Pueblada en el Impenetrable - Solidaridad con el Pueblo Wichí y los Pueblos Originarios del Chaco

La desaparición de un menor de la comunidad y la falta de respuesta del gobierno de Jorge Capitanich explica la justicia con la que se rebelaron los Wichí en el corazón del Impenetrable.
Misión Nueva Pompeya es una localidad y municipio ubicada al norte de Chaco, distante a 185 Km de Juan José Castelli, la puerta al Impenetrable  y a 480 Km de Resistencia, la capital provincial. Fue allí donde tuvo lugar la pueblada el 4 y 5 marzo pasado.
Fueron acciones de hartazgo y bronca tras la desaparición de Salustiano Giménez, un joven wichí de 16 años, que se encuentra ausente desde el 12 de febrero pasado y sus padres, al igual que la comunidad wichí de Misión Nueva Pompeya, creen que fue asesinado. Su mamá Rosa Ángeles Campos, resignada, pedía que se le entregue el cuerpo para que la comunidad se tranquilizara, en un contexto de suma desconfianza en las instituciones del estado chaqueño para resolver casos como el de Salustiano.
Para que el gobierno provincial atendiera el drama de la comunidad se organizaron cortes piqueteros en los accesos. Luego del fracaso en la búsqueda que realizó la Policía del Chaco, se recibió asistencia de equipos federales pero que luego pero no continúa y entonces la comunidad vuelve a cortar los accesos. 
Luego de 15 días de la desaparición y corriendo el mes de marzo, la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar y la secretaria de DDHH y Género, Silvana Pérez, viajan a la localidad con el objetivo de llegar a un acuerdo con la comunidad para que se levanten los cortes, ya que estos generaban desabastecimiento en el comercio local. Es así que se comprometen a que se retome la búsqueda para que se levantaran los cortes y se firma un acuerdo con los dirigentes de la comunidad.
Nuevamente el día sábado 4 de marzo se frena la búsqueda. Esto provoca la indignación wichí que se dirige a la Comisaría de Misión Nueva Pompeya para que acelere la investigación. Allí exigen que interroguen a la persona detenida y sospechada de estar implicada en la desaparición de Salustiano ya que tendría información sobre su paradero, pero la policía en el acto lo traslada a otra jurisdicción por orden del fiscal a cargo de la causa. Según Elizabet González, coordinadora de Pueblos Indígenas del Poder Judicial del Chaco, el implicado al que se detuvo no es indígena. Es así que la comunidad temía a que éste sea liberado.
El Poder Judicial deja impune los crímenes a integrantes de la comunidad. El fiscal provincial Morales Bordón, además de ser responsable de la investigación por la desaparición de Salustiano Giménez, debía instar a resolver la desaparición a fines de 2019 de joven Hernán Adrada y los femicidios de Jorgelina Reinoso el año pasado y Dominga Arias en 2016. Ninguna de las causas tuvo avance en su resolución. El fiscal Morales Bordón, cuestionado por cajonear y dejar de investigar crímenes anteriores, tenía ser apartado ya que así lo habían pedido los dirigentes de la comunidad como condición para firmar el acuerdo con el Ejecutivo provincial.

La bronca se manifestó  en la ocupación de la municipalidad, la quema del ingreso al Juzgado Multifueros y el intento de toma de la Comisaría. Pero la violencia escaló cuando la Policía detuvo a dos menores y luego al presidente de la Asociación Comunitaria Mario Ledesma. Es ahí cuando la comunidad recibió la amenaza de la policía de que “si no se dejan de joder, el presidente de la asociación va aparecer colgado” y por ello una abogada interpuso un habeas corpus.  
El día domingo se difundieron imágenes de agentes de la Policía aparentemente desbordados y la declaración de ex policías y penitenciarios de la provincia a sumarse voluntariamente a la represión. El resultado de la represión fue la detención de 21 integrantes de la comunidad wichí y más de 40 heridos, entre ellos Gilberto Matorras herido en su muslo izquierdo por una bala de plomo. Se cree que provino del arma de algún criollo del lugar convocado por redes sociales a armarse. Posteriormente el ejecutivo provincial habilitó la intervención de la Gendarmería, hecho que enardece aún más a la comunidad.
Se quiso instalar que los wichí implantaban terror en Misión Nueva Pompeya y sin embargo sobre ellos y su cuero se pueden ver las marcas del terror, ese con las que actúan las fuerzas de seguridad. Entre lxs heridxs, muchas fueron mujeres y entre lxs detenidxs varios menores de la edad de Salustiano, que además fueron trasladados a la Comisaría de Fuerte Esperanza, localidad aledaña, para que se desconozca su paradero.
Con el correr de los días los detenidos fueron liberados y a la fecha Salustiano Giménez no aparece pese al fortalecimiento de equipos para su búsqueda.

La Guardia Comunitaria Whasek

La situación en el Norte Wichí es de extrema pobreza, las poblaciones sufren alarmantes condiciones de vida y es marcado el abandono por parte del Estado para garantizar necesidades básicas como la provisión de agua, suministro eléctrico, como así otros servicios. Los más bajos ingresos y simultáneamente los precios más caros para los consumos elementales de un hogar están en esta parte de la Provincia y poco o nada ha cambiado en estos años de gobierno justicialista.
Sin embargo en detrimento de las precarias condiciones materiales de los habitantes del lugar se hacen importantes negocios agro- forestales que destruyen los bosques nativos. Esta realidad desigual y latente lleva a las comunidades indígenas a organizarse de diversas formas, definiendo distintas tácticas defensivas frente a situaciones incontenibles.
Precisamente entre los Wichí del Impenetrable nace la Guardia Whasek como herramienta de lucha para proteger el territorio arrasado por el desmonte y resguardar la integridad de la comunidad, expuesta al narcotráfico y la persecución policial.
Es una experiencia interesante de participación, en las que emplean instancias democráticas para la definición de sus acciones como las asambleas y en sus filas sobresalen mujeres y un gran componente juvenil.
La guardia comunitaria llegó a ser reconocida por resolución municipal en El Sauzalito e inclusive a sellar un acuerdo de articulación con el juez federal Miguel Aranda y el gobierno provincial por su eje ambiental.  Pero la Guardia Whasek desde sus inicios es demonizada por los mismos sectores que hacen negocios con El Impenetrable, ya sean legales e ilegales, y es apuntada por la Justicia Federal y sus fiscales.
Hoy, justamente en este contexto de conflicto, la Whasek es nuevamente perseguida. El fiscal federal Carlos Amad viene diciendo a la prensa que la guardia whasek quebrantó el acuerdo de 2020. Hay que decir primero que la firma de tal convenio se dió bajo presión ya que la imputación que recaía sobre integrantes de la whasek era por el delito de sedición y que el juez federal Miguel Aranda fue procesado en diciembre del año pasado por ser cómplice de un clan narco en la provincia, que principalmente la conformaban agentes de fuerzas de seguridad como la Gendarmería y la Policía del Chaco, las mismas fuerzas de seguridad que participaron de la represión al pueblo wichí ¿Casualidad?
El fiscal Amad es reconocido por su labor en el esclarecimiento del caso Carbón Blanco, una red de tráfico de cocaína que salía al exterior y que parte del entramado estaba en el interior de esta provincia. Es así, también, que es parte del equipo de fiscales que investiga el clan Sosa del que es acusado el juez Aranda como cómplice. Habría que agregar que también se destaca por su labor en Juicios contra Crímenes de Lesa Humanidad. Ahora, sobre la whasek, le dice a la prensa que es un grupo muy violento que no reconoce el imperio de la ley y las autoridades y no duda en acusarlos de terroristas. Lo del fiscal Amad va en línea con las manifestaciones xenófobas del ex vicegobernador Bacileff Ivanoff. El ex mandatario, que se fue del PJ por ser un halcón de la mano dura, señala a la Whasek como una amenaza a la institucionalidad. 
El Impenetrable, integrado principalmente por las localidades de Castelli, Miraflores, El Sauzalito, Misión Nueva Pompeya y Fuerte Esperanza entre otras, es una zona de disputa no solo por sus bienes naturales sino por sus características y ubicación estratégica. La Whasek vienen dando cuenta de cómo la droga viene ganando en los pueblos originarios, denuncia que la hacía el abogado Rolando Núñez del Centro de Estudios Legales y Sociales Nelson Mandela en las publicaciones de sus últimos años. El Impenetrable es atravesado por el narco en su carácter de corredor a países y provincias limítrofes.
Al otro lado de los Wichís quiénes están
El gobernador Capitanich despliega un discurso garante de los derechos humanos, de ser un gobierno dialoguista y que trabaja para los sectores postergados. Sin embargo la prédica se choca con episodios como estos y una cosa es lo que pueden decir desde las usinas del poder y otra lo que termina pasando. Al otro lado de los pueblos originarios se para un estado y gobiernos de distintos niveles que nos lo ven como iguales. Ni la ministra de Seguridad y Justicia, la secretaria de DDHH, el Poder Judicial, la Intendencia, mucho menos la policía, impregnada de racismo que da impunidad al narco y que tortura, en ningunos encuentran aliados o semejantes. Más bien exclusión y criminalización materializada en políticas deshumanizantes, de maltrato y desprecio porque van a un hospital y no reciben atención, porque no pueden acceder a educación, trabajo o agua potable. Al otro lado de los pueblos originarios están todos ellos, sin grieta. También la UCR que en el pasado fue gobierno, que tras los hechos llamó a establecer el orden y la paz para beneficio de aquellos que sí ven como ciudadanos. La UCR lo piensa, el PJ en el gobierno lo ejecuta y acuerdan cuando las instituciones son cuestionadas.
Estos actores siguen construyendo viejas estigmatizaciones y prefieren pueblos originarios callados que no alcen la voz para exigir sus derechos elementales para cualquier ser humano, como aquellos que poseen sobre sus territorios. Toda la solidaridad obrera y popular con los wichís. Viva la pueblada en el Impenetrable. 

PRML - Chaco