La movilización de los trabajadores puede y debe inclinar la balanza

El sórdido inicio del último año del mandato de Cristina K agregó, en el terreno de la política, un cuota de incertidumbre y que, seguramente, no habrá transición ‘pacífica’ en lo que resta del 2015. La gobernabilidad ya cuestionada por la conflictividad creciente, incorpora elementos de una crisis política ligada tanto a la resistencia de la facción dominante a desprenderse de los privilegios del poder como a la fragilidad y/o capacidad de los que se postulan para sucederlos, y que dicha combinación torna sumamente inestable el control del Estado por parte de la gran burguesía y resquebraja aún más su régimen político institucional.

El impacto de la muerte de Nisman no sólo que desenmascara el carácter facineroso y mafioso que va tomando la pugna política en la medida que ya no se trata de muertes ligadas a barrabravas o narcos, sino a representantes institucionales donde medianamente el régimen político lo resolvía de otra manera. Que ello suceda ahora no debe tomarse como revancha de espías desalojados, refleja más que nada, el subido nivel de disputa entre sectores de la gran burguesía por el control del Estado, en donde la violencia y la conspiración aparecen como grado extremo de la lucha política entre sus facciones.
Tampoco se puede subestimar el peso cada vez mayor de la injerencia externa, menos en casos como el de la AMIA cuya explosión se produjo poco después de la intervención menemista en la Guerra del Golfo, y a lo cual se suman ahora nuevas condiciones que se van configurando, a la par del desembarco de las inversiones chinas y/o rusas, como también al marcado realineamiento que se registra en tanto y cuanto los países del sur ya no miran tanto hacia el norte puesto que el mundo imperialista en crisis se encamina hacia una nueva distribución del mercado, y ello no será armoniosamente.

Se precipitan los tiempos políticos

El gobierno se encaminaba a saldar para sí un cierre de año al que todo el establishment había contribuido para que no se produzca, el tan meneado y a su vez temido estallido social. Lo cierto es que la incidencia del factor político subjetivo, visto el freno puesto a las demandas salariales por parte de la burocracia opositora tanto como las vacilaciones de las fuerzas que giran alrededor de CTA Micheli, fueron determinantes para descomprimir un diciembre caliente que no se pudo expresar. En menor grado incidió la medida oficial de no integrar el medio aguinaldo último en la base remunerativa para el cálculo del impuesto a las ganancias, como también algunas concesiones a las organizaciones territoriales, junto al profuso y amenazante despliegue de las fuerzas represivas para desalentar cualquier intento o desmadre que empalmara con la bronca espontánea. En ese marco se realizó la exitosa marcha del 20 de Diciembre, como también pudo mantenerse abierto el planteo por los despidos en Lear.
La muerte del fiscal, sea crimen o suicidio, privó al gobierno de arrancar el año con ciertas iniciativas en sus manos, aún en las condiciones de inestabilidad creciente en que transcurría el período de transición, y lo obligó, en el desconcierto, a dar repuestas que no tenía ni para lo cual estaba preparado. Sentado en el banquillo de los acusados el papel de “víctima” resulta insuficiente, cuando no grotesco, según se pudo notar en el comunicado de respaldo a Cristina firmado a libro cerrado por el PJ con presencia de sus principales candidatos. De allí también las versiones sobre el adelantamiento de las elecciones, posibilidad siempre abierta aunque no compartida por el conjunto, visto que no se trata sólo de un problema institucional sino de una gran crisis política en las alturas, cuya solución no tiene fechas ni depende de la justicia penal o electoral.
Se complica la aspiración de controlar al Poder Judicial. La impunidad tan deseada, luego de los 12 años del modelo, tanto como la necesidad de condicionar la sucesión encuentra mayores dificultades después de la muerte del fiscal. Si bien ya venía agrietándose la designación masiva de fiscales por parte de Gils Carbó junto con la instrumentación anticipada del Código Procesal Penal, las nuevas condiciones generadas produjeron un abroquelamiento mayor del poder judicial y la Corte en contra del pretendido manejo oficial. Tanto la indefinición en la designación (luego impugnada) del juez federal que controla el juzgado electoral de la ciudad de La Plata en reemplazo del fallecido Blanco, como el uso fluido de cautelares o traspaso de causas y expedientes, son señales de que en ese ámbito el plano se viene inclinando en contra del oficialismo, a la vez que trata de usufructuar los réditos toda la oposición de centro-derecha liberal democratista y obsecuente.

Una SIDE garantista del pasado

El gobierno seguirá contando con mayoría parlamentaria y no depondrá su actitud mientras apura decisiones, aunque sin convicción, tendientes a organizar la retirada. De allí que la creación de una nueva Agencia de Información en reemplazo de la SIDE o SI, nace viciada políticamente y todo el apuro por su instrumentación lo hace apremiado por derivar responsabilidades frente a la pugna en curso como también para el condicionamiento post-electoral. Mal podría exculpar a los Servicios o depurarlos quien los instrumentó y dirigió durante tres mandatos. Por otro lado nunca estuvo en la naturaleza del modelo K producir el desmantelamiento de las fuerzas represivas ni de los servicios de inteligencia en la medida que siempre fue garantista del régimen heredado. Stiuso designado en 1972 es un producto de ese garantismo ‘democrático’ y pusilánime, así como lo es la permanencia de la Bonaerense en el conurbano o la designación de un represor como Milani en el Ejército.
Se acotan las posibilidades del gobierno a la par que se aceleran las internas. La crisis es profunda y abarca la gobernabilidad en sus tres poderes. El costo principal recae sobre el gobierno pero se extiende a los círculos dominantes y sus representaciones políticas. Visto, que los tiempos de la “justicia” están lejos de ofrecer una salida reparadora, ni en este ni en tantos otros casos y que, por otro lado, desde el oficialismo se interpreta que cualquier paso atrás amenaza con descarrilar la gestión, consideramos que cuanto más subida de tono sea la disputa allí arriba, mejores condiciones para la irrupción de la bronca por abajo, pero ya no solo montada en los carriles contra el ajuste, el hambre y la inflación sino también ligada a una propuesta política democrática-popular que vaya por la impugnación de todo el régimen político ligado al capital monopólico.
El escepticismo es creciente en las calles y en las encuestas respecto al esclarecimiento del caso Nisman, como también al funcionamiento de una Justicia que nunca llega, pero no se restringe solo al mandato kirchnerista sino que impugna a todo el período democrático. Dicha cuestión ya se expresó en la marcha del 19 de enero convocado por las redes cuando no concedieron espacios de cabecera a ningún referente de la oposición. Esa misma inquietud registran los convocantes a la marcha de silencio el próximo 18, y está claro que toda instrumentación electoral que se pretenda corre el riesgo de naufragar ante el repudio. Hay un hartazgo popular que no se disipa con las urnas, y crece en la medida que, tanto “la justicia independiente como la justicia militante” luego de 31 años, se manifiestan como apéndices de un estado en descomposición y de su clase dirigente que dirime en crisis profunda. Las alternativas que se barajan por arriba no generan expectativas en la calle y junto al desencanto crecen también las posibilidades para precipitar movilizaciones en donde la consigna “que se vayan todos” o “por una salida popular a la crisis”, marquen un rumbo distinto.
Tanto Scioli, Randazzo, Macri, Massa, Cobos, Sanz son la cara visible de promesas y proyectos que requieren, para salir de la crisis, una nueva vuelta de rosca al saqueo de los bolsillos populares y en la entrega de las riquezas del país.
El factor político o subjetivo será determinante en lo que pueda pasar y visto el encrespamiento siniestro que ha cobrado la contienda por arriba, cada sector jugará con las armas que tenga ya sea política, empresaria, gremial, psicológica, militar, corporativa etc., pero de lo que no caben dudas es de que “cuando se pelean entre ladrones siempre sale ganando la gente honrada” y en esta oportunidad no será distinto.
No está claro quién vence a quién en las alturas. Tampoco en qué condiciones pretenden gobernar los que apuestan al resultado de las urnas como para forzar políticas restrictivas. Sin embargo, los grandes definidores serán la intervención de la clase obrera y la lucha popular. La pulseada está en curso y no se definirá inmediatamente.
El fin de año, relativamente calmo, mostró el límite principal en la voluntad de la mayoría de las fuerzas políticas y gremiales de planchar la conflictividad. La pérdida en el valor de los ingresos, de puestos de trabajo y en el aumento desvergonzado del costo de vida son políticas cuyas consecuencias de empobrecimiento y marginación se profundizarán empujando objetivamente en el sentido opuesto a la voluntad de esa dirigencia. El auge de luchas es una cuestión objetiva y el sentimiento de bronca y justicia que se expresa fundamentalmente en cada lucha encuentra entidad en la unificación del reclamo callejero en la huelga o el plan de lucha conjunto. Ello en sí mismo eleva la lucha, pero hay que explorar y avanzar en los métodos considerando que muchas veces la efectividad de la medida depende de su calidad y no tanto de la cantidad.
La disputa salarial trasciende las propias paritarias y será una prueba de fuego en el arranque del año. Allí están las posibilidades de confluir los trabajadores con toda la capacidad movilizadora territorial y estudiantil, para que junto a la izquierda y el combativismo se puedan motorizar iniciativas donde la burocracia tiene mayor debilidad. De allí las maniobras de Scioli y otros gobernadores con la dirigencia de CTA oficial para impedir el no inicio de clases, vista las consecuencias de una medida similar a la del año pasado, pero en donde el clima de crispación en que se arriba este 2015 y la fragilidad de la salida eleccionaria montada por la burguesía no convence ni resuelve las cuestiones fundamentales de nuestro pueblo.
Como nunca la pelea por las reivindicaciones o por quebrar el ajuste va ligado a la denuncia política sobre qué clase de sociedad y desde donde y quiénes la construyen. No es lo mismo llegar al plebiscito de octubre con el activo movilizado alrededor de sus propias exigencias que llegar desmontado y con expectativas en un recambio institucional que no es el de los trabajadores.

Andrés Zamponi