Editorial - El gobierno, de mal en peor

El gobierno avanza a tropezones. Los tiempos electorales apuran decisiones cuyos resultados deberían mejorar la performance de los candidatos oficialistas. Las dificultades irresueltas en el manejo del Covid-19 y los ajustes como parte de acuerdos con la banca internacional, pusieron al gobierno en un lugar incómodo, donde las tibias medidas hasta noviembre no garantizan resultado alguno. Desde el otro lado la derecha rancia no tiene nada para ofrecer y hace de la pandemia y la precariedad sanitaria el principal caballito en su intento de recuperar posiciones. El ahogo social, con sus bolsones de pobreza sin trabajo ni salarios dignos, o decisiones económicas drásticas que prioricen la deuda con el pueblo antes que el saqueo, no forman parte del recetario por el lado de ninguno de los dos espacios. Casi cuatro décadas de sucesivos gobiernos constitucionales que se reciclan ante cada coyuntura, pero que no pueden ocultar la descomposición creciente ni la claudicación frente a las grandes corporaciones.

La inflación no cede

Entre las medidas del gobierno, con efectividad relativa, se pueden destacar: 

a) El congelamiento parcial de tarifas, luego de los últimos aumentos 9% electricidad y 6% en gas. En combustibles, donde definen las petroleras, habrá aumentos graduales que necesariamente, al igual que los de impuestos en provincias e intendencias, se trasladarán al resto de las actividades. Se complementa con el congelamiento de precios por 180 días de 70 productos básicos frente al universo de 30.000 más que han liberado de “precios máximos”. Al igual que la carne, cuya suspensión de exportar por un mes ha derivado en cortes con mayores aumentos. Medidas superficiales e insuficientes para doblegar la voluntad de los grandes grupos controladores de la producción y responsables de la distorsión en la cadena formadora de precios. Esto es el capitalismo monopólico y no se sale de ello sin alterar las reglas y el poder del mercado que ellos mismos conforman. 

b) Otro componente requiere mantener bajo control el tipo de cambio; en tal sentido el fortalecimiento de las reservas netas por encima de los U$S 7.000 millones le dan rienda al Banco Central para mantener relativamente alejadas la posibilidad de una devaluación mayor o corrida cambiaria. Con la especulación financiera nunca se sabe. No sería ni la primera ni la última vez en que la debilidad política sea el pasadizo por donde los fondos especulativos cuelen sus pretensiones.

c) Un tercer elemento es el compromiso ante los trabajadores de que los salarios le ganarían a la inflación, en la idea de “meter dinero en el bolsillo de la gente” para reactivar el mercado interno. Tampoco se cumplió. El consumo bajó 18% entre mayo actual y el 2020. La mayoría de los gremios cerraron con la pauta  29/34% fijada como señuelo, pero lo cierto es que la inflación proyectada anticipa 48/50% en el año. Atribuir a Guzmán el ajuste que se verifica en todas las líneas -incluyendo las erogaciones propias de la pandemia- solo pretende lavar las culpas del gobierno en su conjunto que asume la conducta de mostrarse eficientes ante el capital financiero. La variable de ajuste central en este caso no fueron los intereses en el pago de la deuda externa, sino el salario real de los trabajadores, con aumentos miserables en algunos casos de 35% en 6 cuotas como el firmado por ATE y UPCN. De allí que los $ 63.000 de la canasta básica completa al mes de abril sean inaccesibles para la gran mayoría. La mitad de los seis millones de trabajadores formales privados están por debajo de la línea de pobreza. Ni hablar del resto, informales con y sin salarios, monotributistas y desocupados sin derecho paritario alguno. Situación que ha generado una fuerte presión para ajustar las cláusulas anticipadamente con reclamos inmediatos en el caso de camioneros, choferes, bancarios, PAMI, automotrices, poniendo al salario como cuestión central en un momento que el gobierno puja por congelar precios paralelamente al desborde en las góndolas. 

Nunca se dejo de pagar 

El pago de la deuda externa contamina todo el horizonte. El presidente tiene que volver pronto a Europa para evitar el default. La gestión para prorrogar el vencimiento de 2.800 millones al Club de París quedó atada a la carta de intención que debe otorgar el FMI. El plazo de espera vence a fin de julio y no se descarta un pago parcial. El Fondo por otro lado trata de condicionar el pago de los U$S 44.000 adeudados, así el acuerdo se termine cerrando después de las elecciones. Si bien el FMI y el Club de París son distintas instituciones, ambas dependen de los mismos estados y bancas del capital imperialista occidental. Son aves de rapiña que ante gobiernos débiles son peores. La deuda es una política de sometimiento permanente que despliegan sobre los países dependientes. Suspender o desconocer su pago es una necesidad política y de sobrevivencia que deben asumir los pueblos en su lucha por un nuevo orden mundial.

Postergar los vencimientos es una necesidad  planteada por el gobierno, aunque en los hechos no se viene cumpliendo. En 2020 se pagaron U$S 1.597 millones y en este año hasta el mes de mayo fueron U$S 601 millones. Ni en plena pandemia se dejó de cumplir frente a tanta precariedad sanitaria y alimentaria.

Los firmantes de la proclama del 25 de mayo para que suspendan el pago mientras dure la emergencia, por parte de un sector del Frente de Todos encabezado por Zaffaroni, llegaron demasiado tarde.

Recuperar nuestros ríos

La conducta frente al poder de las multinacionales es lo que define a los gobiernos que se pretenden nacionales o aspiran a recuperar soberanía. A fines de agosto se licita la concesión luego de que en 1995 el menemismo entregó el control de los ríos Paraná y De La Plata al grupo belga Jan de Nul, en apego a los intereses de las mismas exportadoras que hoy manejan el comercio exterior: Cargill, Dreyfus, Cofco, AGD entre otras. 

Un gesto de soberanía sería derogar el decreto 949/20 que llama a nueva licitación y estatizar directamente el manejo, control, balizamiento y dragado de los ríos, por donde fluye el 75% de la producción nacional. Ello sería un paso firme también para recuperar los puertos privatizados, recomponiendo la flota mercante sobre la base de los recursos humanos y astilleros ya existentes. 

Sin embargo el presidente adelantó “que el Estado se haría cargo del cobro del peaje”, con lo cual nada cambia respecto a licitar los servicios privatizados y al desaliento de la industria nacional. Ninguna intención de pretender generar un cambio del modelo productivo. Ambas cosas son parte del mismo programa sin lo cual no se puede avanzar en reformas estructurales ni recuperar soberanía. Para reflexión de muchos sectores del FdT, que son genuinos en el planteo de recuperar nuestros ríos y la soberanía, pero están absolutamente a la defensiva ante el rumbo contrario definido por su propio gobierno.

Basta de ajuste

Por otro lado, el pueblo trabajador angustiado por las secuelas del hambre, por el flagelo de la pandemia y por la falta de horizontes para la juventud perseguida, en varios casos sin trabajo y cuando no en la extrema precarización, lucha y se organiza sabiendo que ninguna fórmula electoral fija las prioridades en el bienestar del pueblo con una perspectiva de liberación, con democracia popular donde los protagonistas centrales son los propios trabajadores. No lo hacen directamente porque los recursos se destinan al pago de intereses y deudas mal habidas, para cumplir con el capital financiero antes que la deuda con el pueblo. Esta es la conclusión de las últimas décadas: las crueles cifras de empobrecimiento y el desmantelamiento de la infraestructura estatal que arrojó a tantos trabajadores capacitados a la calle. Políticas neoliberales que el gobierno de los Fernández tampoco está dispuesto a revertir. 

La lucha por los ingresos en todos los niveles motoriza la demanda de los sectores populares que despliegan jornadas de cortes y movilizaciones en gran parte del país, tal como la de este 11 de junio. Desde que los trabajadores de salud hicieron punta junto a organizaciones piqueteras no oficiales, luego docentes, municipales, precarizados y despedidos, el incremento de la movilización es un rasgo que sobresale en esta primera mitad del año. Su ampliación es inevitable, desde el mismo momento que la inflación disuelve toda capacidad adquisitiva y la revisión de los convenios es una presión de las bases que abarca también a la CGT y CTAs. La indiferencia frente a tanta inequidad de las organizaciones gremiales y sociales oficialistas, se va desflecando en la medida que el malestar empuja en el sentido del reclamo general por aumentos de 50% aún en aquellos convenios que quedaron por detrás de la pauta inflacionaria. Esto es lo que viene, y en todo caso los paños fríos para calmar la bronca y contener la movilización a poco de realizarse las legislativas, encontrarán un espacio cada vez mayor del pueblo que entiende aquello de que las elecciones pasan pero el hambre queda, y que al igual que otros pueblos de la región, la rebelión contra las políticas de empobrecimiento ajuste y saqueos, recorre América del Sur. 

Andrés Zamponi