Editorial - Deuda: un acuerdo contrario a los intereses del pueblo

Finalmente se concretó el acuerdo con los bonistas, no hubo default y la nota destacada fueron los festejos en el gobierno a la par del reconocimiento por parte de  CEOs y ex funcionarios macristas. Se sumaron  otros jerarcas institucionales, empresarios, ruralistas, sindicales, clericales y también los medios hegemónicos. Ahí  no hubo grietas. En contraste, en fábricas y barriadas, están los azotes del covid-19, el esfuerzo para sostener las ollas, los  despidos y las suspensiones: no había lugar para festejos. Por el contrario, decepción y bronca, porque la deuda, repetidamente denunciada por dirigentes del Frente de Todos como una estafa, fue ratificada en su licitud y en condiciones altamente beneficiosas para los usureros. Son U$S 16.000 millones más desde que se inició la negociación en marzo, y en lugar de 3 años de espera serán solo 6 meses. El compromiso de pago distorsionó toda aspiración de cambio real y está en abierta contradicción con la independencia económica y la justicia social. Fue un quiebre difícil de asimilar en sectores del progresismo y en franjas de base peronistas, realmente interesados en avanzar con las tareas de liberación. 

Decisión inicial por parte del gobierno que habilita el arreglo con el FMI, que operó fuerte en apoyo al ministro Guzmán. No solo pretenden recuperar los U$S 44.000 millones entregados al macrismo en 2018, sino también las reformas estructurales en  lo laboral, lo previsional y lo tributario, acordadas de hecho con los gordos de la CGT y otros altos funcionarios. Las flexibilidades pospandemia del capitalismo globalizado empujan en tal sentido y derivan el costo de la crisis sobre el proletariado y los pueblos. Dependerá de la repuesta popular y de sus niveles insurreccionales, hasta donde dichas políticas de saqueo y precarización podrán estabilizarse. Detrás del Fondo esperan el Club de París, el Banco Mundial y otros acreedores, atentos a la conducta enaltecida oportunamente por la ex presidenta como pagadores seriales, en lugar de cumplir con la deuda interna tantas veces bastardeada.

Covid, pobreza y FMI

Si bien queda más claro el proyecto del peronismo actual, comparado con los intereses de la gran burguesía parasitaria que representó el gobierno de Mauricio Macri, el aspecto renegociador de la dependencia que caracterizó al kirchnerismo en los inicios de la década aparece totalmente diluido. Su política de endeudamiento y flamante amistad con el Fondo responde al proceso de derechización en su conjunto independientemente del currículum liberal que arrastra Alberto Fernández. En dicho marco no hay margen para tareas nacionales o antiimperialistas y menos aún para la justicia social que proclama el Justicialismo. Sin políticas que afecten de raíz el privilegio, lo que queda es un variopinto concentrado en gestionar la pobreza pero que nunca avanzará sobre la riqueza. Hay diferencias políticas con el proyecto anterior, pero sin gestas ni causas nobles “la patria NO es el otro”. 

Con el acuerdo se reafirma el carácter dependiente del capitalismo monopólico que caracteriza nuestro país, con las consecuencias económicas que condenan a vivir en la pobreza a millones de argentinos. Allí están los datos de Unicef confirmando que el 63% de los niños al cierre del año serán pobres. ¿A quién se pretende convencer de que la claudicación en el pago a los fondos y grupos financieros supone un futuro luminoso para nuestros jóvenes?

En plena pandemia y cuando la curva ascendente de contagios busca su pico, los problemas económicos y de vida del pueblo son insostenibles. La cuarentena ha sido desbordada en los hechos y por encima de las víctimas fatales, ha quedado al desnudo la precariedad de la salud pública, más allá de los esfuerzos y abnegación del personal sanitario. Mucho más la precariedad laboral y la falta de perspectivas, visto que las prioridades del gobierno fueron puestas en la recomposición de los buenos vínculos con el poder de las multinacionales Se espera una caída del 9% del PBI, y en el mejor de los casos suponiendo un rebote para el 2021 del 5%, todavía los niveles de recuperación serían negativos. La emisión monetaria desbordante ($ 1,8 billones a la fecha) se justifica  para enfrentar la pandemia pero su continuidad conlleva el riesgo de hiperinflación. El dólar paralelo muy distante del oficial, también empuja en ese sentido y se pone a tiro de mayor especulación. La recesión no tocó piso, y si bien el arreglo con los bonistas despeja transitoriamente el horizonte, un nuevo préstamo del FMI -como viene trascendiendo- será posible solo con un ajuste mayor. 

Otra vez el cuento del acuerdo social

El gobierno esboza pospandemia un acuerdo social que permita negociar precios y salarios y recomponer el consumo interno. Nada nuevo ni motivante. Cada vez que se instrumentó algo parecido, los salarios “fueron por la escalera y los precios por el ascensor”. Sin voluntad para hacer cumplir el decreto en el que se prohibían los despidos o bien el recupero de los recursos malversados por Vicentin, no hay razones para pensar que será distinto ante los formadores de precios o aquellas grandes patronales que aprovechan el covid-19 para descontar salarios o violar protocolos de seguridad. El acuerdo firmado con la CGT les dio impunidad a las patronales, que aprovechan a la vez para reafirmar su integración al pacto social requiriendo continuidad en los ATP, desgravaciones y flexibilidades en los convenios. Por otro lado está la complicidad de las CTA, que han dejado a la deriva a los estatales, sobre todo en el interior, y sin puja por salario.

No es cierto que la crisis afecta a todos por igual. El argumento de que los salarios producen inflación quedó refutado en los hechos durante todos estos años. La continuidad de la misma concepción no hace más que descalificar a los referentes gremiales sentados en la mesa de Olivos. Con paritarias inexistentes en algunos casos y con aumentos a la baja en otros. Cualquier intento de poner techo a los salarios, amparados en la crisis o en los daños de la pandemia, ratifica la vigencia de políticas neoliberales, más aun si se considera que el 70% de los trabajadores en blanco cobran por debajo de una canasta básica completa ($43.000) y a la par de ellos 5 millones de trabajadores informales reciben mucho menos. 

En el caso de la gran empresa como Techint, acostumbrados a imponer condiciones,   despidos y/o rebajas salariales en nivel del 50%, en este caso, los acuerdos van relacionados a financiamientos con la banca internacional. De allí su entusiasmo en el arreglo con los bonistas, que mejoran sus posibilidades de retomar exportaciones siderúrgicas, a la par de condicionar la política petrolera. Justamente Tecpetrol de su pertenencia, es una de las que más presiona, junto a Vista de Galucio e YPF, para que se liberen precios y se apliquen los anunciados aumentos en naftas y gasoil.

Con sectores del campo, en la misma matriz productiva

En otra línea de acción y con el apoyo explícito de Cristina, se apuran reuniones con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) para elevar la capacidad exportadora. Con presencia del Centro de Exportadores de Cereales, Cámara Aceitera, Molinera, Aviar, etc. se acordó promulgar para antes de fin de año una ley de estímulos y desgravaciones a efectos de aumentar la producción agropecuaria al doble de la actual en el término de 10 años. Dicho compromiso, asumido también por referentes de Cambiemos, reafirma políticas de estado preexistentes. Allí están parte de las divisas destinadas al pago de la deuda externa. Por eso las expresiones presidenciales sobre  la “vaca viva” en alusión comparativa con la situación incierta que presenta el yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén. Intención que cierra toda posibilidad de cambios en la matriz productiva y contradice a su vez las expectativas generadas en el progresismo, tanto como la expulsión de Monsanto, la preservación de humedales, la soberanía alimentaria, etc. Tampoco desentona con este rumbo el proyecto de explotación porcina con China. Explica sí el paso atrás con Vicentin, la preservación del statu quo con las multinacionales en el comercio exterior, y más aún el no poner en cuestión el régimen de propiedad de la tierra.

Administrando la pobreza

Si los recursos no salen de arriba, porque no hay intención de afectar la estructura de poder gestada por el capital monopólico, entonces todos los esfuerzos de la gobernabilidad estarán puestos en administrar y hacer más “suave” la pobreza. Desde 2011 no se generan puestos de trabajo genuinos ni se habla de inversiones concretas industriales, energéticas, generadoras de valor agregado, etc como no ser las asignadas a obras públicas municipales, refacciones o construcción de viviendas totalmente insuficientes, muchas veces anunciadas pero no concretadas. De allí que los planes más definidos provienen del Ministerio de Desarrollo Social, porque los millones de pobres existentes, por encima del 2001, requieren de una salida inmediata. No alcanzan asignaciones, tarjetas alimentarias, planes sociales, IFE ni tampoco ingresos universales, así la intención vaya ligada a acoplar planes con trabajo concreto como insiste el ministro Arroyo u otros voceros de las organizaciones Cayetanas o de la economía popular, adherentes del Frente de Todos, y devenidos muchos de ellos de piqueteros a funcionarios. Para muestra el reciente anuncio (Plan Potenciar Trabajo) de un fondo fiduciario para generar 4 millones de puestos, con apoyo de las estructuras gremiales como la UOCRA, Camioneros y Smata. Los recursos teóricamente saldrían de una profunda reforma impositiva  que grave  “las grandes fortunas, al extractivismo y a los capitales especulativos”. Una ingenuidad que ya no admite asombro, cuando el proyecto de impuesto por única vez  a los millonarios aún duerme en el Congreso y cuando, por lo antedicho en relación a las condiciones de los acreedores de la deuda externa, el gobierno ha claudicado en toda la línea. Tal es el caso de la severa amonestación de la ministra Bielsa a las declaraciones de Grabois por haber destacado “que se va profundizar la oleada de tomas de tierras” y condenado la ”falta de decisión política”. 

Lo que viene

Las condiciones inesperadas generadas por la pandemia no justifican que frente a la inmensa extensión de tierras existentes se reprima la toma de terrenos para construir techo propio. Tampoco, que siendo país productor de toneladas de alimentos se sigan reproduciendo las ollas y estigmatizando la pobreza. Que, habiendo tantos jóvenes deseosos de futuro se los persiga, desaparezcan o confinen en cárceles y correccionales. Sin generar los millones de puestos de trabajo necesarios con salarios y oportunidades equitativos, dado que no existe decisión política para afectar la riqueza del capitalismo monopólico, lo que viene son las movilizaciones en curso: de los despedidos, desocupados, trabajadores estatales, ambientalistas, intelectuales, vecinos, ocupantes de tierras, contra el gatillo fácil y por la aparición de Facundo Castro, etc. El despliegue de una militancia para que la crisis la paguen quienes la produjeron, con un programa antiimperialista que apunte a conquistar soberanía y paralelamente a la recuperación de la confianza revolucionaria para luchar por la construcción de una sociedad distinta, igualitaria y justa. Eso es lo que viene. 

Andrés Zamponi