Córdoba - Arden las sierras bajo la mirada cómplice del PJ

Una vez más, los incendios intencionales azotaron las sierras de Córdoba el mes pasado. Se iniciaron en Huerta Grande, en el departamento de Punilla, y llegaron a La Falda y Villa Giardino. Entre el jueves 8 y el sábado 10 se extendió el fuego ayudado por la sequía del invierno y el feroz viento, que además llevó el humo y las cenizas a la ciudad. Se calcula que casi 5 mil hectáreas se quemaron esos días. Aún extinguidos, la amenaza de reactivación de algunos focos es muy real y preocupante.

Las consecuencias son muchísimas: destrucción de viviendas, bienes y/o ganado de quienes viven allí; destrucción de ecosistemas; pérdida de biodiversidad y de especies nativas; intensificación de la erosión, lo que también implica inundaciones; contaminación del aire y del agua. Dicho sea de paso, hallaron cenizas en el agua de la planta potabilizadora Los Molinos, lo que dejó sin agua un día entero a todo el sur de la ciudad de Córdoba. 

Los incendios forestales intencionales son ya, y hace años, una triste constante en la provincia, cuyo magro bosque nativo viene diezmándose aceleradamente. Este fuego no es un caso aislado sino un ejemplo más de lo que han sido estos más de 20 años del PJ cordobés en el poder. Su política de entrega, abandono, desfinanciamiento y consiguiente destrucción ambiental se conjuga con los intereses más concentrados del sector agroganadero extensivo, y de la especulación y el desarrollismo inmobiliario, presidido por el puñado de empresas beneficiarias de la obra pública. A ellos busca favorecer.

Hay sobradas pruebas de la intencionalidad de las quemas, aquí y en cada territorio donde haya un interés empresarial, como en los humedales del litoral. Se conoce perfectamente quiénes son los que prenden fuego intencionalmente y, sin embargo, tienen total impunidad bajo el ala protectora del gobernador Schiaretti y un poder judicial en sintonía fina con este núcleo de intereses. Abogados ambientalistas iniciaron en 2020 una denuncia penal contra el gobernador por la demora en declarar la emergencia nacional y pedir así ayuda a Nación con recursos y bomberos para sofocar los incendios, pero está por supuesto cajoneada.

El poder legislativo tampoco se queda atrás cuando se trata de beneficiar a los mismos depredadores de siempre, y con el cinismo cruel que caracteriza a estos gobiernos saqueadores: en pleno periodo de incendios, mientras militantes ambientalistas ponían el cuerpo con chicotes y mochilas hidrantes en el monte, en una sesión exprés y sin levantar el avispero, el bloque oficialista aprobó modificaciones a la Ley de Política Ambiental que elimina la exigencia de estudios de impacto ambiental y de audiencias públicas, dos mecanismos clave que frenarían el desmonte de zonas rojas (áreas protegidas de bosque nativo) para obras públicas y privadas, además del uso del agua de reservas hídricas para esos emprendimientos, etc.

Queda claro que el gobierno provincial es el responsable de toda esta destrucción. De mínima por su bochornosa desidia que, siendo el único que puede declarar la emergencia ante Nación, y el que da la orden para que los bomberos procedan a apagar los fuegos, decide callar, esperar, tener a los bomberos en los cuarteles sin actuar, sentarse a mirar cómo la situación se hace irrecuperable. De máxima, es responsable directo no solo porque en esta oportunidad fue el mismo municipio de Huerta Grande el que inició el fuego en un basural, sino por la sistematicidad y precisión de las quemas, que claramente habilitan los negocios sucios de Schiaretti y de los grandes intereses no solo provinciales sino trasnacionales. Si observamos en un mapa el camino del fuego de estos años, vamos a ver claramente que es el mismo que el negocio inmobiliario y agrícola, en monstruosa expansión, necesita abrir para incrementar o aunque sea mantener su rentabilidad. 

Un ejemplo clave de eso es la autovía de Punilla y Paravachasca, megaemprendimientos multimillonarios que van a atravesar literalmente las montañas, cuerpos de agua, zonas arqueológicas, etc., eliminando, a base de topadoras y dinamita (y quemas) lo que sea que esté a su paso. Lo que sucede es que estos son tramos clave en lo que se conoce como plan IIRSA, un trazado de caminos que atraviesa el continente de este a oeste y a través del cual se busca facilitar el transporte de las materias primas hacia los países imperialistas y extractivistas. 

Las vecinas y vecinos afectados vienen resistiendo a los desalojos compulsivos. En contraste con la millonaria revaluación inmobiliaria que habilita el trazado de la autovía, los desalojados reciben monedas a cambio de correrse para que las topadoras les derrumben sus viviendas. Quienes se han organizado en asambleas territoriales, en cortes de rutas y deteniendo las máquinas que desmontan han sido reprimidas por la policía, e incluso ha habido detenciones en un intento más por aleccionar y frenar la lucha popular.

Durante las quemas de los últimos años, vecinos, ex bomberos, especialistas de diversas profesiones se autoconvocaron en brigadas forestales para combatir los incendios organizándose independientemente del Estado, que se niega a reconocerlas, y menos que menos financiarlas. Son una de las expresiones de resistencia popular a la depredación ambiental más destacadas. La experiencia de las brigadas, como organizaciones del pueblo, contrasta con el desprestigio de instituciones intervinientes, como defensa civil y la policía.

Una vez más vemos que la solidaridad, la organización y la lucha popular son, como siempre, las que salen a hacerle frente al fuego y la desidia. Una vez más, se reafirma la necesidad de luchar teniendo en mira a los responsables políticos que expulsan, queman, matan, saquean y venden nuestros recursos y nuestras vidas. A ellos, les vamos a recordar que no tienen que jugar con fuego porque la lucha popular, que lo ha usado tanto a lo largo de la historia en sus rebeliones, lo conoce mucho más y sabe que solo basta un cambio de viento para que todo ese infierno que generaron se levante contra ellos y los vaya a buscar. 

Dora Peñaloza