incrementaron la incertidumbre frente a la precariedad sanitaria. La cuarentena y el aislamiento produjeron una caída de 10/11% del PBI con la consiguiente desocupación y pérdida de ingresos. Se perdieron 298 mil puestos de trabajo formal. Regresar a los niveles de actividad de 2019 llevará tres años. Según IDESA (Instituto Desarrollo Social Argentino), atento a la proyección oficial el PBI crecerá 5,5% este año, 4,5% el próximo y 3,5% el 2023. Es decir 14% acumulado, con lo cual la disponibilidad de bienes y servicios dentro de 3 años recién alcanzará los niveles de 2019. El plan del gobierno apunta a que el rebote de la economía en 2021 se traduzca en recuperación del salario y el consumo. Con el intento de anclar el precio del dólar como pauta antiinflacionaria, congelar tarifas de servicios públicos, poner techo a los salarios y acordar con los formadores de precios, se pretende ganar tiempo a la vez de quedarse con la bandera de la unidad nacional. El visto bueno para exceptuar del impuesto a las ganancias a los sueldos hasta $150.000 brutos mejorará el poder de compra en sectores medios fundamentalmente, a la vez que suavizará las pretensiones en los porcentajes de paritarias en pleno año electoral. Los empresarios ya anticiparon que no podrán impedir su traslado a precios.

El 4% de inflación en diciembre seguido de otro 4% en enero, puso un alerta por el creciente malestar popular, visto que los porcentajes sobre el precio de los alimentos y otros productos esenciales fueron altamente superiores. Por ejemplo el 36,1% de inflación general en 2020 significó 60% en vestimentas y calzados o bien 52% promedio en los aumentos de la carne. La figura del pacto social entre gremialistas y empresarios tomó cuerpo y fue el tema central en las reuniones con el sindicalismo afín, luego con los empresarios aplaudidores y también con los referentes de la Mesa de Enlace, transitoriamente satisfechos ante el compromiso de no subir las retenciones. En ese marco la insistencia para que los aumentos paritarios giren alrededor del 29% presupuestado, afirmó en los Gordos de la CGT el chamuyo de que no aceptan techos, cuando en realidad el verdadero techo lo pone la inflación real, cuyo pronóstico la gran mayoría de las consultoras la ubican entre el 40/50%. De tal forma que no solo no se intenta reclamar el 23% de salario real perdido en los últimos años sino que se agranda dicho diferencial y por lo tanto el motor de la demanda nunca será el salario ni el consumo como asevera el ministro. Se agrega además que la caída salarial en el trabajo informal (próximo al 50% entre cuentapropistas y en negro) fue de 34%. Sin protección gremial ni licencia alguna se institucionaliza la precarización y la desigualdad entre los trabajadores.

El techo del endeudamiento

Hay que recordar además que en 2020 se firmó el acuerdo con los bonistas, elogiado por el establishment, mediante el cual toda acumulación de divisas sería destinada al pago de la deuda. Por otro lado están los condicionantes del FMI, sin fecha cierta de cierre pero con avanzadas coincidencias respecto al reintegro de los U$S 44.000 millones aún pendientes. El apremio existe no tanto por recomponer los desequilibrios sino por empezar a capturar los recursos para cumplir con la banca acreedora. Quienes representan al oficialismo como referentes gremiales, sociales o de pymes, deben saber que la torta ya está distribuida y que nace muerta toda protesta que puedan insinuar sin sacar los pies del plato. Al menos desde los intereses del conjunto de la clase trabajadora, aunque algunos gremios con mayor capacidad de presión puedan lograr aumento iguales o cercanos al índice inflacionario. Otra vez la cruda realidad de que sin reformas que modifiquen las estructuras monopólicas del poder y sin cambios en la matriz productiva que generen mayores recursos, todo lo que se pueda conseguir estará limitado por los índices actuales de pobreza o por la resignación miserable del 75% de los trabajadores cuyos ingresos están por debajo de los $56.000 equivalentes a la Canasta Básica de enero. Más que redistribuir la riqueza,con esta política lo que se logra es contener y emparejar la pobreza. 

En el tema de los precios, cuando la economía está concentrada las condiciones las ponen quienes manejan el mercado, por lo cual aquel viejo criterio liberal de que se regula por la oferta y la demanda, desapareció desde el mismo momento que la superconcentración económica y financiera se hizo realidad. ¿Por qué los dueños de las principales ramas de la actividad deberían absorber la crisis cuando históricamente la descargan sobre el pueblo? Las patronales no negocian con representantes obreros genuinos que peleen por su clase sino con jerarcas sindicales; ni tampoco se enfrentan un gobierno expropiador o al menos dispuesto a castigar penalmente la especulación. Las denuncias recientes por el desabastecimiento en algunas empresas de alimentación están bien orientadas pero son insuficientes. Los acuerdos de precios y salarios podrán atenuar transitoriamente la puja en aras de bajar la inflación, pero en general son políticas distractoras y perjudiciales para los trabajadores. 

Llamó la atención en algunos medios los aplausos que los grupos empresarios - Arcor, Techint, Aluar, Copal, entre otros- brindaron en la reunión con el ministro Guzmán, por el solo hecho de sostener que la inflación obedece a razones macroeconómicas. Les vino bien para sacarse el lazo de la especulación y los sobreprecios. El ministro, discípulo del asesor del FMI Joseph Stiglitz, está muy lejos de suponer una economía que no sea regida por los grandes capitales. Supone que la inflación irá descendiendo un 5% cada año por lo cual el 29% presupuestado actualmente, recién dentro de 6 años en el mejor de los casos, debería aproximarse a cero. Sería un festejo si no fuera por el dolor en vida y las consecuencias sociales que genera la pobreza. No sabe cuánto valdrá el dólar la semana que viene ni el pan en la próxima, pero asegura que pondrá en caja la inflación como si fuera una cuestión de resignación o de simple azar. En todo caso tal aseveración deberá cotejarla con la vicepresidenta que pidió alinear los salarios con precios y tarifas. El aumento en los combustibles 12% en lo que va del año, del transporte, impuestos provinciales, y sobre todo el pago de intereses (Leliq, pases y moras) que orilló los $ 698.000 millones, contrasta con la reducción de gastos pretendida, pero no con la política de precios ni de los ajustes a implementarse.

Recuerdos del difunto

Fueron diversos los planes y los partidos gobernantes que apelaron a los programas antiinflacionarios con acuerdos de precios y salarios. Al final tales planes no sobrevivieron y los que salieron perdiendo siempre fue la clase trabajadora. En la economía de la concentración monopólica, todos los intentos por regular con precios máximos o cuidados o con listas de control, incluidos batallones de militantes controlando góndolas, siempre fracasaron. De los últimos 70 años, solo 13 tuvieron inflación de un dígito. El resto promediaron el 65% anual con tres hiperinflaciones intercaladas. El período de estabilidad más prolongado fueron los 8 años de 1993 a 2001, con el plan de convertibilidad, que tuvo como telón de fondo las relaciones carnales con EEUU establecidas por Menem-Cavallo. Fue el golpe más mortífero producido en democracia a las fuerzas productivas nacionales, con la privatización de las empresas estatales al mejor postor, entrega de recursos estratégicos y miles de obreros cesanteados. Cuando el sueño de 1 peso=1 dólar terminó, el país voló por los aires al impulso de la insurrección popular de 2001. Los argumentos oportunistas del peronismo que consagró por dos veces a Carlos Menem, no pueden justificarse en las internas propias del movimiento justicialista como tampoco con que fueron las reglas neoliberales que predominaban en el mundo capitalista. Desde entonces la precarización laboral tanto como la pérdida sustancial de capacidad decisoria del país quedaron institucionalizadas, constituyendo junto con los 4 años de Mauricio Macri el período de saqueo y desnacionalización más notorio desde el retorno de la democracia. No por difunto, ni frente a tantas lágrimas de cocodrilo derramadas por muchos funcionarios y legisladores en el velatorio de Menem, se puede omitir ligeramente la destrucción conferida al pueblo y al país, o justificarlos como “errores de la política”. Queda saber dónde está parado el presidente Fernández cuando se pone en componedor de la grieta, o trata en llamados a la unidad nacional de purificar los grupos conspirativos, o cede permanentemente ante las multinacionales en los aprietes sobre la deuda e YPF, o bien con el decreto 949/20 que profundiza la entrega de la Hidrovía del Paraná a las cerealeras.

El panorama no está despejado, visto el desfasaje en el tipo de cambio, la alta inflación, la incertidumbre de las vacunas y sobre todo la desocupación y pobreza con su conflictividad en ciernes. La formación del Consejo Económico Social presidido por un neoliberal como Béliz, es una pantalla más de abrir el juego sin cambiar nada y sin que los problemas centrales de la emergencia sean parte de la agenda. 

No es solo la pobreza

La acelerada escalada en los precios desacomoda violentamente la vida de los trabajadores. La emergencia social y alimentaria corren siempre desde atrás igual que los salarios. Está herida la perspectiva de bienestar así como la credibilidad en el gobierno elegido. No se puede gobernar solo sobre el fracaso de la gestión anterior sin cambios sustanciales en el rumbo y sin disponer que los recursos se destinen a cubrir la deuda interna. 

Al destacado rol que juegan los trabajadores de la salud conjuntamente con las exigencias salariales, se suman los planteos de los docentes cuyo inicio de clases presenciales abrió un extenso debate. A las distintas modalidades que irán definiendo los propios docentes junto a la comunidad, el reclamo de aumento que duplique los $27.500 de diciembre es lo mínimo para aproximarse al valor que tiene la canasta básica de enero. Por lo cual el 29/30% que se anunció en la reunión con el ministro Trotta debe rechazarse. Ese tope desnuda la complicidad de la dirigencia para que la crisis la sigan pagando brutalmente los trabajadores. Otros estatales también van por sus reclamos, municipales, choferes, guardavidas, curtidores, etc. A la par de la impresionante movilización nacional del frente piquetero el 18 febrero, que en la CABA paralizó la ciudad desde Puente Pueyrredón a 9 de Julio y Belgrano. En otros planos, el rechazo a las mega-mineras en Chubut, tanto como la condena y movilizaciones contra los femicidios en Rojas y en el país, van conformando una insatisfacción que no se puede ignorar. 

Sobre ello hay que discutir una perspectiva. Si se pretende ganar elecciones para seguir con lo mismo no tiene sentido. Por ende la necesidad de abrir un nuevo rumbo. Romper con la política de contención y resignación del Frente de Todos. Afianzar una política de unidad antiimperialista que no pague la deuda. Avanzar en el control de los principales resortes de la economía, nacionalizando la banca y el comercio exterior. Abrir cauce al programa de nacionalizaciones de los recursos estratégicos. Es la única política posible en el sentido de cambios de fondo, con los trabajadores como protagonistas centrales de los mismos.

Andrés Zamponi