¡Aborto legal ya! La lucha continúa en las calles

El pasado #8M, el derecho a acceder a un aborto legal, seguro y gratuito fue una de las principales reivindicaciones por la cual miles y miles salimos a las calles en todo el país. Sumando el grito de #NiñasNoMadres demostramos, una vez más, que la legalización de aborto es una medida de salud pública a tomar de forma urgente. Los sectores reaccionarios ligados a la iglesia católica y las evangélicas vienen demostrando, con los hechos ocurridos en las provincias de Tucumán y Jujuy, así como con las modificaciones propuestas en el nuevo proyecto de Código Penal, hasta dónde son capaces de llegar apoyados por lo más rancio del poder político. Por eso el impulso de la marea verde tiene que seguir adelante sin pausa. 

El proyecto del nuevo Código Penal contra nuestros derechos sexuales y (no) reproductivos

Recientemente el gobierno presentó un proyecto de modificación del Código Penal que, en líneas generales, contiene un mayor grado de punitividad, en un guiño hacia el núcleo duro de su electorado en momentos que cae su imagen presidencial. Las modificaciones propuestas relacionadas con nuestros derechos sexuales y (no) reproductivos, que son regresivas y apuntan a avalar las posturas anti derechos, despertaron un masivo rechazo desde el minuto cero y tenemos que prepararnos para hacerlo valer frenando esta reforma del Código Penal. En síntesis, el proyecto presentado continúa con la penalización de la práctica: sostiene la criminalización de las mujeres y de otras identidades con capacidad de gestar, así como de profesionales de la salud. Crea para ello la figura de “aborto culposo” y  “lesiones a la persona por nacer”. Con esta nueva figura de delito, se le otorga al feto un status jurídico determinado, ajeno y distinto al cuerpo de la mujer o persona gestante, en un intento de equipararlo a la persona ya nacida. Esta postura anti científica va en contra de la normativa vigente y solo se comprende en el intento de atacar nuestra lucha. Por otro lado, el proyecto toma la jurisprudencia del fallo F.A.L., pero lo hace de forma restrictiva, acotando el acceso a las interrupciones legales de embarazo -ILE- a “evitar peligro en la salud física o mental”, en vez de decir “salud integral”, un concepto más amplio sostenido por la Organización Mundial de la Salud y sobre el cual se ampara el colectivo profesional que en la actualidad garantiza el acceso a las ILE. Además no da cuenta de la ley de Identidad de Género, omitiendo en su texto a otras personas con capacidad de gestar. Por último, disminuye la pena para la mujer que se haya realizado un aborto por fuera de las causales de 1 a 3 años (actualmente es de 1 a 4 años), estableciendo que queda a discrecionalidad del juez “aplicar o no la pena”,  quedando sometido nuestro derecho a su merced. 

Lejos de toda perspectiva de salud pública, esta es la respuesta del gobierno nacional a nuestra pelea: que las mujeres del pueblo sigan muriendo en la clandestinidad, que continúen siendo criminalizadas y que se persiga con mayor poder punitivo a quienes garantizan un aborto. Hay que enfrentar a todos aquellos sectores políticos y grupos religiosos reaccionarios que impiden la legalización y obstaculizan el acceso a nuestros derechos como las ILE, porque si no avanzamos, intentarán hacerlo ellos y queda demostrado que no hay que darles margen. 

Nuevo proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo

El próximo 28 de mayo, la Campaña Nacional por el  Derecho al  Aborto Legal, Seguro y Gratuito, presentará en el Congreso, por octava vez, un proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Un punto a resaltar, es que a  diferencia del proyecto que tuvo media sanción en diputados, este texto no incluye la objeción de conciencia, que cuestionamos el año pasado por ser contraria  al acceso de nuestro derecho. El proyecto establece como sujeto de derecho a interrumpir un embarazo a las mujeres y otras identidades con capacidad de gestar, quienes podrán acceder a un aborto voluntario legal y seguro hasta la semana 14 de gestación inclusive, en los tres sectores del sistema de salud (público, de seguridad social y privado), de forma gratuito. Más allá del plazo de las 14 semanas de gestación, las mujeres y otras identidades con capacidad de gestar tendrán derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo en caso de violación o si corre riesgo la vida o su salud integral, esta última entendida como el estado de completo bienestar físico, mental y social (tal como la define la Organización Mundial de la Salud). Además propone la completa despenalización de las personas que deciden abortar, es decir, no conlleva medida punitiva alguna pasadas las 14 semanas de gestación. Por último, contempla la garantía de derechos ya adquiridos, como ser el acceso a la educación sexual integral y a la anticoncepción. 

Más allá del apoyo que brindaremos al proyecto, es legítimo preguntarse si, luego del rechazo del 2018, el camino parlamentario es el más óptimo para desarrollar nuestra lucha en el año del recambio presidencial, en donde los bloques mayoritarios tendrán su centro de preocupación en sumar porotos, con poca distinción de que sean “verdes” o “celestes”.

Confiando en nuestras propias fuerzas, tenemos que prepararnos desde cada lugar de trabajo, barrio y estudio para ganar las calles de cara a la nueva presentación del proyecto de legalización del aborto. A la par, seguir peleando en cada efector de salud para que se concrete el acceso a las ILE impidiendo el accionar de los celestes reaccionarios y acompañar y defender a los grupos y profesionales que la garantizan, cuando son atacados. 

Ya está demostrado que podemos ser cientos de miles en las calles, a la masividad ahora tenemos que dotarla de la combatividad necesaria para poder torcerle el brazo a los anti derecho, al gobierno nacional, al PJ y todos los sectores que se oponen a nuestro derecho, hasta conquistarlo. 

Julia Quinteros