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Editorial - Unidad para derrotar el ajuste de Milei
Pasados algo más de 100 días desde el inicio de su gestión, el gobierno de Milei dejó en claro qué intereses defiende, al tiempo que mostró la precariedad con la que sostiene su proyecto.
El gobierno libertario representa al gran capital financiero. Ello se expresa en el ajuste feroz que busca facilitar principalmente la continuidad del vínculo de sometimiento con el FMI y la enajenación de los recursos naturales en beneficio de los monopolios trasnacionales. Es una reprimarización de la economía con similitud a la vivida en los años ’90. Al tiempo que cosecha aplausos en varios sectores monopólicos, su plan también genera inquietudes. Los pulpos del agronegocio celebran su liberalismo, pero ya dejaron claro que no van a financiar su proyecto vía aumento de retenciones. En otros rubros, las grandes empresas alimenticias tienen espalda para pasar la apertura de importaciones -no así las pymes y varias producciones regionales-, pero todos ponen las barbas en remojo para que la apertura no se amplíe a otros rubros monopolizados, como el acero, que impactaría en los principales contratistas del estado nacional. Mientras tanto, la reforma laboral en carpeta no es suficiente para amortiguar las contradicciones con sectores de la gran industria que se ven obligados a achicarse: así lo atestiguan los ceses en la producción en Acindar y en las automotrices.
En la aplicación de su plan, el gobierno implementó a máxima velocidad un ajuste brutal, con el impacto que ello viene teniendo sobre las condiciones de vida de las masas. A esto se suma la intensificación de la represión, con un abierto desafío hacia el control de la calle y hasta casos puntuales de persecución política. La reformulación de la ayuda social busca profundizar el ataque a las organizaciones y avanzar hacia una nueva racionalización de los montos que eroga el estado, al desenganchar el monto de los planes del valor del salario mínimo. En su lucha contra “la casta”, pretende llevarse puesta a la agencia Telam, cerrar dependencias estatales y desfinanciar la ciencia y la cultura, con el tendal de despidos que ello está generado. A la sombra del gobierno nacional, los gobiernos provinciales realizan sus propios ajustes.
Pero toda esta ferocidad camina sobre pies de barro.
Un equilibrio muy precario
Entre las debilidades, la principal es la precariedad de su plan económico. En su reciente visita, funcionarios del FMI le señalaron al presidente su preocupación por el descenso abrupto de las condiciones de vida, puntualizando en la situación de los jubilados. En una aparición pública, el ex ministro Cavallo llamaba la atención sobre la necesidad de tomar medidas para atenuar la recesión. Son advertencias que vienen de sectores que acompañan lo principal del plan en curso, preocupados por su viabilidad a largo plazo. No es para menos. El superávit del que tanto se jacta el gobierno fue producto, principalmente, del zarpazo fenomenal a las jubilaciones, que quedaron pulverizadas frente a la inflación de los últimos tres meses. Luego, en un escenario recesivo, la recaudación de impuestos tenderá a caer, con lo que el “innegociable déficit cero” solo será posible con un ajuste aún más leonino. Semejante escarmiento busca ser justificado en el objetivo de llegar a mitad de año con una inflación de un dígito. Festejan un dato de inflación del 13%, diciendo que está bajando: claro, lo comparan con el 25% de diciembre, producto de la bomba atómica que ellos mismos tiraron tras la devaluación. Pero como ni ellos se creen la mentira, el ultraliberal Caputo ahora discute precios con las empresas, llegando al ridículo de culpar a las promociones de los supermercados. La inflación sigue siendo altísima en un contexto de dólar planchado, escenario inestable ante las presiones del gran empresariado sobre el tipo de cambio. El optimismo del gobierno por la marcha de la economía es puro humo.
Esto tiene su correlato en la precariedad política. A la negativa a la “ley ómnibus” se le sumó el rechazo en Senadores al DNU, dejando en claro que el gobierno no puede gobernar sin acuerdos con sectores de la oposición. El discurso presidencial en la apertura de sesiones le permitió a Milei recuperar cierta iniciativa, pero el centro de su mensaje -el “acuerdo de Mayo”- fue en el sentido de pedir la escupidera y bajar el tono a la pelea con los gobernadores. La reconciliación del gobierno nacional con las provincias es un proyecto ambicioso en el marco del ajuste en curso. La coparticipación de impuestos, la restitución del impuesto al salario y la situación de las pymes y las economías regionales, entre otros, son temas sensibles, en el marco de que los gobernadores no van a asistir alegremente a un desfinanciamiento de sus provincias que las haga ingobernables. Luego de lo que fueron las quitas del subsidio al transporte y del incentivo docente, y principalmente tras la pelea con Chubut por una deuda de la provincia con la Nación, comenzaron a sonar rumores de todo tipo, que van desde la fusión de LLA con el PRO hasta un acuerdo entre macrismo y peronismo para impulsar el juicio político del presidente.
La espuma bajó en las últimas semanas, pero quedó claro que la gran burguesía está discutiendo qué hacer con un presidente que acaba de asumir. A su manera, es una discusión sobre el poder. El campo del pueblo debe tomar nota de ello para orientar sus luchas.
Derrotar a Milei: la tarea central
La magnitud de los ataques contra el pueblo empuja en dirección a la unidad para luchar contra el gobierno. Así lo demuestra el plan de lucha de las organizaciones territoriales, que viene de una jornada nacional con cortes de accesos en Caba y varios puntos del país, desafiando una vez más el protocolo de Patricia Bullrich. Así lo demostró la inmensa movilización del movimiento de mujeres en el 8M, alentada por el acto unitario. No quedó plasmado, sin embargo, en una fecha tan importante como el 24 de Marzo, en donde primó el divisionismo que derivó en la realización de dos actos en la Plaza de Mayo. De un lado, las internas de un peronismo que no se anima a sacar los pies del plato y se debate entre la lucha con buenos modales y la colaboración poco disimulada. Del otro lado, el sectarismo de la izquierda dirigida por el FITU, en donde la política de la “delimitación”, con su léxico izquierdista, lo que logra en realidad es aislar a la vanguardia del conjunto, en momentos en que cada vez más sectores se van uniendo a la pelea popular. Se trata de límites que, si no son superados, van a favorecer que tengamos Milei para rato.
Hay que avanzar hacia el paro activo y piquetero para derrotar al ajuste. La conducta de las centrales sindicales -en el mejor de los casos vacilante, en el peor colaboracionista- tiene que ser denunciada en el camino de pasarla por arriba. Pero sin perder de vista que el centro de la lucha es contra el gobierno de Milei.
Una justa línea de unidad y lucha busca unificar a todo lo que sea unificable en la pelea contra el blanco principal sin por ello desatender los debates secundarios, y sin dejar ni por un momento de disputar la conducción de dicho enfrentamiento: luchamos por derrotar el ajuste en curso desde la movilización popular, abriendo paso a una nueva situación. La pelea por los salarios y las jubilaciones, en defensa del trabajo, por la continuidad de los planes, por asistencia a los comedores, por el presupuesto para salud y educación, contra los tarifazos, en defensa del medio ambiente y de los recursos, contra el cierre de dependencias estatales, en defensa de la cultura, contra la represión, el negacionismo y en defensa de las libertades democráticas; todo ello debe ser un terreno de acción y debate en dirección a la verdadera pelea de fondo: el país de los monopolios, las multinacionales y los banqueros o la Argentina de los trabajadores y el pueblo, en donde la unidad de los sectores antimonopólicos, antiimperialistas, patrióticos y populares imponga una salida de liberación hacia el socialismo.
Agustín Damaso
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