Defender los ingresos populares

El fogonazo inflacionario de Milei, producto de la devaluación de diciembre de 2023, tuvo fuerte impacto en los primeros cinco meses de su gestión, para luego estabilizarse por varios meses en torno al 4%, romper la barrera del 3% en octubre y cerrar noviembre en 2,4%. Se trata del principal caballito de batalla del gobierno, a sabiendas de que la inflación era el principal problema identificado por la población el año pasado, durante las elecciones. Mantener ese descenso es condición para la estabilidad social y económica del proyecto oficialista. En el número anterior de no transar exploramos las razones detrás de la baja de la inflación, muy relacionadas entre sí: 

1. El recorte de los gastos e inversiones del Estado (jubilaciones, planes sociales, obra pública, salarios públicos, presupuesto estatal) hasta obtener un superávit fiscal, para limitar el endeudamiento corriente del sector público y el pago de intereses con emisión.

2. Una política de restricción de la emisión monetaria, que limita la cantidad de pesos en circulación para mantener el valor de la moneda.

3. Un ancla cambiaria, es decir, una política de “dólar barato” que pone techo a los precios en pesos.

4. Una recesión, es decir, la disminución de la actividad económica acompañada de una caída de los salarios reales, el consumo y las importaciones, lo que limita la demanda y empuja los precios hacia abajo.

En aquella entrega señalamos el problema de la sostenibilidad del modelo, en relación a la escasa capacidad de comprar dólares y recomponer las reservas del Banco Central (BCRA), clave para afrontar los vencimientos de deuda a partir de 2025. Y si bien el exitoso blanqueo de capitales le dio respiro a un esquema inestable, se trata de una medida de única vez.

Por otro lado, también mostramos cuáles fueron las consecuencias del esquema en términos de caída de salarios, jubilaciones, consumo y de la redistribución regresiva del ingreso. Al respecto, el golpe a los ingresos populares es presentado por el gobierno como un mal necesario de carácter transitorio, un sufrimiento inicial para después estar mejor. Sin embargo, el sostenimiento de un esquema de dólar barato, la proyección de nuevas reformas a la legislación laboral y el impulso de paritarias “a la baja” hablan de la intención por consolidar la caída de los ingresos y hacer de la mano de obra barata uno de los pilares de la economía argentina. 

¿Qué pasa con los salarios?

La política económica de Milei tiene como pilar, entre otros, promover la disminución de la actividad económica y del consumo para bajar la inflación. La caída de los salarios colabora con ese objetivo, ya sea como consecuencia de la recesión o como causa de la caída del consumo.

Existen diversos síntomas de lo anterior. Primero, los índices de pobreza (50% en el tercer trimestre) superan largamente a la desocupación (~8%), más allá de calcularse sobre poblaciones totales diferentes. Asimismo, el Salario Mínimo Vital y Móvil ($271.571 en noviembre de este año) es un 31% inferior al de hace un año y se encuentra bastante por debajo de la Canasta Básica Alimentaria, calculada en $439.240, que establece la línea de indigencia: un trabajador con salario mínimo no puede alimentar de manera suficiente a su familia, ni hablar de mantenerla. En tercer lugar, el salario promedio del sector formal ($1.146.000 en octubre) se ubica no muy por arriba de la línea de pobreza marcada por la Canasta Básica Total ($986.000 en el mismo mes), la cual no contempla el costo del alquiler en el presupuesto familiar, siendo que el 30% de los habitantes del país son inquilinos. 

En definitiva, hace largos años que la pobreza ya no es patrimonio exclusivo de los desocupados: la figura del trabajador formal y pobre llegó para quedarse, como pieza clave de la reproducción del capital en Argentina.

En cuanto a la evolución del 2024, el año estuvo atravesado por paritarias debajo de la inflación, por ello los trabajadores aún no han recuperado una parte considerable del ajuste aplicado sobre sus salarios en los primeros tres meses de Milei, los más inflacionarios.  Según un informe de Fundar, la comparativa entre septiembre 2024 y noviembre de 2023 muestra el fenómeno: entre los asalariados formales del sector privado (los menos perjudicados), el retroceso salarial fue del 8% en promedio (es decir, considerando la masa salarial del período completo) y del 3% de punta a punta (nov23-sep24); los informales (“en negro”) cayeron un 19% promedio y 13% entre puntas; y los empleados públicos un 23% y 16%, respectivamente. Cifras similares maneja del último informe de CEPA (8/12), donde se afirma una caída promedio del 9,6% desagregada en -1,5% de los privados, -16% del público y -20% del informal. No obstante, añade dos datos importantes. Por un lado, si se utilizan para el cálculo de la inflación a los ponderadores de Encuesta General de Hogares 2017/2018, el retroceso del poder adquisitivo es aún peor. Además, indica que la pérdida de puestos de trabajo (260.000) supuso un retroceso de la masa salarial total del país (-3,7%), es decir, el conjunto de la población trabajadora recibe mensualmente menos plata que el año pasado.

A todo esto, vale recordar que las comparaciones son respecto a los salarios de noviembre de 2023, los cuales venían de un año y medio de crisis económica severa, que caracterizó a la gestión de Massa frente al Ministerio de Economía. En su conjunto, el gobierno de Alberto Fernández cerró su mandato con una caída salarial promedio del 5% respecto a la asunción (diciembre 2019), particularmente dolorosa para los trabajadores informales (-33%), según cifras del INDEC. Tendencialmente, la clase obrera argentina atraviesa una década de caída en picada.

Volviendo al 2024, visto en términos absolutos, el trabajador promedio del sector privado ha perdido más de un millón de pesos durante los primeros 10 meses de Javier Milei, monto similar al enajenado por Mauricio Macri en el mismo período. Entre los empleados públicos (administración pública, docencia, salud) la cifra alcanza los tres millones de pesos, el doble de lo perdido con Macri. 

Para colmo, la reducción sostenida de la inflación y la expectativa de que mantenga ese curso empuja a empleadores y burocracias sindicales a firmar acuerdos salariales mirando las proyecciones futuras de la inflación (de cifras menores), en lugar de mirar hacia atrás (cifras mayores) para intentar recomponer lo perdido. La tibia recuperación de ingresos -fundamentalmente del empleo registrado privado- tendió a estancarse en la segunda mitad del año. 

Por su parte, una parte significativa de los ingresos de la población depende de decisiones del gobierno, tales como los salarios del sector público (administración pública, docencia, salud, fuerzas de seguridad, etc.), los programas sociales y las jubilaciones, que requieren la colaboración del Congreso para modificar la fórmula de cálculo. La disminución de salarios públicos, haberes y transferencias sociales colabora con el objetivo de mantener el superávit fiscal: no se trata de una consecuencia indeseable o arbitraria, sino un aspecto nodal del plan. 

Jubilaciones y planes sociales

Los haberes tuvieron una evolución irregular. Y si bien el sablazo en los primeros meses fue compensado en el corto plazo con un cambio de la fórmula de cálculo, fue perjudicial en el mediano plazo: si se hubiera mantenido la fórmula anterior, la recuperación hubiera sido un 20% mayor, según el informe de CEPA de diciembre. 

Los jubilados con dos haberes mínimos o más pudieron recuperar durante el año lo perdido en el inicio del período Milei y ubicarse al término del 2024 un 12% por arriba. No obstante, al igual que los salarios, las jubilaciones de noviembre estaban en el piso de 2023. Si retrocedemos en el tiempo, los haberes actuales están un 20% por debajo de los observados en enero de 2023. Quienes cobran la mínima con bono, por el contrario, hoy se encuentran un 6,6% debajo de hace un año. Hood Robin ajustó más a los que menos tienen.

No obstante, además de la situación de los haberes hay que considerar los recortes de los medicamentos del PAMI, que suspendió la cobertura del 100% y, salvo trámite de por medio, solo subsidiará entre el 50% y 80% de los mismos, dejando el resto pesando sobre el flaco bolsillo de los jubilados. La canasta del jubilado tiene una importante proporción de gastos en salud, tal que una disminución en la cobertura de los medicamentos impacta fuertemente en su realidad cotidiana, la que solo se podrá medir con el correr de los meses.

Por otro lado, el panorama en los programas sociales es diverso, dada la estrategia que el gobierno adoptó para intentar neutralizar la lucha del movimiento piquetero suspendiendo la entrega de alimentos a los comedores y vaciando los planes sociales vinculados a la contraprestación laboral, las cooperativas y la llamada “economía popular”. Así, mientras la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibió un aumento promedio del 27% en términos reales durante 2024, el Volver al Trabajo (ex Potenciar) se redujo en un 46% y la Tarjeta Alimentar cayó un 16%. En el medio, el gobierno dio de baja decenas de miles de planes sociales y suspendió aún más, con diversas excusas sobre los criterios de asignación y el no completar una encuesta digital. Si se considera ese retroceso en la cantidad de titulares de los programas sociales, globalmente el sector desocupado no se vio beneficiado sino perjudicado por la política social libertaria, capitaneada por la ministra Petovello. 

En definitiva, la depresión de los ingresos populares es uno de los pilares fundamentales del modelo económico de Milei. Unificar y promover la lucha de los diferentes sectores por mantener el poder adquisitivo de sus ingresos no solamente constituye un acto de justicia y una necesidad concreta, sino además un golpe político al corazón del proyecto libertario. Avancemos en esa dirección. 

David Paz