Nada para festejar en el primer año de Macri. Por el contrario, los resultados altamente negativos de la gestión quedan certificados en los 2 millones más de pobres, en el incremento de los... Ver más
Editorial - Un plan sin salida
El gobierno ha defraudado las expectativas populares. La profundidad de la crisis política acentúa su derrape e indirectamente favorece a quienes ofrecen un capitalismo mas aggiornado a las condiciones de las multinacionales, como parte de un capitalismo ortodoxo y senil que solo ofrece miseria.
A un año para presentar listas, el gobierno consolida la dependencia esperanzado con inversiones que, en el área minera e hidrocarburífera, podrán ser operativas luego de 2023, incluido el gasoducto recientemente licitado que se extiende desde Neuquén a Salliqueló. Allí está la explotación de litio, con todas las ventajas para su extracción que yace en el mismo nivel que las salinas existentes en el NOA. En lugar de hacerse cargo el Estado visto la importancia estratégica del mismo, se entrega su explotación y comercialización a distintos grupos multinacionales, sean australianos, chinos o estadounidenses. En el mismo sentido, la hegemonía en la explotación de shale gas y shale oil en Vaca Muerta, cuyas ganancias supremas se quedan las petroleras en lugar de acrecentar YPF.
Y para qué hablar del negociado en que se transformó la licitación para el control de la hidrovía Paraná-Río de la Plata, colmada de coimas y arreglos con monopolios, en lugar de estatizar todo su funcionamiento con puertos incluidos junto al reflotamiento de una marina mercante que recupere la logística y el control soberano de ríos y mares.
Con varias medidas como estas, en las que debería consignarse la expropiación de Vicentin en lugar de legitimar el fraude cometido, el Estado tendría una palanca más para intervenir y no depender del manejo que las cerealeras hacen del acaparamiento, comercialización y especulación con las divisas generadas por el comercio exterior.
Ni siquiera se derogó la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz que rige desde 1977, y mediante la cual se puso los depósitos y créditos nacionales al servicio de la banca extranjera. Al respecto, causó estupor en estos días la definición del presidente del Banco Central Miguel Pesce, sobre los riesgos de una corrida bancaria en caso de levantar el secreto bancario. Con lo cual el proyecto aprobado en el senado para pagar la deuda con un porcentaje sobre los millones fugados al exterior quedó herido de muerte. El progresismo pretendido dentro del Congreso demuestra su impotencia ante lobbies y grandes intereses que infectan a propios y extraños. Todo queda reducido al discurso que se respalda cada vez más en el pasado de 1945, pero que en el presente impregnado de neoliberalismo, muy lejos está de enfrentar y reducir las posiciones del poder real mencionado por la vice repetidamente.
En todo caso, cambios sustanciales aun sin ruptura revolucionaria, sobrevinieron después de grandes rebeliones populares (1936, 1945, 1969, 2001) con la clase trabajadora encabezando las mismas. Nunca a partir de los levantamanos en el Congreso ni de una dirigencia cegetista tan patronal y entregadora. No se puede olvidar que la década del 90 también le pertenece al peronismo. En lugar de recomponer el achicamiento del Estado post menemista, se convalidaron las privatizaciones en general y se reafirmó el poder de las multinacionales. Pretender regular o controlar el mercado sin políticas de fondo ni poder real conduce a este fracaso donde disponen grandes patronales y bonistas. Claudicación que se complementa en el acuerdo firmado con el FMI, verdadera infamia que ajusta e hipoteca por décadas el futuro de nuestro pueblo.
Se ha llegado a esto como parte de una responsabilidad colectiva del Frente de Todos. Abarca al presidente y a todos sus componentes en los tres poderes. Pretender soltarse del compromiso asumido, así las diferencias últimas del kirchnerismo vayan por lo suyo, no los exime de responsabilidades. En todo caso serán los hechos los que determinan.
En la picota
Martín Guzmán es el ministro central de este gobierno. Su aplicación en cumplir con el Fondo fue decisión colectiva. Si hoy se ha transformado en el más obsecuente funcionario, incluso respaldado por el círculo rojo y otros empresarios ligados a la embajada yanqui, lo es como parte de aquella decisión. Su pertenencia al equipo del premio nobel Josep Stigliz -asesor del Fondo- habilitó elogios oportunamente dentro del mismo frente gobernante.
El intento de alinear las variables macroeconómicas propias del capitalismo monopólico, a la cual se suma toda la ortodoxia liberal (Melconian, Lacunza, Espert) requiere, en primer lugar y como parte de esa lógica, reducir el déficit fiscal ajustando el gasto social en lugar de cortar con el pago de intereses de la deuda, bonos y letras. Los intereses de deuda crecieron en el primer trimestre un 131,5% con relación al 2021, o sea $266.800 millones, correspondientes a la deuda en pesos y dólares con el sector privado. Por encima de los $222.000 millones de las asignaciones familiares y AUH, de los $190.000 asignadas a universidades y transferencias a provincias o de los $181.000 para las obras públicas. Se proyecta que los intereses de este año aumentarán 80%, superando los $1,2 billones. Por un lado se reduce la emisión pero aumenta el gasto improductivo con el pago de los mismos.
Como parte del acuerdo con el FMI, se requiere también acumular reservas sustentables por USD 5.500 en el año. El aumento en las tarifas, pretendidamente para reducir los subsidios que embolsan las energéticas, transparenta quién efectivamente termina pagando los costos del ajuste.
En tercer término se busca bajar la inflación que amenaza con llevarse puesto a todo el equipo, visto el fracaso en la pretensión de controlar con medidas de ajustes que a su vez, la realimentan y acoplan a la extorsión de los grupos concentrados. Lejos de ser una cuestión técnica o solo monetaria, responde a decisiones políticas, cuyos resultados producen siempre una enorme transferencia del ingreso de trabajadores y fuerzas productivas en favor de monopolios y grandes patronales. 70 años de políticas inflacionarias con algunas hiper incluidas, confirman una decisión de las clases dominantes, para reafirmar el carácter dependiente del país en su rol de factoría de productos primarizados con achicamiento y pérdida absoluta de sus condiciones soberanas. Todo lo que se pueda alegar en el discurso contrasta de hecho con lo sucedido en estas décadas y también con la conducta de quienes fueron sus referencias políticas. Allí está el notable desfasaje en el nivel de vida y la regresión experimentada en la infraestructura industrial y en el ingreso per cápita dentro de la región, durante este largo periodo. Al día de hoy es lo que más preocupa y donde menos logros obtiene el gobierno. En 2020 la inflación fue de 36%, en 2021 50,9% y este año con abril cerrado en 6% su proyección interanual no baja del 58%, marcando en su relación con el precio de los alimentos 62,1%. la mayor desde 1992.
No es solo coyuntural. Es el fracaso de la doctrina ligada a la “tercera posición”: el ministro transformado en el eje de la cuestión es un accidente secundario dentro de la política oficial. Todo lo que pueda venir, en el sentido de volcar más dinero al consumo, ya con bonos, nuevos IFE, anticipando el aumento del salario mínimo a junio, compensaciones en paritarias, etc., tendrá un sentido electoral principalmente, pero de ninguna manera significan saltos productivos bajo control del Estado o sirven para recuperar soberanía.
El defensismo extremo que corroe al peronismo le impide asumir desflecadas banderas de otros tiempos. Las políticas definidas resultan fácilmente desmontables frente al cambio de gestión. No son estructurales y si bien los derechos sociales se defienden con la lucha popular, la pauperización en las condiciones de vida y la inequidad, han desbordado la razón de vida actual y habilitan los nuevos rumbos que se avecinan.
Es la adhesión política un programa y una ideología lo que determina el achicamiento o crecimiento independiente de una país. Pretender controlar al capital monopólico sin erradicar sus raíces o apoyados en la “comprensión interesada” de otras potencias imperialistas, solo conduce a reafirmar la dependencia tal como sucedió históricamente. Deberá reflexionar Cristina en su alocución sobre las virtudes del capitalismo en relación al crecimiento chino, puesto que antes de las transformaciones actuales ellos hicieron la revolución en 1949 conducidos por Mao Tse tung. Allí se produjo el cambio de la matriz productiva bajo un poder popular y real. Fue la segunda gran experiencia de construcción del nuevo sistema productivo socialista. Todas las derivaciones posteriores, y la descomposición que condujeron al estado actual son desviaciones propias de inmadurez históricas, pero de ninguna manera consagración del capital imperialista como única opción que tiene la humanidad.
Un anticipo de nuevos rumbos
El empeoramiento en las condiciones de vida con gran disparidad salarial, contractual y de seguridad laboral, es la causa principal en la disconformidad de los trabajadores. Tanto como el desempleo, la informalidad y la pobreza creciente. Se agrega la fuerte impronta antiimperialista post firma del acuerdo con el FMI.
La gran movilización nacional protagonizada activamente por aproximados 300 mil piqueteros, a la que deben sumar otras tantas decenas de miles de trabajadores que se sintieron identificados, más allá de su pertenencia o de la contención política y social que registren, expresó aquel malestar popular y establece un nuevo punto de partida. Contribuyó en el logro el apoyo en un programa mínimo, donde el reclamo de trabajo genuino y contra el hambre sobresalió en concreto; la continuidad en sostener un plan de lucha que partió en plena pandemia, allí cuando faltaban alimentos y atención sanitaria, ante lo cual este espacio creció, fue solidario y expresó su disconformidad movilizada; la unidad desde abajo y por encima de sectarismos, que se fue construyendo paralelamente a la disconformidad creciente y ante la falta de repuestas oficiales. Es un valor a preservar y será determinante en el futuro inmediato, visto la necesidad de ampliar la convocatoria a otros asalariados y sectores, siempre a la búsqueda de mayor protagonismo activo e insurgente que supere cualquier intento de “grieta” o mal menor que se pretenda instalar, como rémora de un pasado repetidamente fracasado.
En todo caso no habrá que esperar mejores conductas o convocatorias por parte de los Daer, Caló u otros jerarcas de la CGT, pero sí confiar en la solidaridad de clase con sus delegados, comisiones internas, sindicatos combativos, etc, que viven la misma o peor realidad, y en cuya conciencia la lucha por un cambio real y definitivo los hace cada vez más dueños de su propia ideología proletaria.
Tampoco detenerse, sin menospreciar, en los planteos de la militancia de la economía popular tendientes más a organizar la pobreza de por vida, que en ir a fondo con un programa antimonopólico y contra los dueños de la tierra. Justamente, la interpretación de lo que expresó esta jornada nacional debería ser una base para considerar en lugar de ignorar o ningunearla.
De aquí en más, fortalecer el espacio y los vientos que soplan será la tarea, profundizar el programa en busca de su ampliación, a la vez que orientar hacia una salida popular emparentada con el 2001.
Andrés Zamponi
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