Hacia la profundización de la crisis en educación

En los últimos años, Argentina ha implementado una serie de reformas educativas que, aunque buscan mejorar los índices de alfabetización y los resultados académicos, han revelado una profunda crisis en el sistema educativo. Estas reformas, en su mayoría, han sido impulsadas en un contexto de aumento de la pobreza y el desempleo que afecta a una gran parte de la población y que ha conducido a una creciente precarización docente y a una degradación educativa que se manifiesta en los múltiples niveles del sistema educativo y las distintas pruebas evaluativas aplicadas por las carteras educativas.

Las reformas educativas han estado marcadas históricamente por un proceso de descentralización iniciado en los años 50 en la escuela primaria y profundizado en la escuela secundaria por la “modernización” menemista del estado en la década del 90, la cual descargó sobre las provincias las responsabilidades educativas sin un adecuado financiamiento y terminó por fragmentar los contenidos curriculares y la formación docente. 

En esta línea, la apertura económica y desregulación neoliberal buscó adaptar el sistema a las realidades locales y proveer de mano de obra “educada” acorde a las necesidades de los monopolios.    

Por su parte, durante la pandemia, la implementación del aislamiento social preventivo obligatorio y la carencia de dispositivos tecnológicos y recursos entre la población estudiantil favoreció la instrumentación de medidas flexibilizadoras de promoción automática que afectaron fuertemente los procesos de enseñanza y aprendizaje, y que son reflejados en varios informes e investigaciones. En este sentido, de acuerdo a un estudio de Unicef Argentina, Unicef Uruguay y Unesco que analizó los datos del Relevamiento Anual 2022 de la Secretaría de Educación y la Prueba Aprender 2023 de primaria, ingresan al nivel medio 160.000 chicos y chicas sin estar alfabetizados; es decir, a pesar de no haber repetido, 1 de cada 3 estudiantes promovidos, no logran adquirir las habilidades esenciales en lecto-escritura necesarias para alcanzar aprendizajes en todas las materias. 

Según la investigación realizada por el Observatorio Argentinos por la Educación (2022) que analizó datos oficiales, a pesar de la obligatoriedad de la educación en la Argentina, de cada 100 estudiantes que inician la escuela primaria, apenas 53 llegan al último año de la secundaria en tiempo y en forma; y de éstos, solo 16 alcanzan conocimientos y habilidades aceptables en Lengua y Matemática. Además, de cada 10 que arrancan la secundaria, la mitad llega a 6to año y de éstos solo egresa el 75%.

A pesar de los alarmantes indicadores, desde hace décadas los gobiernos nacionales y provinciales impulsan programas superficiales que buscan maquillar en las estadísticas los nefastos resultados sin atacar las bases estructurales del problema educativo: el agravamiento de las condiciones materiales de vida de los trabajadores y el pueblo y la descomposición social que genera el capitalismo dependiente. 

En este marco, a través del decretos, leyes y resoluciones del Consejo Federal de Educación, el gobierno nacional y las provincias vienen avanzando en la implementación de planes de alfabetización y reformas educativas que pretenden abordar los problemas de la educación, modificando la estructura de la organización escolar, el curriculum y las condiciones de trabajo de la docencia. 

El Plan de Alfabetización de Milei

En respuesta ante este panorama el gobierno de Milei lanzó un plan de alfabetización que contempla la elaboración por cada provincia de una propuesta alfabetizadora, mientras que la Secretaría de Educación se comprometió a financiar la creación de la Unidad Nacional de Alfabetización, la distribución de libros, instancias de evaluación y la aplicación del programa “Una Hora Más” que extiende la jornada escolar

A mediados de febrero, a través de la resolución 465/24, se firmó el documento “Compromiso Federal por la Alfabetización” que estableció las orientaciones de política educativa en torno a la adquisición de habilidades básicas de lectura y escritura, coincidiendo con el anuncio de la eliminación de la paritaria nacional docente y el incentivo docente, luego de una brutal devaluación de más 50% en diciembre de 2023. En el mismo se consigna la escuela como principal responsable de la tarea alfabetizadora para plantear, no obstante, un plan integral de alcance federal y comunitario, es decir, cuya ejecución depende de las provincias, y para el cual se plantea el involucramiento de múltiples actores del sector público y privado, ONGs, movimientos sociales, etc.; en una suerte de delegación de la tarea educativa a terceros para la utilización eficiente de recursos en sintonía con el ajuste fiscal.

Con la Resolución 471 suscripta a fines de mayo, se retoma lo actuado en la resolución de febrero y se agregan los planes provinciales de alfabetización, priorizándola en los primeros años de escolaridad. Además, se crea la Unidad Nacional de Alfabetización y se fijan los convenios entre nación y provincia como modalidad de financiamiento de la entrega de libros, la formación docente y la implementación de las líneas de acción definidas. Entre ellas, se reafirma la “colaboración comunitaria” por medio de la participación de familias, organizaciones de la sociedad civil y otros actores comunitarios en el proceso de alfabetización, relegando la centralidad de la figura docente y desvalorizando su formación.

Vaciamiento curricular y precarización docente 

En septiembre, el gobierno de Jorge Macri anunció un plan de reforma de la escuela secundaria que comenzaría en marzo del año que viene en 30 escuelas piloto de la CABA y se extendería luego al resto del sistema. Partiendo del diagnóstico de la caducidad de un formato escolar que ya no respondería a las necesidades de la sociedad del conocimiento del siglo XXI, impulsa fuertes modificaciones sobre el régimen de promoción, organización del cursado y la planta docente, bajo un enfoque de “avance continuo” sin materias previas ni repitencia por año, sumado a un esquema de progresión por niveles, lo cual implica la posibilidad de concurrencia simultánea en una aula integrada por estudiantes de diferentes edades y desarrollo cognitivo-emocional. La propuesta parte del supuesto de que es la escuela la que debe adaptarse a la característica particulares de cada estudiante, dividiendo la estructura curricular entre materias principales obligatorias y talleres opcionales. Además, las materias optativas-talleres se organizan bajo la lógica de espacios interareales, de los cuales algunos tendrán carácter obligatorio y otros no, para que los estudiantes elijan en base a sus intereses. Este carácter de cursado no obligatorio viabiliza la opción virtual, o al menos la opción de tomar clases presencialmente pero no necesariamente trabajando con un docente a cargo.

Con similitudes, el caso bonaerense coincide con otras reformas en varias características, planteando una actualización del régimen académico que consiste en modificar la organización del año escolar que, en lugar de dividir el año en tres, pasa a estructurarse en dos partes o cuatrimestres; las calificaciones adoptan un criterio cualitativo en lugar de numérico y se flexibilizan los criterios de promoción, adoptando mecanismos de promoción automática. 

Tanto el plan alfabetizador del gobierno nacional, como las reformas bonaerense y de CABA, así como las experiencias de actualización de los regímenes académicos en el resto de las provincias buscan saldar los profundos problemas de la educación con resoluciones administrativas. De este modo, se piensa la crisis educativa como un problema pedagógico y curricular, cuando se trata de un problema social. La implementación de renovadas iniciativas que apuntan a impactar las trayectorias educativas y mejorar los niveles de alfabetización con resultado negativos son una muestra de que se cambia para no cambiar nada. 

Con índices de pobreza en torno al 52%, la desocupación en el mismo nivel y la profundización de la recesión, el plan de ajuste de Milei garantiza la transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados de la economía mientras recorta fondos para el financiamiento educativo. En paralelo se acentúa la debacle educativa, que adopta visos de mayor gravedad en las provincias más pobres por el carácter federal y descentralizado del sistema educativo. 

Esta situación, sumada a la desintegración del sistema educativo ha llevado a que la mayoría de las escuelas carezcan de los recursos necesarios para instrumentar programas efectivos de alfabetización y formación docente. La implementación de soluciones remediales y la falta de inversión en infraestructura, salarios y capacitación de los docentes ha contribuido a la precarización de su labor, lo que se traduce en una enseñanza de menor calidad y una continua degradación de la educación.

En segundo lugar, la escuela viene adquiriendo funciones sociales distintas a la tarea explícita de educar. Además de la alimentación y contención social, se ve obligada también a alfabetizar, inclusive en el nivel medio. Por otro lado, en la medida que los disminuyen las posibilidades de acceso a la universidad para gran parte de los estudiantes, y el mercado de trabajo ofrece una insuficiente cantidad de puestos, desde la perspectiva patronal la escuela despilfarra recursos a través de una formación innecesaria o sobrecalificada respecto a la oferta laboral. En este sentido, no es fortuito que la impronta de las últimas reformas educativas se caracterice por la eliminación de contenidos, la arealización como una forma de devaluación y empobrecimiento de la malla curricular.

El mejoramiento de los indicadores de trayectoria, graduación y egreso por la vía de la flexibilización del cursado, la evaluación, la promoción automática y el vaciamiento curricular agrava la precarización de la labor docente, pero, sobre todo, ataca la educación pública al claudicar frente a su misión histórica de formación cultural, consolidando mayores niveles de desigualdad. 

No hay dudas de que este proceso de degradación educativa va de la mano de un deterioro de las condiciones de vida del pueblo y alcanza su punto más alto en medio de una caída sideral del salario, la estabilización de altos niveles de desocupación y ajuste en todos los frentes. Cuando 7 de cada 10 chicos viven en familias pobres, la escuela no puede ser la única solución. La clave es la política. La superación de la crisis del sistema educativo no se trata de una querella entre los métodos más apropiados de enseñanza, tal como fuera planteado por algunos investigadores recientemente, sino de la intervención de la docencia junto a la comunidad educativa y el resto de los trabajadores para cambiar las condiciones de vida y las condiciones materiales del sistema educativo. 

Cándido López