La soberanía jurídica y la posición del gobierno

En las últimas semanas se impuso en la agenda de los medios el tema de los fondos buitre, y uno de los puntos anexos a este es la llamada “soberanía jurídica”. Mientras el gobierno en general intenta seguir vendiendo el discurso de la “recuperación” de las empresas como YPF y Aerolíneas Argentinas como avances en la soberanía económica y por ende frente a la dependencia de los monopolios, la realidad es completamente opuesta.

El caso de los fondos buitre deja descubierto un modus operandi del gobierno en cuanto a la firma de acuerdos de inversión y toma de deuda en el extranjero, al ceder siempre la jurisprudencia de los arbitrajes en caso de conflicto a un tribunal en el extranjero y generalmente al de Nueva York.
Mientras que la discusión se presenta alrededor de la cláusula RUFO (Derechos Sobre una Futura Oferta, por su sigla en inglés), lo principal de la cuestión es que se le cedió a un tribunal extranjero la potestad de decidir sobre la política económica argentina. Y no a cualquier tribunal, sino al de Nueva York, que vive bajo el lobby de Wall Street, es decir, bajo la influencia del poder financiero de los monopolios; se entrega a un tribunal “influenciado” por el capital financiero. Si este hubiese sido el único caso quizá se podría entender en el contexto post 2001, mas se siguió con este tipo de cláusulas en varios convenios de inversión, tal como el arreglo con Chevron, la indemnización a Repsol, convenios de dragado de los ríos del litoral, entre otros. Dejando ante cualquier conflicto con las empresas multinacionales la posibilidad de elevar una demanda en los tribunales de otro país.
Mientras Argentina toma este camino, los países de la región no siguen el mismo. Brasil en los últimos 10 años no ha aceptado nunca un convenio de inversión extranjera que implique ceder la jurisprudencia, además de no reconocer al CIADI, el tribunal del Banco Mundial que tiene como objetivo arreglar disputas entre entidades financieras y Estados. Podría decirse que Brasil por su peso regional tiene otra capacidad de negociación. Pero también tenemos el caso de Ecuador, un país mucho menos fuerte, que en 1993 inició un juicio contra Chevron por un derramamiento de crudo que terminó en catástrofe natural. El convenio de inversión Chevron (Texaco anteriormente) - Ecuador preveía que la jurisdicción para iniciar acciones legales fuese el tribunal de Nueva York: allí el fallo fue que mudaran el juicio a Ecuador, como estrategia para nunca acatar la sentencia luego de perder el juicio. De ahí en más Ecuador dejó de aceptar una cláusula en donde se ceda la jurisprudencia. Además también se retiró del CIADI, al igual que Bolivia y Venezuela.
Entonces, ¿dónde está la soberanía recuperada? Si en cada una de las movidas del gobierno terminan cediendo la capacidad de decidir el resultado de un litigio a un tribunal manejado por los lobbistas del capital financiero. Esto sin contar que el único canje de deuda que tiene la cláusula RUFO así es Argentina: aunque intenten hacernos creer que ceder la jurisdicción y las cláusulas RUFO son un estándar en el mundo, los únicos que aceptaron eso son el gobierno de Kirchner -y seguramente también lo hubiera hecho cualquiera de la oposición actual-. Como ejemplo basta el canje de deuda griego del 2012, donde no sólo no se cambió la jurisdicción, sino que se agregaron cláusulas de acción colectiva, donde el gobierno griego podía obligar a los bonistas que se negaran a aceptar la oferta a realizar el canje si se llegaba a un piso de aceptación.
La soberanía no se gana comprando las acciones de una empresa, sino en las acciones que se toman para romper lazos definitivamente con el imperialismo. A los “pagadores seriales” no les van a alcanzar los discursos para ocultar que esa nunca fue su opción.

Rafael Vassir