Demandas populares por encima de promesas electorales

Se apresuran los tiempos y la polarización entre Scioli y Macri ha restado chances al candidato del Frente Renovador. Al cierre de la inscripción de alianzas aparecen muy afectadas las posibilidades presidenciales de Sergio Massa, cuya tesitura de “ir por el medio” no alcanzó para convencer y contener al núcleo duro de intendentes pero¬nistas del conurbano, que así como lo rodeó ante su triunfo en 2013 hoy lo abandona, sin escrúpulos, para volver al tronco de la ortodoxia del PJ-FPV, que le inspira mayor garantía de preservar privilegios y control territorial. El intendente de Tigre sabe bien de estas cosas. Los principios y lealtades brillan por su ausencia, son más para el discurso y la falta de ellos contamina todos los estratos de la dirigencia políti¬ca, no sólo del PJ sino también de la UCR y del PRO. Detrás de los que hablan de la “nueva política” o los “nuevos métodos” o la “nueva dirigencia” en realidad están los grandes grupos económicos y la gran burguesía local que pretende consensuar electoralmente, ya con uno u otro candidato, la continuidad de una política de abultamiento de sus ganancias que supone a su vez mayor extracción de plusvalía, mayor precarización laboral y mayor entrega de los recursos naturales estratégicos de la nación.
El círculo virtuoso de commodities altos, devaluación previa y moratoria de la deuda posibilitó al kirchnerismo disponer de cuantiosos recursos con los que asistió al armado de una red social y orientó en parte al consumo interno, a la vez de favorecer y en¬cumbrar a nuevos millonarios como el grupo Indalo de Cristóbal López, Electroingeniería, Báez u otros como Irsa, Eurnekian y sobre todo grandes banqueros (con utilidades 74% ma¬yores a 2013). El mismo tocó fondo y, luego de 12 años, el capitalismo mo¬nopólico requiere una nueva vuelta de rosca para su reproducción.
Esta es una realidad que también deberá enfrentar el oficialismo en el caso que gane el FPV, y mientras los grandes grupos tienen mayor proble¬ma con Cristina, la continuidad con cambio que expresaría Scioli lo torna un candidato más permeable a sus intereses. De allí que los dos presi-denciables con mayor posibilidad a la fecha gozan del consentimiento del establishment y si bien sus estructu¬ras políticas reconocen apoyaturas sociales diferentes, lo fundamental es su coincidencia en la aplicación de una política de recomposición del gran capital monopólico trasladando la crisis sobre el pueblo trabajador.
Los aprestos para designar a repre¬sentantes de Techint o Arcor en la presidencia de la UIA próximamente se orientan en sentido devaluacionis¬ta, o al menos de mayor presión por parte de los grandes grupos expor¬tadores locales. De allí que ambos equipos de asesoramiento econó-mico (Bein o Melconian) cuando ha¬blan de la política a futuro coinciden en tramos determinantes como el pago a los buitres, cambio competi¬tivo sin cepos, afectación del gasto social, fortalecimiento de la concen¬tración económica, etc. De allí tam¬bién la malversación de los fondos públicos que hacen los candidatos para garantizar suntuosas campañas electorales con promesas generales incumplibles e intencionadamente falsas.
Un plebiscito que no entusiasma
Aun faltando pocos meses para la elección final no hay entusiasmo po¬pular. Salvo lo generado por los me¬dios y la militancia callejera escasa, el pueblo no advierte mayores diferen¬cias programáticas ni encuentra ca¬ras distintas. Por el contrario muchas son figuras repetidas que han hecho de la función pública y de la política una forma de vida y llevan gozando de sus fueros, dietas y privilegios por encima de los 20/25 años (Bancala¬ri, Bulrich, Carrió, Camaño, etc). Se perpetúan prácticamente desde el inicio del menemismo, inmunes al “que se vayan todos” de 2001. Y más allá del color partidario que asuman, son corresponsables directos de las políticas cuyos resultados a la fecha mantienen al 70% de jubilados y al 50% de los trabajadores formales por debajo de los $6000, los niveles de pobreza por encima del 25%, alta marginación social, al igual que nar¬cotráfico, corrupción y barras bravas al amparo del poder político, endeu¬damiento y entrega de recursos es¬tratégicos, etc.
Nadie puede hacerse el distraído y menos los núcleos dirigentes aferra¬dos a un régimen “democrático” ago¬tado y funcional a los intereses mo¬nopólicos, al cual revalidan y cubren de legalidad con cada llamamiento electoral. Será tal vez ésta la forma de “cumplir con la república” o de “sanear la democracia” que tanto ju¬ramentan en el discurso. Al respecto, una encuesta de Management&Fit realizada a la fecha, arroja que la desconfianza en las instituciones vinculadas al estado, parlamento, gobierno y poder judicial prome¬dia un 73%. No se trata de una de-mocracia inmadura como si al pasar del tiempo o con la participación de nuevas camadas de jóvenes se la pudiera limpiar o profundizar. Por el contrario, es un régimen absoluta¬mente controlado y funcional a las reglas del mercado, tutelado por el gran capital, cada vez más restrin-gido y mercenario, que hay que de¬rrumbar en lugar de legitimar.
Un salto cualitativo en la lucha concreta
La contracara de aquella ‘institucio¬nalidad’, violada por sus propios de¬tentores, se expresa en el vigor de las demandas concretas efectuadas por los trabajadores. Mayo llegó con luchas, tal cual expresamos en el número anterior, y el alto nivel de re¬clamos salariales y laborales de me-talúrgicos, bancarios, gráficos, esta¬tales, alcanzó su punto máximo en la huelga de los obreros aceiteros, que luego de 25 días con bloqueos y piquetes rompieron el tope paritario oficial y obtuvieron un salario inicial equivalente al costo de la canasta general. El sentido cualitativo de tal conflicto, al igual que el recien¬te paro nacional del 9/6 precedi¬do por el bloqueo de puentes por parte de fruticultores y obreros en el sur del país -al que se agrega, de alguna manera, el estruendoso grito contra el femicidio el 3/6- , configuran un escenario que des¬borda la institucionalidad mencio¬nada y cuyo contenido requiere de nuevas formas de democracia popular, donde las resoluciones directas elevadas al plano de la política no puedan luego ser defor¬madas por elecciones amañadas y devenidas en verdadera estafa a la voluntad popular. Ello requiere, por supuesto, de políticas revolucio¬narias que incentiven la unidad po¬pular y que denuncien este callejón sin salida en que se ha transformado el régimen democrático para los inte-reses populares. En lugar de soste¬ner la institucionalidad gran burgue¬sa endulzados por la posibilidad de consagrar uno o muchos diputados, el progresismo de izquierda debería sumarse a la lucha por desconocerla y trabajar para tirarla abajo.
Hacia una democracia popular
Luchamos por la construcción de una nueva democracia de carácter popu¬lar, fundada sobre bases económicas fundamentalmente estatales, contro¬ladas por los trabajadores y sin mo¬nopolios. Esta será la única manera en que la lucha desborde los frenos de la burocracia y las demandas rei-vindicativas se profundicen hacia de¬mandas políticas y formas nuevas de participación popular que no puedan ser cajoneadas o vaciadas, como su¬cede habitualmente en el parlamento o en los estrados judiciales.
Lo que se gana o reclama en el terre¬no concreto de la lucha de la fábrica, en las aulas, los barrios y los cam¬pos, se pierde o delega luego en el terreno electoral, armado justamente en la lógica de la renovación sistemá¬tica de los candidatos, impuestos por las estructuras políticas de las gran-des patronales que derivan los cos¬tos de la crisis hacia abajo. Tampoco alcanza con el voto a candidatos de izquierda en la medida que siempre serán una porción testimonial, con derecho a pataleo pero nunca con posibilidad de volcar decisiones po¬líticas que dañen los intereses de las clases dirigentes. No es un dato nuevo la presencia de legisladores de izquierda en el Congreso. Casi siempre los hubo, y sin embargo los cambios reales o quiebres de crisis profundas vinieron de las grandes puebladas o insurrecciones popula¬res como en la reforma del 18, oc¬tubre del 45, el cordobazo del 69, el porteñazo de 2001, etc.
No estamos en el inicio del proceso democrático como en 1983. Han pa¬sado ya 32 años, y el auge de luchas en curso, con todos los condimentos previos y posteriores a la jornada de lucha nacional del 9 de junio, requie¬re que las mismas se extiendan y pro¬fundicen mucho más allá de octubre. Constituyen el mejor antídoto contra cualquier proyección por derecha y por lo tanto apostamos a su continui¬dad, profundización y organización, llamando al voto en blanco, el no voto o el voto programático. Frente a la hipocresía de un régimen en des¬composición, en lugar de legitimarlo hay que luchar para deponerlo. In¬tervenimos políticamente enarbolan¬do un programa para la coyuntura que impulse y organice el voto de la bronca, porque gane quien gane seguirán gobernando Monsanto, Techint y los banqueros.

Andres Zamponi