Brasil: una burguesía en su laberinto

Martes, 12. Abril 2016

Una crisis política de enormes proporciones se desarrolla en Brasil. La investigación judicial conocida como “Lava Jato”, está dejando al descubierto una telaraña de corrupción multimillonaria que involucra a personajes de la primera plana empresarial y política del país.

La investigación, que empezó hace dos años ya acumula más de noventa condenados y es considerado el escándalo de corrupción más grande de la historia de Brasil. El camino del dinero sería el siguiente: una serie de empresas constructoras locales, entre ellas las principales del mercado regional -Odebrecht y Camargo Correa- conformaron una asociación para asegurarse la obtención de los contratos que surgían de la expansión de Petrobras. Esto incluía el desarrollo de obras de diversa magnitud y también la provisión de combustible, todo con sobreprecios millonarios. Esos sobreprecios, que variaban entre el 1% y el 3% del valor de los contratos, iban a parar a manos de directores de la empresa petrolera y a funcionarios del partido gobernante y de los distintos aliados. Los que se han investigado son aproximadamente 50 contratos y se calcula que superan los 1.700 millones de dólares en sobornos. Entre las decenas de condenados hay figuras de renombre como el ex tesorero del PT, varios ex directores de Petrobras y el ex presidente de Odebrecht. Si hubiera voluntad política de continuar con la investigación, seguramente el calibre de los imputados iría en ascenso.
Sin embargo, el reclamo de impeachment (variante anglo-sajona de lo que aquí conocemos como juicio político) contra Dilma Rousseff, no está motivado en ningún delito vinculado a este escándalo, sino en el manejo deshonesto de las cuentas del Estado por parte de la presidenta, dibujar los números para aparentar un excedente presupuestario. Nada que no hayan hecho sus antecesores y cualquier gobierno contemporáneo. Ante tan floja causal de destitución, se vuelve notoria una motivación política detrás de la acusación judicial, y forma parte de un intento por truncar o condicionar la continuidad del PT en el gobierno. Si no alcanza para tumbar a Dilma, al menos tiene que servir para evitar el regreso de Lula en 2018, lo que implicaría completar veinte años consecutivos del PT en el poder. Para esta aventura se anotaron no sólo un sector del poder judicial, encabezado por el juez federal Sergio Moro, sino también gran parte de la oposición parlamentaria y el hasta hace muy poco oficialista PMDB (Partido del Movimiento Democrático de Brasil). Se suman los principales medios de comunicación y la primera plana del empresariado paulista, que no ahorró recursos para alentar las gigantescas movilizaciones del mes pasado: las principales entidades empresariales del Estado de San Pablo dieron a conocer públicamente los fundamentos para marchar. La Federación de Industrias de San Pablo insistió con su consigna “basta de pagar el pato”; la Asociación Comercial de San Pablo distribuyó remeras con el slogan “empresario aparezca, antes de que desaparezca”; el Sindicato de Empresas de Compra, Venta y Alquiler de Inmuebles de San Pablo llamaba a “Cambiar Brasil”; el Presidente de la Asociación Brasileña de la Industria Química y el Presidente de la Sociedad Rural Brasileña, pedían los días previos por “una salida rápida para la crisis política”.
Los motivos de la ruptura entre estos sectores de las clases dominantes y el gobierno que había sido de su confianza hasta hace muy poco, hay que buscarlos en la contracción económica que se agudiza a un ritmo del 3,8% para 2015 y ensombrece las perspectivas de los negocios, y en la intención de morder más parejo de la abultada renta petrolera que, según lo que muestran las investigaciones judiciales, está siendo administrada por un círculo demasiado estrecho. A esto se suma una oleada creciente de cierres de empresas pequeñas y medianas que no tiene final a la vista, un índice de desempleo que se duplicó en un año y ya supera el 8%. En lo que va de su segundo mandato, Rousseff ha tomado una serie de medidas de ajuste que tensaron más su relación con los sectores populares, y firmó dos acuerdos que le restaron enormemente el apoyo sindical con el que alguna vez contó: en acuerdo con el PSDB y PMDB entregó al sector privado reservas petroleras de Petrobras y decidió el congelamiento del salario mínimo y de los sueldos de los empleados públicos, para cumplir con el pago de la deuda a la banca. Así, Dilma perdió el apoyo de buena parte del bloque dominante que garantizaron su gobierno y el de Lula, y también se tiró en contra al conjunto de las clases populares.
El itinerario institucional que corresponde al impeachment está en marcha, por ahora en comisión y en breve involucrará al pleno de ambas cámaras del parlamento. Si bien las cartas parecen estar jugadas contra la continuidad de la presidenta, la incorporación de Lula al gobierno no es inocente. Por un lado le sirve al ex presidente de blindaje frente al acoso judicial, pero fundamentalmente dota al gobierno, en su momento más delicado, de la figura de mayor peso político del PT. La hoja de ruta del juicio político prevé la separación del cargo de la presidencia y la asunción del vice Michel Temer del PMDB, que acaba de desvincularse del gobierno. Cuando este procedimiento se aplicó a Fernando Color de Mello en 1992, en la antesala del juicio político, el presidente renunció. El problema de la sucesión prevista es que Temer también afronta denuncias opositoras en el Tribunal Superior Electoral porque su campaña en las elecciones de 2014 recibió dinero ilegal, lo cual podría acabar con el mandato de ambos a la vez. El tercero es Eduardo Cunha, que dirige la Cámara de Diputados, y que está en medio de un proceso en la Corte por corrupción asociada al escándalo de Petrobras. El cuarto sería el presidente del Senado, RenanCalheiros, pero también es investigado por el petrolão. Recién el quinto lugar en la línea sucesoria está ocupado por alguien sin cuentas pendientes en la justicia y es, precisamente, el presidente del Superior Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski.
Viendo el enredo y la falta de legitimidad en que podría meterse la continuidad institucional por esta vía, ya se empezó a escuchar a quienes, como la ex candidata ecologista Marina Silva, plantean “Ni Dilma ni Temer. Una nueva elección es la solución”. Aunque el adelantamiento electoral suene como una forma más legítima de resolver la crisis política en que está hundido Brasil, es otro espejismo.
Independientemente de cuan a fondo vaya la investigación judicial, y de cuantos heridos falten en el camino, lo que está quedando al descubierto no es tanto el enriquecimiento ilícito en términos personales de cada uno de los funcionarios públicos implicados, como el sistema de financiamiento ilegal, corrupto y antidemocrático de las campañas electorales en la democracia vigente. Las denuncias de corrupción involucran no solo al Partido de los Trabajadores (PT), sino que incluyen al Partido Progresista (PP) y al Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y al Partido de la Social Democracia Brasilera (PSDB). Oficialismos y oposiciones circunstanciales, socios y adversarios de ocasión, todos cultores de una decadente y maloliente democracia representativa, tan formateada por los grandes grupos económicos como defraudadora serial de las aspiraciones populares.
La actual fractura expuesta en la institucionalidad brasileña sólo tiene posibilidad de ser aprovechada por los trabajadores y el pueblo en la medida que su intervención dispute el protagonismo callejero desde una perspectiva crítica a la vigencia de un régimen político de fachada democrática, administrado invariablemente por los dueños de Brasil.Los avances que experimentó el nivel de vida de amplias masas populares en los primeros años del PT en el poder, se han ido desvaneciendo al ritmo que éste refrendó su compromiso con el statu quo. La crisis política vigente es la muestra de que el poder económico local prefiere un administrador más confiable para oxigenar sus negocios en plena recesión. Para el Brasil plebeyo, la aplicación de un programa de emergencia, que priorice garantizar trabajo, salud, educación, vivienda en base al no pago de la deuda externa, la utilización de los recursos del país para beneficio del pueblo trabajador, no está en discusión en ninguno de los poderes republicanos. Necesariamente debe ser el eje de los debates en las organizaciones sindicales, barriales, estudiantiles y del pueblo en su conjunto, para orientar una irrupción de los oprimidos con sello propio en esta crisis, que ponga a los de abajo en camino a un poder popular.
Leo Funes

Publicado en: 
Martes, Abril 12, 2016 - 09:15

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