Universidad y planes sociales: Entre alcahuetes y precarizados

Hace unas semanas el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, anunció en conjunto con el ministro de Educación, Jaime Perczyk, la puesta en marcha de las auditorías a quienes cobran el Potenciar Trabajo. La medida viene de la mano con una serie de políticas anunciadas desde la asunción de Massa hacia quienes cobran un plan social.

En palabras de los propios funcionarios, las auditorías tienen la finalidad de relevar la situación de cada una de las personas que cobran el plan para verificar si cumplen con las 4hs de trabajo y “quien no cumpla, recibirá la suspensión del plan”. Las primeras universidades en comenzar con las auditorías serán la UBA y la UTN, que auditarán a quienes viven entre el primer y tercer cordón del Conurbano. Luego se irán sumando otras universidades y provincias. 

Si bien no hay muchas precisiones al respecto, en principio, quienes realizarán las auditorías serán estudiantes de las carreras de grado de manera gratuita. Se realizarán encuestas de manera presencial, en las propias “unidades de trabajo”, relevando la situación laboral, socioeducativa y sanitaria. Todo esto será en coordinación con los municipios, cosa no menor en medio de la puja por si el control de los planes pasa de las organizaciones piqueteras y sociales a los propios intendentes del conurbano. 

Más allá de los intentos por tapar el sol con la mano, la realidad es que el único objetivo pasa por ajustar aún más el cinturón hacia abajo. Las auditorías, lisa y llanamente, serán la excusa para pretender dar de baja a miles de personas del Potenciar Trabajo e intentar apaciguar al movimiento piquetero, que semana a semana continúa protagonizando jornadas de lucha. Allí esta en parte el plan de Massa para cumplir las metas fijadas con el FMI. 

Por si no quedaba clara la orientación antipopular de la universidad púbica en nuestro país, con estas auditorias queda al descubierto. Ahora, además de generar conocimientos a la medida de monopolios y multinacionales, las universidades jugarán el rol de alcahuete de los pobres, señalando quien cumple con los requisitos para ser un “beneficiario” y quien no. Otra sería la historia, si se generaran con la misma rapidez y eficacia equipos para auditar a la banca privada y a los grandes empresarios. Principales responsables de la fuga de capitales y la pobreza en nuestro país.

A la par de estas auditorías, el gobierno anunció una nueva medida para incentivar nuevos puestos de trabajo. Se trata de una suerte de subsidios al sector privado, en donde quien contrate a una persona que cuente con el Potenciar Trabajo no deberá pagarle el salario completo, ya que el propio Estado le seguirá pagando por un año el plan social y el empleador solo pagará lo que reste para llegar al salario estipulado. Luego de un año, según el gobierno, el trabajador podrá escoger “libremente” si continuar con el plan social o quedarse en el puesto de trabajo y recién allí el empleador tendrá que pagar el 100% del salario. En criollo, con esta medida lo que hace el gobierno es garantizarle al sector privado mano de obra más barata, con la posibilidad de ser descartada libremente en el plazo de un año. Algo muy similar al Programa Primer Paso que implementó Schiaretti en Córdoba en 2011 y que le generó grandes réditos al sector empresarial.

Mientras los efectos de la crisis se siguen descargando sobre las espaldas del pueblo, todas estas medidas son anunciadas como una solución a la falta de trabajo genuino en nuestro país. Una versión barata y tribunera que intenta esconder lo inocultable: el último “relanzamiento” del gobierno trae aparejado un programa económico que tiene como base profundizar. Será entonces la lucha popular, la única capaz de hacer retroceder estas medidas y lograr imponer un programa de los trabajadores y el pueblo.

Martina Bas