El gobierno atraviesa su etapa más difícil desde que asumiera. Crece la conflictividad en rechazo al ajuste y comienzan a diluirse las expectativas de aquel voto agregado recibido en el balotaje.... Ver más
No hay salida a la crisis sin rebelión popular
El ingeniero Macri, aferrado al timón, conduce la descomposición del proyecto que ofreció para ‘cambiar la historia’ del país. A pesar de la intencionalidad manifiesta de atar la suerte del país al destino de los grupos monopólicos y del capital financiero, había despertado en un sector de la población -sobre todo en las capas medias- un entusiasmo inicial que ahora ha mutado en desesperanza y en mucha bronca.
El engaño ya está consumado y sería una ingenuidad suponer que el abandono del lugar ocupado se resolverá simplemente por elecciones. Los cambios estructurales regresivos que se pretenden van más allá de la figura presidencial.
Como nunca, en la política local inciden factores externos que, asentados en posiciones de fuerza, condicionan y desvirtúan cada vez más la voluntad popular. Subordinar la movilización popular en alza al cumplimiento del cronograma electoral, cuyos resultados son efímeros y volátiles, sin considerar la crisis internacional abierta y la guerra comercial desatada por EEUU, además de ser oportunista y reaccionario constituye un grueso error político. Cuanto mayor altura cobra la rebelión en curso y su organización, mejores condiciones para derrotar esta política y a sus benefactores. No puede haber tregua frente a un gobierno que ha perdido legitimidad y busca en el exterior los apoyos y elogios que perdió internamente. Si en algo trascienden los resultados de Brasil, es que los límites en la capacidad movilizadora de los trabajadores y el hartazgo con el régimen político corrupto y proscriptivo, abrieron posibilidades para que la gran burguesía brasileña junto a un sector de multinacionales estime, en esta primera instancia, haber encontrado en Bolsonaro un socio con quien recomponer la gobernabilidad.
Despejar la cesación de pago
a puro endeudamiento
El gobierno nacional pretende, a partir de los U$S 57.100 millones prestados por el FMI, haber iniciado una etapa nueva. El voluntarismo discursivo a casi tres años de mandato y luego de sucesivos fracasos es lo único que le queda. Reinstala su aspiración a un segundo mandato pese a la pronunciada caída de imagen y, abrazado al capitalismo mundial, pretende transformar en fortaleza lo que a toda vista constituye una gran debilidad.
El reemplazo de Caputo en el Banco Central por Sandleris como candidato impuesto por el Fondo, alineó detrás del tres veces renunciado ministro y luego confirmado Dujovne, con el objetivo de lograr una coherencia mayor y preservar que los dólares queden sí como respaldo al pago de la deuda externa. Una pelea entre piratas y corsarios por la llave del tesoro.
De aquellos 57 mil millones, U$S28.400 millones (incluidos los 15.000 ya recibidos) se completan en este año, otros 22.800 millones en 2019 y los U$S5.900 restantes en 2020. La condición -asumida en el más estricto cumplimiento del manual de la ortodoxia liberal-está en lograr un déficit fiscal cero, lo cual presupone un ajuste de $500.000 millones. Hacia allí está encaminado el gobierno como última opción, valiéndose del aparato del estado y secundado por el capital financiero, pero rechazado a su vez por la inmensa mayoría de trabajadores y del pueblo en general.
La recesión como salida
Lo que viene no solo son meses duros como adelanta el gobierno, sino el anticipo de un fracaso mayor. La combinación de alta inflación con estancamiento es receta ya aplicada, propia del capitalismo monopólico, que nunca terminó bien.
La caída de la actividad es consecuencia directa de la devaluación, con traslado a precios, baja de consumo, salarios pulverizados y reflejos inmediatos sobre la industria y la construcción. El aumento de la capacidad ociosa (45% en textiles y calzado) anticipa según los mismos pronósticos oficiales una severa ola de despidos en los meses que corren. Allí están las razones de la movilización sobre el Ministerio de la Producción de los gremios de la alimentación, calzado, metalúrgicos, sanidad, metalmecánicos, etc., con la reaparición obligada de jerarcas sindicales pertenecientes al grupo de los Gordos, acompañados también de algunas patronales de la CGE, con fuertes denuncias sobre la destrucción de la producción nacional y los puestos de trabajo. La única repuesta del ministro Dante Sica fue prometer el descuento de cheques como “estímulo” para que no se rompa la cadena de pagos y profundice el derrumbe.
Las internas en Cambiemos
En dicho marco, la amenaza de Carrió de iniciar juicio político al ministro de Justicia Garavano puso al rojo las internas dentro de Cambiemos. Lo acusa de pretender impunidad para la ex presidenta, como parte de la estrategia electoral diseñada por Marcos Peña para dividir al peronismo y polarizar con Cristina. La ‘prescripción’ procesal de la condena a Carlos Menem a 7 años por tráfico de armas a Croacia y Ecuador, fue el detonante para que la justicia “independiente” fallara en esta oportunidad a favor de las necesidades políticas del poder de turno. La diputada dijo haber perdido la confianza en el presidente y amenaza con pegar el portazo.
El macrismo pretende reeditar el mismo escenario de un peronismo dividido tal cual se presentó en las dos elecciones anteriores. Lo necesita para sortear las puebladas y estirar los tiempos al 2019 por un lado, y para que la gobernabilidad reclamada por el Fondo logre sustento institucional, por el otro. En el acuerdo con la mayoría de los gobernadores y el sector más oportunista del PJ descansan las expectativas para convalidar el presupuesto del despojo y la deshonra nacional. No hay nada para mejorar; allí solo cabe su rechazo absoluto. Pero nada es definitivo en las alturas políticas cuando hay tanto pasto seco en las praderas. Los levanta-manos compulsivos del Congreso deberán tener muy presente los sucesos de diciembre con la ley previsional.
La intervención popular
inclina la balanza
Las clases populares en movilización permanente, con sus distintas expresiones y amplitud, constituyen el hecho distintivo y marcan los límites al plan de ajuste macrista, como también al régimen político existente. Su despliegue ha ganado intensidad, desde las exigencias básicas para la sobrevivencia tanto como la paulatina toma de conciencia de que sin cambios estructurales no hay lugar para salir de la pobreza ni del sometimiento al capital imperialista. Por lo tanto su realización no depende de ningún candidato, sino del programa antimonopólico que se enarbole y fundamentalmente de la disposición de lucha de la clase trabajadora y sus aliados por llevar a fondo la aplicación del mismo. De allí que la radicalización en la masividad de la lucha es condición necesaria para instalar los programas específicos que levantan hoy sectores de la salud, de la educación, de la ciencia e investigación, desocupados, mujeres, como de cuestiones tan básicas como un salario real igual a la canasta, reposición de los despidos, jubilaciones con el 82% móvil, etc. Tremendo caudal de masas movilizadas no puede resignarse a los límites estrechos del régimen político existente o a los desvíos de una dirigencia política, sindical y social que se opone al macrismo desde la perspectiva de un recambio institucional que ya fracasó como gobierno y que tampoco intentó erradicar los sostenes del poder dominante. La contundencia del paro nacional del 25S, de los cortes y marchas antes y durante el mismo, dejan claro que hay condiciones para que un plan de lucha escalonado con huelga ininterrumpida, precipite el quiebre del ajuste y sus responsables.
A contramano, en nombre de la gobernabilidad, se ocultan los compromisos reales de la dirigencia sindical-empresaria de la CGT como del peronismo en sus distintas variantes, desarrolladores de una oposición espasmódica y temerosa también al desborde programático e insurreccional de los trabajadores.
El asedio de los últimos tarifazos, nafta 23%, peajes 25%, lácteos 20% y sobre todo el gas 35% con afectación directa sobre los más pobres y alentando la escalada en los precios sin solución de continuidad. El incremento de la pobreza con 5 millones de jubilados por debajo de la línea y 3 millones de ellos en plena indigencia. El despojo del salario con aumentos de 20/25% en el mejor de los casos frente a una inflación proyectada de 45%. La masividad en los despidos y el desmantelamiento de equipos humanos y técnicos de probada capacidad, en salud, educación e información pública (INTI, Senasa, Hospitales, Universidades, Atucha, Fanazul) o intentos como el de Astilleros. Todo ello no puede supeditarse a la formalidad de un presupuesto nacional, y menos aun al sostenimiento de un gobierno que perdió legitimidad. El agravamiento en las condiciones de vida y de las libertades, requiere de una salida inmediata porque así lo dicen las demandas en la confluencia callejera de los distintos sectores. Desde las bases, comisiones internas, sindicatos o centrales comprometidos, centros estudiantiles, multisectoriales y coordinadoras piqueteras, hay condiciones suficientes para frenar el ajuste e impulsar puebladas para “que se vayan”.
De las marchas a la rebelión popular, hay un corto trayecto
Jornadas calientes vienen por delante, y el gobierno deberá definir hasta dónde pretende llegar para impedir las movilizaciones contra el presupuesto 2019 en octubre, contra el G20-FMI en noviembre y contra el hambre, despidos y baja salarial desde aquí hasta diciembre. Al servicio de tales objetivos toda nuestra disposición militante y un programa de salida sintetizada en los cuatro puntos básicos de: No pago de la Deuda, Nacionalización de la Banca, del Comercio Exterior y de los Recursos Energéticos y Estratégicos. También como un paso superior a la experiencia de 2001, una propuesta de Gobierno Provisorio de obreros, estudiantes y fuerzas populares, encargados de su aplicación.
Andrés Zamponi
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