Milani a la cárcel

En el 2013, la ex presidenta Kirchner puso al frente del Ejército Argentino al principal sospechoso en la causa por la desaparición del conscripto Alberto Agapito Ledo. Hubo que esperar su pase a retiro en 2015 para reflotar las investigaciones. Fue en diciembre de 2016 cuando el juez federal Daniel Rafecas lo procesó por enriquecimiento ilícito, tras la compra de una propiedad en La Horqueta. Según Milani, los 200 mil dólares se los prestó el también imputado en causas de lesa humanidad, Eduardo Barreiro.

A esto se suma que, en febrero pasado, Milani fue detenido en La Rioja por orden del juez federal Daniel Herrera Piedrabuena en una causa que investiga los secuestros de Pedro Adán Olivera y su hijo, Ramón Olivera, en 1977, y la detención ilegal de Verónica Matta, en 1976. Finalmente, tampoco la causa Ledo quedó al margen. Los primeros días de marzo, el juez de Tucumán Fernando Poviña lo procesó por los delitos de encubrimiento y falsedad ideológica debido a que “confeccionó falsamente el acta de deserción del desaparecido soldado Ledo, con la finalidad de encubrir el hecho delictivo”.
Desde su asunción al frente del Ejército, además de los familiares de sus víctimas, fueron varios los organismos que Derechos Humanos que levantaron su voz de protesta. Esta conducta contrastó con la adoptada por los entonces organismos oficialistas. El CELS, asesor del ejecutivo en cuanto a prontuario de militares, no brindó información sobre el general promovido. Estela Carloto, titular de Abuelas, declaró que no se podía ensuciar su figura sin que se probara su participación en los hechos imputados. O cuando Hebe de Bonafini promovió el abrazo con el militar genocida que quedó plasmado en la tapa de la revista de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
Las cartas están sobre la mesa. En el caso Milani convergen dos líneas de acción: por un lado las responsabilidades del kirchnerismo en su intento de impulsar un oscuro plan de generar ‘tropa propia’ al interior de las Fuerzas Armadas, a cubierto de su política de DD.HH. y, por otro lado, la intención del macrismo de acorralar judicialmente a las huestes de Cristina Kirchner.
Finalmente, en este caso, como en el resto de los que involucran a los genocidas, solo cabe una política: la de juicio, castigo y cárcel común para los responsables materiales e intelectuales de los crímenes del terrorismo de estado.

F.P.