Las finanzas públicas en la cuerda floja

El día después de las Paso, el Banco Central devaluó el peso un 22%, pasando la cotización oficial de $288 a $350 por dólar, y el gobierno implementó una serie de compensaciones económicas. El FMI revisó las cuentas del país y realizó el desembolso pendiente por USD 7.300 millones. No obstante, las reservas del BCRA atraviesan un momento crítico, mientras la inflación sigue creciendo y el bolsillo popular sufre las consecuencias. 

El gobierno se lavó las manos de la devaluación: señaló al FMI como responsable y presentó la cifra de 22% como un triunfo ante el 100% reclamado por el organismo. Por si fuera poco, Massa vendió que el desembolso traía alivio, fortaleza y capacidad de intervención, permitiendo terminar el 2023 sin sobresaltos. Se trata de una impostura, pues la devaluación se encontraba entre las condiciones del acuerdo firmado entre el gobierno y el Fondo en agosto, que incluye medidas de ajuste adicionales como la suba de tasas de interés, los tarifazos por la quita de subsidios y el recorte de jubilaciones, salarios estatales y otros rubros. Podría decírsele a Massa que “calavera no chilla”, pero quien paga el costo del acuerdo no es el gobierno sino los sectores populares con más inflación, bajos salarios y pobreza. 

El gobierno es responsable, pero el FMI no está libre de culpa. Después de unas semanas de tensión y expectativa, la quinta y sexta revisión dieron como resultado un esperado incumplimiento de las metas por parte de Argentina. El organismo sacó un waiver (“perdón”), dio curso al desembolso de los fondos correspondientes y aprobó el nuevo acuerdo elaborado por su staff técnico. La movida del organismo fue notablemente política: sin cortar los desembolsos, sólo parcialmente reconoció los efectos de la sequía en la economía argentina y en un contexto electoral e inestable se mantuvo estricto con la mayoría de las metas (excepto la de reservas). Además, en el informe publicado reclama un plan de ajuste ortodoxo, fiel a su naturaleza: una devaluación más grande y sin emisión monetaria, recortar el gasto público, enfriar la economía para reducir la demanda de dólares y así engrosar las reservas para pagar la deuda. Un plan perfecto… para hambrear un país entero. 

En resumidas cuentas, el Fondo -por ahora- aprieta pero no ahorca, porque políticamente hablando un default equivaldría al reconocimiento del fracaso de su propio plan y, en términos estrictamente económicos, dejaría al organismo sin cobrar, cuando el crédito de Macri representa el 44% de sus acreencias.  

Por otro lado, el desembolso fue pintado como un bálsamo de alivio, estabilidad y seguridad financiera, pero la realidad es distinta. La cifra de USD 7.300 millones desembolsada se reduce si restamos la devolución de los créditos puente de China (USD 1.700 M), Qatar (USD 770 M) y la CAF (USD 1.000 M), así como la retención de USD 900 M del propio FMI a cuenta del próximo pago de septiembre. Y de los USD 2.900 M que quedan, hay USD 2.000 M que deben usarse únicamente para pagar al FMI en octubre, con lo cual hasta noviembre (próxima revisión) quedan USD 900 millones en el BCRA. Ese margen de dinero implica que el gobierno no entrará en default con el FMI antes de las elecciones, por eso Massa respira. Ahora bien, el FMI impuso que esos USD 900 millones no se pueden utilizar para intervenir en el mercado de cambios y sostener la cotización del peso, es decir, para evitar una devaluación oficial, financiar la fuga de capitales o frenar una corrida cambiaria. Si el gobierno quiere intervenir en el mercado de cambios hasta el traspaso del mando debe hacerlo con dólares y bonos del BCRA, de los cuales hay pocos. 

Y siguen cayendo

La caída de reservas del BCRA es histórica. En el 2do semestre de 2022 oscilaron entre USD 35.000 y USD 40.000 millones, pero en 2023 comenzó el 2do semestre con USD 25.000 M. En agosto diversos analistas calcularon que las reservas netas son negativas, por entre - USD 5.000 M y - USD 10.000 M. Fundamentalmente, se deben al pago de la deuda, el déficit comercial y de servicios (sobre todo por la sequía) y la dolarización y fuga de capitales. Además, las empresas adeudan importaciones financiadas por los mismos proveedores o con el swap con China. Por ahora se cubre el rojo con diversos artilugios: adelanto de exportaciones, importaciones a cuenta, endeudamiento con organismos internacionales, pero son trucos de patas cortas. Paradójicamente, dado que las exportaciones no se han detenido, el BCRA está comprando dólares en forma diaria para engrosar las reservas. No obstante, el 40% de lo comprado es vendido en el mercado bursátil (dólar MEP) para evitar que la cotización se dispare y la brecha con el oficial se agrande. Básicamente, las reservas no crecen porque el gobierno le garantiza a los capitales la fuga al dólar.

El asunto es que el nuevo acuerdo con el FMI establece una meta de acumulación de reservas ciertamente más baja que la anterior (de USD 8.000 a USD 1.000 M), pero con las actuales reservas negativas esa cifra “humilde” sigue quedando muy lejos. Dado el cuadro, es probable que antes de las generales veamos una nueva devaluación y una edición del dólar soja para frenar esta tendencia negativa en las reservas. Mientras tanto, los depósitos de los ahorristas están “encajados” y en principio a salvo de un manoteo del gobierno (sea el actual o el próximo), pero en una crisis financiera todo se vuelve posible. 

En definitiva, con esa situación de reservas, el desembolso del FMI no trajo “tranquilidad en los mercados” ni evitó la remarcación de precios por parte de los distintos sectores del empresariado. Primero, los dólares paralelos (blue, MEP, CCL) subieron en la misma proporción que la devaluación y por eso se mantuvo la brecha con el oficial (~100%). Segundo, los días siguientes a la devaluación fueron un festival de suba de precios, por encima del 22% devaluado, terminando de hecho con los acuerdos de precios establecidos entre el gobierno y las cámaras empresariales. Habrá que esperar a mediados de septiembre para ver el guarismo de agosto, que ya se calcula entre 10 y 15%. 

En otras palabras, entre la inflación y la suba de los dólares paralelos se encargaron de esterilizar los efectos de la devaluación: es posible que la cotización de $350 no llegue hasta octubre.

Generando inflación 

Ahora bien, la disparada inflacionaria que trajo la devaluación no es solamente un incremento nominal de los precios: tras ella se esconde una alteración de los precios relativos de la economía (la relación de intercambio entre los productos), que afecta particularmente a los salarios. No olvidemos que la fuerza de trabajo es, a fin de cuentas, una mercancía más en el sistema capitalista. Hay una disputa por la riqueza oculta en el proceso inflacionario, que naturalmente desfavorece al sector trabajador.

En ese sentido, atendiendo a la coyuntura electoral y a la necesidad de remontar el tercer lugar, el oficialismo busca compensar parcialmente los efectos de la devaluación con un paquete de medidas inmediatas. No obstante, los incrementos son de montos y porcentajes que apenas cubren la inflación esperable. Además de diversos créditos subsidiados para distintos sectores, los asalariados formales recibirán una suma fija de $30.000 en septiembre y octubre, el personal doméstico incorpora dos sumas de $12.500 y para monotributistas hay unos pequeños beneficios impositivos. Los jubilados que cobran la mínima reciben un bono de $37.000 por 3 meses pero sus ingresos son de miseria ($87.000 mensuales) e incluyendo el adicional no llegarán a cubrir la mitad de la canasta básica. Además, las medidas excluyen a los trabajadores en negro, que solamente podrán ser alcanzados por los beneficios en la tarjeta Alimentar (+$5.000 y +$11.500 por dos meses, según la composición familiar) y del 23% en la Asignación Universal por Hijo.

Por si fuera poco, el anuncio del bono asalariado tuvo rechazos en el sector público y privado: provincias, municipios y cámaras empresariales (UIA, SRA, CAC, CAME). En el primer caso, el bolsillo de la clase trabajadora queda sujeto al vaivén de la crisis política, según si los gobernadores e intendentes deciden disponer de sus presupuestos para cumplir una política nacional. El segundo es una verdadera hipocresía empresarial siendo que el Estado financia el bono a las micro y pequeñas empresas con fondos de la ANSES, que las más grandes obtuvieron rentabilidades extraordinarias en los últimos 8 años y que los salarios de la clase obrera perdieron (vía inflación) un promedio de $7 millones por trabajador en ese mismo período, monto embolsado completamente por los empleadores. 

Déficit y recesión

La financiación del paquete probablemente implique un empujón a la emisión monetaria, tal como se ha financiado el déficit fiscal durante el año. Esa emisión puede ser directa (el BCRA financiando al Tesoro) o indirecta, a través de las altas tasas de interés de las LELIQ y otros pasivos remunerados que obligan al gobierno a “crear” unos $1,8 billones mensuales y dárselos a los bancos. Eventualmente, toda esa masa de pseudo-dinero presiona sobre la inflación y el dólar.

Al respecto, ese déficit fiscal se redujo en el primer semestre recortando el “gasto” en jubilaciones, subsidios a la energía y asignaciones familiares (un ajuste, bah), pero la recaudación también disminuyó por la sequía y a partir de junio -a caballo de las elecciones- el gasto volvió a crecer, especialmente en prestaciones sociales. Además de tener pocos dólares, también hay “pocos pesos”, o más bien un escaso margen para gastar (unos $120.000 M hasta fin de año) de acuerdo a la meta establecida por el FMI. Si bien el organismo acomodó a la inflación las cifras de dicha meta (el déficit fiscal de 1,9% PBI en 2023 ahora representa mayor cantidad de pesos gastados), la misma sigue subestimando los efectos de la sequía en la actividad económica y la recaudación fiscal: parece difícil que el gobierno pueda cumplirla, lo cual pone en riesgo los próximos desembolsos del organismo -salvo que el FMI siga repartiendo perdones. De ahí la continuidad de la quita de subsidios energéticos (tarifazos), incluso a los sectores de ingresos medio-bajos, y la amenaza sobre salarios públicos, pensiones y otros rubros del gasto público. En otras palabras, menos guita para la gente.

Mientras tanto la economía entra en recesión. El primer semestre mostró estabilidad en las distintas ramas, pero la caída del sector agrario provocó un retroceso del 2% en la actividad económica. Ello obedece a que el agro es una rama de peso en la economía, pero también porque la caída de la recaudación por retenciones implica una restricción para las importaciones de insumos vitales para la industria. A partir de junio se vieron retrocesos en la industria y la construcción y globalmente se prevé una caída del PBI de ~3%, según diversas fuentes. 

Por ahora el nivel de empleo se mantiene estable y la desocupación en cifras relativamente bajas para nuestro país (6,9%), pero los salarios siguen en retroceso. Hace tiempo que existe una capa de personas con empleo bajo la línea de pobreza y por eso crece el pluriempleo: según la consultora Ecolatina, 2 millones de personas (9% de la población activa) tienen más de un trabajo, un fenómeno que ha crecido un 25% desde 2018.

Por donde salir 

El plan económico del peronismo estuvo atado al FMI por herencia macrista y por decisión propia. La crisis económica derivó hace tiempo en una crisis política. El año transcurrido desde la renuncia de Guzmán y su reemplazo por Massa no hizo más que profundizar esa crisis, que ahora atraviesa al proceso electoral. Los tres candidatos presidenciales traen bajo el brazo al FMI y le piden a la clase obrera que deposite un voto afirmativo por un programa de ajuste, un “cavarse su propia tumba”. Ante ello, el voto bronca es un acto de supervivencia, siempre que venga acompañado de la organización y la movilización popular hacia un paro activo y piquetero contra el ajuste. La derrota de los ajustadores (Massa, Bullrich, Milei) y la ruptura con el FMI son condiciones necesarias para reorganizar la economía nacional sobre nuevas bases sociales. 

David Paz