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Cambiemos: criminalizando a los extranjeros
Desde el gobierno nacional se estigmatiza y criminaliza al migrante, a contramano de la histórica tradición migratoria argentina, e incluso de las políticas migratorias de los últimos tiempos -la Ley de Migraciones 25.871, de 2003 y su decreto reglamentario Nº616/2010, del año 2010-. Mauricio Macri en su DNU, firmado el 27 de enero de 2017, retrotrae la situación jurídica-legal de los inmigrantes en Argentina a los años más oscuros de nuestra historia, ya que la Ley 25.871 derogó un decreto-ley de 1981 de la dictadura genocida de Videla y compañía.
El Gobierno enfoca una política migratoria restrictiva, con grises administrativos, que permiten vulnerar los derechos humanos de las personas extranjeras que residan en nuestro país, a contramano incluso de lo que dicta nuestra constitución, realizando un trato diferente para las personas que no tengan la nacionalidad argentina.
Al servicio de esta repudiable política de estado no faltaron las declaraciones de distintos ministros, como el caso de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien acusó que el 33% de los detenidos por delitos relacionados con narcotráfico en ese país son por inmigrantes “peruanos, paraguayos y bolivianos”. Este dato no solo es xenófobo, discriminador y fascista sino que, por sobre todas las cosas, es falso. El dato de la ministra solo hace referencia al Servicio Penitenciario Federal y no al total de la población carcelaria argentina. Como dicen desde el CELS al comparar dos universos distintos, presentó un panorama recortado y exageró el impacto de los extranjeros en la problemática1. No les tiembla el pulso para aplicar políticas restrictivas y gobernar por decreto, mucho menos titubean al momento de tergiversar la realidad al servicio de sus intereses.
Según el último Censo del año 2010 en la actualidad Argentina tiene un 4,5% de extranjeros, lo que equivale a 1.805.957 de personas -30,5% de personas paraguayas, un 19.1% de bolivianas; un 10,6% de chilenos; un 8,7% de peruanas; un 8,2% de italianas y un 5,2% de españolas, 0,2% de personas tienen su origen en África y Oceanía y un 0.5% en China2.
El “problema de los extranjeros” en los delitos de drogas es mucho menor que el problema de los argentinos con las drogas, de acuerdo a datos del Ministerio de Justicia, relevados por el CELS, se trata de una población de 1.426 personas, lo que representa, aproximadamente, el 0,06% del total de extranjeros del país.
El Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, presentó el sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API), una de las herramientas con las que el Gobierno busca regular y restringir el ingreso a ese país de extranjeros con antecedentes penales y acelerar la salida de aquellos que sean condenados por delinquir. Haciéndose eco de la xenofobia de Cambiemos declaró: “Tenemos demasiado ya para lidiar con nuestros propios delincuentes como para también tener que lidiar con los que vienen de otros países, precisamente, porque los expulsan”.
Si al gobierno nacional le preocupan los extranjeros que participan en el narcotráfico, la normativa vigente brindaba las herramientas que permitirían limitar la residencia de una persona que cometió ese tipo de delito. La estrategia del gobierno nacional, en cambio, parece ser la estigmatización de las personas migrantes, instalando socialmente –mediante sus propios representantes y sus medios amigos- discursos discriminadores y racistas. Una vez más el gobierno, al hablar de los inmigrantes como responsables de los problemas estructurales argentinos, los utiliza de chivo expiatorio y no atiende ni resuelve los problemas sociales de la Argentina.
Ana Shultz
Notas
1 “Pedimos al Gobierno diálogo y no estigmatización de los extranjeros” Gastón Chillier, director ejecutivo y Diego Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal del CELS, para Telam.
2 Informe sobre la Argentina Situación de los derechos humanos de las personas migrantes. Noviembre 2016
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