Patagonia en llamas

La Patagonia vive una de las crisis más devastadoras de los últimos tiempos debido a los incendios forestales que arrasan con grandes extensiones de bosques, afectando gravemente tanto al ecosistema como a las poblaciones locales. Los incendios que desde hace semanas afectan las provincias de Chubut, Río Negro, y Neuquén, continúan expandiéndose, mientras que las autoridades nacionales ni se inmutan y las provinciales responden con persecuciones y acusaciones falsas.

En las últimas semanas, los incendios en la región han crecido de forma alarmante, afectando sobre todo la zona cordillerana. Uno de los focos más intensos se encuentra en la Comarca Andina, en localidades como Mallín Ahogado, donde los brigadistas han trabajado incansablemente para contener las llamas. Sin embargo, las condiciones meteorológicas, con fuertes vientos y altas temperaturas, han hecho que las tareas de contención sean extremadamente difíciles. Según los últimos reportes, los incendios arrasaron con más de 20.000 hectáreas de bosques nativos: un golpe devastador para la biodiversidad local y la economía regional.

La situación en la Patagonia no solo afecta a la flora y fauna de la región, sino también a las comunidades locales, muchas de las cuales se encuentran evacuadas o en situación de alto riesgo. Al cierre de esta edición, las llamas estaban llegando al centro de El Bolsón donde más de 700 familias fueron evacuadas.

El gobierno, ausente con aviso

Tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales están ausentes con aviso. Tal es el caso de Río Negro y Chubut, dirigidos por Alberto Weretelinek e Ignacio Torres respectivamente, quienes solo se dedican a direccionar culpas “a lo Bullrich” para sacarse el problema de encima: en el primer caso avalando las detenciones arbitrarias de brigadistas y el segundo apuntando al turismo proveniente de Buenos Aires. 

El gobierno nacional que encabeza Milei, declarado negacionista del cambio climático y en contra de cualquier cuidado ambiental, decretó que el Sistema Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) quedara bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de Nación, a cargo de la provocadora Patricia Bullrich, reduciendo considerablemente las partidas destinadas a Ambiente y Parques Nacionales.

Para tapar que su ministerio no está haciendo nada contra los incendios, Bullrich acusó penalmente al referente mapuche Facundo Jones Huala, señalándolo como el responsable de los incendios, por supuesto sin pruebas. 

Represión a brigadistas y detenciones injustificadas

En las últimas horas la Justicia de Río Negro ha realizado una serie de detenciones y persecuciones a brigadistas y voluntarios que luchan por contener los incendios. El Fiscal Francisco Arrien ordenó la detención y el allanamiento y secuestro de celulares de al menos seis brigadistas acusados de estar involucrados en los incendios. Estas detenciones se basan en pruebas poco serias. Dos de los brigadistas ya fueron liberados.

Esto generó la indignación popular y varios sectores salieron a protestar por las detenciones arbitrarias, acusando al fiscal Arrien de desviar la atención de la falta de preparación y de respuesta del gobierno frente a la crisis y también por el hecho de que los verdaderos responsables de la propagación de los incendios siguen sin ser identificados ni perseguidos. Los que se movilizaron a la comisaría de El Bolsón para exigir la liberación de los brigadistas fueron sorprendidos por grupos de “gauchos” paraestatales vinculados a las patotas del magnate inglés Lewis, el mismo que se apropió de la Laguna Escondida. Los jinetes arremetieron a rebencazos contra los manifestantes, en la cara misma de la policía provincial. 

La respuesta popular: solidaridad y lucha

A pesar de la falta de acción del gobierno y de la represión a los brigadistas, la solidaridad de la comunidad local y de organizaciones sociales sigue siendo fundamental. Grupos de voluntarios han llegado desde distintas partes del país para colaborar con las tareas de contención y evacuación. En todo el país se organizan donaciones para colaborar con la situación.

La Patagonia cordillerana es una zona de pequeña producción; donde comunidades originarias reclaman su derecho a tener en dónde vivir; en donde el turismo se desarrolla en distintas modalidades, siendo muy popular el viaje tipo “mochilero”. Si desde hace un tiempo todo esto contrasta con la gran propiedad que acapara tierras y paisajes, al avance del negocio inmobiliario ligado al turismo de lujo se suma la potencial depredación de recursos naturales, vía las ventajas que ofrece el RIGI. Quienes manejan esos negocios no tienen interés en preservar el medio ambiente; más bien buscan privatizarlo o, en el más extremo de los casos, destruirlo. Aquí es donde hay que buscar la respuesta a la parálisis de los gobiernos provinciales y del gobierno nacional, así como su búsqueda de “culpables”. 

El apoyo a los brigadistas, los voluntarios y los pobladores debe estar ligado a la denuncia de estos intereses, y a la lucha por expulsarlos de la Patagonia y del país.

Marcela Stein