Córdoba - El gobierno municipal acumula conflictos y se deja ver la verdadera grieta

Además de la extendida disputa con los trabajadores municipales, que sigue sin cerrarse, recrudece el frente abierto con el transporte urbano de pasajeros y se suman las medidas de fuerza de los médicos y residentes en el Hospital Infantil. Detrás, en silencio, persiste la paralización del servicio de interurbanos desde los primeros momentos de la cuarentena. El gobierno de Llaryora no sólo no resuelve, sino que agrava la situación de todos los trabajadores, y ahora le agrega el condimento de la represión policial. Aprovechar la pandemia como excusa para forzar un ajuste generalizado es un plan despreciable, pero también peligroso para el propio gobierno. Llaryora dilapidó en unos meses las expectativas en un cambio favorable a los intereses populares que había en buena parte de los asalariados. Esos mismos que hoy se movilizan cada vez con mayor frecuencia al ritmo del “que se vayan todos”. 

Choferes en rebelión

Los trabajadores de las empresas Ersa y Aucor hicieron punta en la paralización del servicio. Luego de esperar infructuosamente que les paguen una deuda salarial que se arrastra desde abril y a la que se suma también el aguinaldo, y sin reacción por parte de la conducción gremial, decidieron tomar la delantera. En la madrugada del 1° de julio ocuparon la punta de línea en Camino a San Carlos, impidiendo la salida de las unidades con quema de cubiertas en los portones. Esta medida garantizó que la mayoría del transporte público quedara paralizado en la ciudad, y al cabo de unas horas las restantes Coniferal y Tamse se sumaron al paro. Mientras tanto, la representación que mandó la UTA Córdoba al piquete fue recibida como merecen los traidores: con golpes de puño de los trabajadores, la conducción huyó escoltada por la policía y con las cubiertas del auto pinchadas. Un paro decretado desde abajo con lección incluida para la burocracia. Este solo hecho ya es un ejemplo de absoluta validez para la gran mayoría de trabajadores que soportan la complicidad de sus direcciones gremiales con el ajuste en marcha.

En los días siguientes el paro se fue complementando con piquetes en la circunvalación y movilizaciones en el centro. Además del incumplimiento de la Fetap en el pago de los salarios, el gobierno de Llaryora, asumiendo descaradamente la representación empresarial, propuso que el gremio acepte un recorte del 12% en sus sueldos y cobrar el aguinaldo ya vencido en tres cuotas, como condición para evitar despidos, junto con un compromiso de no tomar ninguna medida de fuerza al menos por tres meses. El día 13 de paro, la decisión de trasladar una asamblea masiva de la UTA a las puertas del municipio para dejar en claro el rechazo profundo a la “propuesta” del gobierno, terminó con una lluvia de piedras sobre el Palacio 6 de Julio y la custodia policial. Ocho trabajadores detenidos para reforzar la extorsión del municipio. 

En simultáneo, ya está en manos del Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que declara la emergencia del transporte en la ciudad, convalidando la reducción salarial, reduciendo las unidades en ciertas franjas horarias y flexibilizando la obligación empresarial de renovar unidades. Una emergencia a medida de los empresarios engordados a subsidios, y abiertamente en contra de los trabajadores y usuarios de uno de los servicios más caros y deficientes del país.

Mientras tanto, la complicidad de la conducción de UTA nacional (Fernández) y provincial (Esteban) con los empresarios del transporte y el municipio ha sido evidente en todo este tiempo, mientras las condiciones de trabajo para los choferes y sus 3000 familias son cada vez peores. A las deudas salariales de abril, mayo, junio y el aguinaldo, se suman la falta de elementos de limpieza e higiene, el vaciamiento y paralización de la obra social, ausencia de ART y seguro de vida, ausencia de hisopados para evitar alteraciones en el servicio, etc. Ni los subsidios millonarios ni los permanentes aumentos del boleto han modificado esta realidad que empeora. Los empresarios de la Fetap siguen haciendo plata fácil, silenciando a la conducción gremial y llevando de la nariz al gobierno municipal y provincial. A todo esto se enfrentan los choferes, y especialmente los “autoconvocados” que iniciaron la rebelión, y que se movilizan con la acertada consigna de “con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes”. 

Municipales en tensa calma

La lucha de los obreros y empleados municipales contra la ofensiva gubernamental ya ha sido graficada en artículos anteriores. La intervención de emergencia del histórico dirigente del Suoem, Rubén Daniele, le ha permitido a la conducción gremial recuperar momentáneamente las riendas de un conflicto que, por momentos, estuvo en manos de la iniciativa de cada repartición municipal. La apertura de una mesa de diálogo con el gobierno es la tabla de la que ambas partes buscan aferrarse para evitar mayores turbulencias, mientras sigue paralizada la actividad en el municipio. En esa mesa de negociación están en debate los 120 contratos caídos y las 400 chapas de inspectores dadas de baja, pero difícilmente pueda prosperar una tregua que no revierta también la pérdida salarial de un 15% promedio, la cantidad de bonificaciones caídas, los cargos suprimidos, el pago del aguinaldo ya vencido, la suspensión de las paritarias 2020, la reforma del régimen docente que está en suspenso en el Concejo Deliberante, y las innumerables provocaciones que el gobierno ha plantado en estos meses. 

La apuesta de la gestión ha sido atacar por múltiples flancos, superando la capacidad de respuesta de una conducción gremial que dice tener “las manos atadas” por las restricciones vinculadas a la pandemia, sino que le costó mucho resistir un avance ajustador de quien suponía que era un “compañero”. El tiempo que el gobierno usó en organizar y ejecutar el ataque, fuel el que le llevó a la conducción del Suoem despertarse de la siesta. Esa pasividad, preñada de “confianza en la nueva gestión”, fue la responsable de que hoy sean 770 los municipales que se acogieron al régimen de pasividad anticipada durante el conflicto, pasando a cobrar un 60% de su salario. Mientras tanto, la resistencia corrió por cuenta de las bases organizadas desde cada repartición. La potencia y los límites quedaron a la vista: decenas de acciones muy valiosas organizadas “desde abajo” y movilizaciones multitudinarias que conmovieron a la ciudad, pero sin superar la orientación que prevaleció desde “arriba”: no chocar de frente con el municipio. El previsible estancamiento de las negociaciones, y la constatación del oficio antiobrero de este gobierno, volverá a poner en primer plano una realidad: que la única lucha que se pierde es la que no se lleva a fondo.

Detrás de estos conflictos, hacen fila los demás sectores

El maltrato a los laburantes no reconoce ni el límite de lo esencial en plena pandemia. El municipio mantiene una deuda por los sueldos de mayo y junio con personal de la salud, por lo que los médicos residentes del Hospital Infantil comenzaron un paro por tiempo indeterminado desde el lunes 13, reclamando además que se les pague el bono del gobierno nacional ($5000), y que se apliquen los aumentos salariales correspondientes al año 2019. Los trabajadores de la salud cobran como becarios, no reciben aportes, aguinaldo ni otros beneficios laborales. A esto se agrega que como sus becas son de dedicación exclusiva, están imposibilitados de trabajar en otros lugares y de recibir otros ingresos. Si así tratan a los profesionales de la salud en medio de la emergencia sanitaria, el panorama para el resto de los trabajadores es desolador.

La situación de los choferes de transporte interurbano es desesperante. El 12 de abril iniciaron un paro por tiempo indeterminado por el incumplimiento empresarial en el pago de sus salarios. Tres meses después, la situación sigue congelada para los trabajadores y para los usuarios del Gran Córdoba. Aún habiendo aceptado la extorsión de recibir un 25% menos de salario por la cuarentena, los choferes siguen sin recibir sus sueldos y el gobierno provincial simplemente los ignora. 

El listado de penurias de los asalariados es interminable y durante los últimos meses se combina con avasallamientos policiales sobre los barrios más humildes y quienes, no teniendo garantizado el derecho a una vivienda digna, ejercen su derecho a ocupar terrenos ociosos para vivir. El último intento de desalojo con represión de la Policía de Córdoba, en Quintas de Ferreyra, dejó a decenas de heridos, pero no logró desalojar por completo el predio por la fuerte resistencia popular. 

A este ritmo, la situación social en Córdoba se va tornando explosiva, y no se advierte voluntad oficial para descomprimir, sino al contrario. La Legislatura provincial, cuyo último hito en cuarentena fue el recorte jubilatorio, ahora avanza con “medidas de emergencia” para castigar vía multas millonarias a las organizaciones sociales o sindicales que realicen concentraciones violatorias de las disposiciones de cuidado epidemiológico. Un nuevo chantaje para hacer pasar el ajuste. 

Sin embargo, no sopla viento a favor para estos ataques contra el pueblo trabajador. No es tiempo de resignación ante quienes se están quedando con el sustento diario de las mayorías. Ha quedado muy atrás el respaldo logrado en las urnas hace menos de un año por el gobierno provincial y su pichón en la capital. En la medida que las bases obreras y populares sigan ganando confianza en sus propias fuerzas y ejercitando sus herramientas de organización y lucha, se irá abriendo el camino para superar el obstáculo que suponen muchas direcciones cómplices, y se acercará el momento en que truene el escarmiento para ambos gobiernos. Nuestra intervención busca aportar en este sentido, convocando a la unidad de todos los sectores obreros y populares a quebrar el ajuste en marcha y reivindicando la vigencia de los Cordobazos y la tradición de combate que enorgullece a nuestro pueblo.

Leo Funes