Enfrentemos la reforma en salud

En el marco de una avanzada del gobierno con diferentes reformas -donde se destacan la previsional y laboral- poco se habla de la reforma sanitaria y eso debiera ser materia de discusión de las organizaciones políticas, sindicales, gremiales y sociales de manera urgente para que su rechazo efectivo sea parte de las acciones que los sectores en lucha están tomando y debemos profundizar. Esto en parte se explica por lo poco difundida que se encuentra la misma, la poca información con la cual contamos acerca de su futura implementación y las tergiversaciones que el gobierno hace de la iniciativa.
Las reformas al sistema de salud en nuestro país no comienzan con el decreto que da nacimiento a la Cobertura Universal de Salud en el año 2016 sobre el cual venimos ya informando y denunciando (ver notas no transar n° 110 y no transar n° 123), sino que de a poco se han ido introduciendo modificaciones que ya vienen impactando en la forma en la cual se accede a las prestaciones en el sistema de salud pública.
Formalmente hasta la actualidad y previo al lanzamiento de la CUS, y a grandes rasgos, la legislación de nuestro país garantiza una cobertura total de prestaciones frente a la atención de la salud de la población, interpretando que la misma es un derecho de la población que resida en nuestro país. ¿Esto qué significa? ¿Que la cobertura es total y a tiempo? Claro que no, pero que formalmente se cuenta con las herramientas para exigir que así sea. Fragmentado en planes y programas -varios de ellos a cuenta de crédito internacional-, enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión, afecciones agudas como las respiratorias, cirugías, insumos para el tratamiento alopático de la salud sexual y reproductiva, o infecciones como el VIH-SIDA o la tuberculosis, el tratamiento del cáncer; están contemplados por planes y programas con cobertura al 100%. En particular, los programas que aquí mencionamos son en su mayoría de financiamiento nacional, que actualmente también se vienen vaciando a partir del recorte de su presupuesto. Es importante destacar que, a partir de las reformas realizadas durante los años 90 de descentralización del sistema de salud, Nación solo interviene en la salud a través de estos programas nacionales, teniendo cada provincia o localidad la responsabilidad de financiar hospitales y centros de salud en lo respectivo a salarios, insumos, infraestructura, etc.
Insistimos, las condiciones de trabajo y bajos salarios de los trabajadores de la salud, la creciente falta de insumos, la discontinuidad en la entrega, la disparidad que se dio producto de la ya mencionada descentralización y autogestión hospitalaria en los años 90 en lo que respecta a diferentes regiones del país, la predominancia de un modelo biomédico basado en la medicalización y no en una atención de salud integral que ataque las verdaderas causas sociales y políticas que determinan la salud de la población; ha generado de lo formal un acceso desigual con sus consecuentes impactos negativos y desiguales dependiendo de la zona, cobertura y accesibilidad.
Pero esta reforma profundiza aún más esa brecha, atacando de conjunto el espíritu de la salud pública argentina, achicando la misma a un conjunto de prestaciones, donde los más perjudicados son claramente los sectores más vulnerables, sin trabajo ni obra social, afectados por las políticas de ajuste. Para esto incorpora la nominalización de la población a partir de la entrega de un carnet, restringiendo el acceso a aquellos que tengan DNI.
Lo que el gobierno ha llamado Cobertura Universal de Salud (CUS) pactado con la cúpula cegetista y el apoyo de las provincias (por ahora adhirieron Mendoza, Córdoba, Salta, Entre Ríos, Jujuy, San Juan, Río Negro, Tucumán, Chaco, Catamarca, Corrientes y Santiago del Estero), pretende hacer un cambio radical en la situación actual.
De universal solo tiene que alcanza al conjunto de la población porque la cobertura se reduce y cambiará la forma en la cual hoy se transita por el sistema de salud, ¿cómo se preven estos cambios? La intención es ya que cada persona tendrá asignada una puerta de acceso (determinado efector y no el que elija, principalmente desde el primer nivel de atención: centros de salud) y en este ingreso tendrá cobertura a un conjunto de prestaciones y eventuales derivaciones -que cada efector facturará por separado siendo esta la nueva forma de financiamiento de los hospitales y centros de salud. De esta manera el estado financiará la demanda, no la oferta y abre la puerta al beneficio mercantil de efectores privados que facturarán prestaciones. Si la práctica que se requiere no está dentro de lo que el seguro cubre cada usuario deberá pagarlo de forma privada –en caso de poder hacerlo- o intentar certificar su pobreza para acceder a las prácticas que van a ir quedando por fuera del nuevo Plan Médico Obligatorio el cual queda reducido respecto del actual. En lo discursivo los funcionarios que están impulsando la CUS hablan de una supuesta puesta en valor del primer nivel de atención, cuando en realidad su función va a ser la de colar, filtrar la demanda y restringir, reducir el acceso al resto de las instituciones.
Un sistema de seguros de salud, como ya existe en EE.UU., Europa y varios países de América Latina como Chile y México y que, como no puede ser de otro modo viene siendo impulsado por la OMS y el Banco Mundial desde mediados de los años 90. Como señalábamos en no transar 123 “El hecho de que el modelo de “mercado de la salud” esté auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y los grandes laboratorios, da cuenta de que el mismo viene a dar respuesta a una situación sistémica, no puntual de Argentina, hecho acreditado por su implementación en otros países, como Colombia o Estados Unidos, donde la salud pública desapareció del mapa y donde los principales indicadores vienen progresando a la baja.”
El pasado 1 y 2 de diciembre se realizó en CABA Congreso Nacional e Internacional por el Derecho a la Salud / No a la Cobertura Universal de Salud. El mismo comenzó con una masiva movilización al Ministerio de Salud de Nación protagonizado por sindicatos de salud y organizaciones sociales, donde luego de la realización de un acto se dio comienzo al Congreso en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA que culminó al siguiente día.
Algunos gremios como CICOP, ATE provincia, la FESPROSA, la APSS de Capital, movilizaron masivamente realizando paro y cese de tareas para participar de esta primera acción unitaria.
Queda pendiente y ahí es donde deben llevarse los mayores esfuerzos, poder discutir y poner en práctica, qué medidas efectivas se preparan para impedir que la CUS se implemente en cada hospital y centro de salud del país. No se trata solo de denunciarlo, sino de empezar a armar estrategias que enfrenten cualquier intento de avance de los aspectos de la CUS en la salud pública. La creciente movilización callejera nos deja en mejores condiciones para construir esta perspectiva.
Vera Pérez