Editorial - Un gobierno que mostró sus cartas

El país se desliza hacia una perspectiva sombría. Las expectativas generadas con la asunción del nuevo gobierno siete meses atrás nunca se encendieron, y poco después la pandemia agregó un nuevo problema cuyas consecuencias oscurecieron aún más aquellas esperanzas.

La prolongación de la cuarentena fue opacando su éxito inicial y al bordear ya los cuatro meses los recaudos preventivos son insostenibles, justo cuando mayor vigor muestra la curva ascendente y con ella crece el número de víctimas. Si bien los focos de irradiación se localizaron en el AMBA principalmente -en Chaco en menor medida-, los efectos de la paralización general de la actividad económica, resentida por el arrastre de una recesión que se prolonga desde 2018, castiga sin misericordia al conjunto de la población. De tal forma que las necesidades de vida, alimentos, trabajo, salud, educación, han pasado a ser prioritarios en la vida cotidiana.

En dicho marco, el presidente Fernández apura el plan post-pandemia. Otorgó el visto bueno para cerrar con los acreedores de la deuda externa respaldado por el FMI. Dibuja una salida política de cúpulas en nombre de la “unidad nacional”, para luego en el terreno concreto, poder sustentar una política laboral y territorial según las nuevas condiciones generadas, con predominio de políticas restrictivas y de ajuste permanente. 

Encadenados por una deuda fraudulenta

El gobierno marcha a cerrar el acuerdo con los acreedores de la deuda externa. Aquella dilación inicial que subordinó la vigencia del plan al cierre de la negociación cobró inusitado vigor, en el contexto desolador que presenta la condición económica y social del país. De allí que la decisión de llegar a un arreglo -como sea- se impuso definitivamente en el Frente de Todos. Significó una fuerte frustración en mucha militancia y cierto progresismo de izquierda, que jugó fuerte para desalojar al macrismo del gobierno, pero también apostó a romper con las ataduras dependientes de una deuda ilegítima cuyo pago cierra toda perspectiva liberadora.

El agravamiento de la crisis por los efectos de la pandemia y la prolongada cuarentena terminó con la dureza que originalmente había planteado el ministro de Economía. Justo cuando en el mundo se levantan cada vez más países que piden un jubileo, condonación o investigación previa antes del pago. No hubo decisión política de transformar una obligación de pago fraudulenta en una oportunidad, destinando los recursos en atender la emergencia social, alimentaria y laboral que afecta a nuestro pueblo. La última propuesta realizada por Martín Guzmán a los bonistas, luego de rectificar tres veces y ya en vísperas de cierre, significaron U$S 15.800 millones más y el plazo de gracia se redujo de tres a un año.

El grupo mayoritario BlackRock va por más y exige, antes de firmar, mayores seguridades contractuales. Dicho grupo tiene inversiones varias en el país, con participación accionaria en YPF, Telefónica, Coca Cola, Bayer y Chevron. Se calcula en U$S 3.000 millones la tenencia de títulos, en su mayor parte con legislación extranjera. Fue partícipe de la bicicleta financiera gestada por Luis Caputo con los bonos del tesoro (Bote) por lebacs en 2018, y puede transformarse en socio en el control de Vicentin S.A., según cómo avance la toma de posesión por parte del Estado. Efectivamente, BlackRock posee el 6% en la multinacional suiza Glencore, socia mayoritaria -junto con Vicentin-, de la firma Renova, la mayor productora de biodiesel y derivados de soja. Luego del fiasco que significó la intervención y expropiación de la cerealera, la circunstancia los puede encontrar juntos, pese a la calificación de “fondos buitres” que oportunamente les endilgara Cristina Kirchner en 2014. No han dejado de serlo, y eso torna más grave aún la decisión oficial de pagar una deuda fraudulenta.  

Otra vez: unidad nacional con quién

Los pasos iniciales en la gestación de acuerdos se dieron primero con los gobernadores y luego con el “grupo de los seis” integrado por lo más rancio del empresariado, UIA, AEA, Sociedad Rural, Cámara de la Construcción y también con la presencia de la CGT, como parte de un escenario de “unidad nacional” en un momento que el sostenimiento del régimen político atraviesa dificultades.

Demasiado pronto las intenciones de tocar intereses de los grupos hegemónicos o corporaciones favorecidos con el gobierno anterior, banqueros, extractivistas, empresas energéticas, cerealeras, etc., quedaron solo en el amague. Ni impuesto a las grandes fortunas, ni sistema de salud integral estatal, ni expropiación de Vicentin u otros tenedores de activos ilegales en el extranjero, ni castigo a los formadores de precios, ni penalidad alguna sobre los CEOs que han vilipendiado la nación, ni compensación alguna de los buitres radicados en el país.

Sobre tales consensos se gestó finalmente el diálogo con la dirección política de Cambiemos este lunes 13 donde, entre otras, el presidente reconoció que lo de Vicentin fue un error. En todo caso la reunión fue un intercambio ordenador de actos de gobierno: blanqueo de capitales, moratoria impositiva, presupuesto, reforma judicial etc, sin romper con las reglas del statu quo vigente.

Si los recursos no salen de arriba para recomponer una economía devastada, con pobreza por encima del 55%, reocupar mano de obra asalariada y oportunidad para nuestra juventud, entonces el “capitalismo decente” -como tildó el presidente- buscará extraerlos de abajo, en un intento de administrar la pobreza pero sin liquidarla. En todo caso será una decisión política a sostener, frente a un pueblo que reclama sus derechos sin haber sido derrotado y, en algunos sectores, no tiene nada que perder.

De allí que en la convocatoria de Olivos, el 9 de julio, fueron marginados representantes de las CTA, F-21, Cayetanos, CTEP, cooperativas, ambientalistas, etc, puesto que los lineamientos principales del plan van en sentido contrario a los intereses de los trabajadores o de un mayor bienestar. La presencia de Daer como jerarca de la CGT no los representa ni tampoco compensa aquellas ausencias. En ese vacío de protagonismo y en el abandono de la movilización por parte del Frente de Todos, descansa el aparente fortalecimiento de la derecha ortodoxa. La cruzada mediática habitual se complementa en este caso con la acción de calle que por momentos logra arrastrar y confundir a sectores medios disconformes con la corruptela; pero en definitiva es el rumbo político y el propio defensismo del gobierno, la base principal para el resurgimiento del binomio Macri-Bullrich.

La forzada crispación política frente a la muerte de Fabián Gutiérrez en Santa Cruz, calificada de “gravedad institucional” por Cambiemos, así como el mote de “odiadores seriales” del presidente contra el macrismo respecto a los acontecimientos en la 9 de Julio, constituyen temas menores en relación a la gravedad de la crisis que transcurre y a los efectos de la pandemia que puso al desnudo los cimientos del capitalismo globalizado. Ya nada será igual que antes, pero aquellos vaticinios iniciales en relación a un salto cualitativo surgido de la reflexión sobre la condición humana, han derivado en lo que hoy es una encarnizada lucha para ver quién carga con los costos de la crisis.  Como nunca en estos tiempos, la necesidad de un cambio real, sobre nuevas bases económicas políticas y sociales, está planteada.  Entrar en el debate estéril de la grieta no es más que mantener un juego ya fracasado, en lugar de romper con el capital monopólico para hacer realidad las aspiraciones revolucionarias de tantas generaciones.

Organizar la pobreza para elevar la lucha

El alza en el costo de vida, la emergencia alimentaria y sanitaria, los recursos genuinos que no aparecen, requieren una sostenida impresión de billetes cuyos efectos inflacionarios son inevitables. El IFE improvisado en cuarentena para sostener el consumo doméstico supone $90.000 millones por mes y abarca 9,2 millones de personas. Su permanencia definitiva o reemplazo por un ingreso universal, inferior al salario mínimo junto con la tarjeta alimentaria o plan de salario complementario, son parte de una economía de subsistencia. El trabajo genuino aparecerá cuando se diversifique la matriz productiva y se afecte la riqueza, cuestiones que este gobierno no está dispuesto a realizar. Mientras tanto se pretende organizar la pobreza o estimular la economía popular a la sombra de la estructura monopólica ya consolidada.

A su vez, frente a la pasividad del ministro de Trabajo, se incrementan los despidos y suspensiones, se rebajan los salarios, se desconocen las paritarias, y sin necesidad de reforma laboral rigen de hecho la precarización y flexibilización del trabajo. Va de lleno el rechazo a esta política y la negativa a sufrir las consecuencias, más allá de los efectos de la pandemia, frente a una crisis generada por el capital usurario y monopólico. La movilización callejera como las realizadas por las organizaciones territoriales combativas, jóvenes perseguidos en los barrios, movimientos democráticos, ambientalistas y, últimamente, los conformados para el no pago de la deuda externa, son parte de una Argentina distinta que se yergue a la par de los reclamos de los trabajadores de la salud, constituidos hoy en la avanzada sanitaria contra el virus. De igual forma el paro y protesta de los choferes UTA Córdoba como el de los Municipales poco antes, contra las rebajas salariales que se repiten en distintas provincias, van configurando una disconformidad latente donde aún no está dicha la última palabra. Más tarde o más temprano la confluencia de la clase trabajadora en sus distintas expresiones deberá intervenir resueltamente para que la rebelión popular sea una verdadera salida a la crisis. No habrá soberanía política sin democracia popular ni socialismo.

Andrés Zamponi