Otra vez los Blaquier, otra vez la complicidad estatal

La empresa Ledesma, propiedad de la familia Blaquier, ya suma diez muertes obreras en lo que va de cuarentena, y en la localidad de Libertador General San Martín son más de 50 los vecinos fallecidos por Covid-19.

La provincia de Jujuy en su conjunto ha pasado rápidamente a ser uno de los puntos más críticos de la pandemia en nuestro país. Según información oficial, las camas de terapia intensiva que quedan operativas tienen un 93% de ocupación. La aclaración de “operativas” no es arbitraria. Refiere al hecho de que hay algunas salas más disponibles, pero no queda más personal de salud en condiciones de atenderlas. Esto se debe a que alrededor del 30% del personal de salud está infectado. En estas condiciones, ya es un tecnicismo debatir si la situación está fuera de control o si faltan unos días para que lo esté. 

Mientras tanto, el gobernador Gerardo Morales, al frente del COE, salió públicamente a aconsejar a la población que “…cuando están en esa situación lo primero que tienen que hacer es el antibiótico, paracetamol, y el médico inmediatamente y la azitromicina, y tener el antibiótico para irla peleando y meterle ahí para irla peleando porque si no, lo que estamos viendo, díganme si me equivoco, séptimo, octavo día el bicho te clava cuando te descuidás”. A la mañana siguiente, la azitromicina se agotó en todas las farmacias de la capital. No solo no se hace cargo del colapso sanitario de su provincia, sino que busca taparlo promoviendo la automedicación. Esto le valió el repudio del Colegio Médico de Jujuy y una denuncia por ejercicio ilegal de la medicina. 

Si así piensa la principal autoridad política y máximo referente del COE provincial, no sorprende que Oscar Jayat, intendente de Libertador General San Martín -la localidad más complicada con la pandemia- insista en que el problema pasa por “la falta de responsabilidad social” de los pobladores, en quienes recaería la responsabilidad del caos sanitario que se está viviendo. En el hospital local hay 8 respiradores para casi 70 mil habitantes. Hay diversas denuncias de personas infectadas muriendo en sus casas por no tener forma de ser trasladados al centro de salud. Como en muchos lugares, la cuarentena en Jujuy se ha impuesto con la policía en las calles, a fuerza de represión. Con una excepción: los dominios de la empresa Ledesma. 

El monopolio azucarero no paró en ningún momento de funcionar, salvo durante el mes que (por decisión propia) dejó de producir papel. En ese momento descontó el 30% del salario a sus trabajadores y no realizó los aportes jubilatorios. La cuarentena no se sintió nunca dentro de la empresa, que obligó a trabajar a obreros mayores de 60 años y negó licencias para todo personal de riesgo. Cuando el sindicato reclamó por la situación, la empresa respondió por escrito: "Todos los puestos de trabajo son esenciales para el adecuado funcionamiento de los establecimientos de la empresa". En otras palabras, para Ledesma el Covid no existe: a laburar. Semejante impunidad no nació con esta pandemia, lleva siglos de complicidad con todos y cada uno de los gobiernos provinciales y nacionales, dictatoriales o “democráticos”, la misma que fuera heroicamente enfrentada en los años '70 por Jorge Weisz, Carlos Patrignani y Luis Arédez, entre otros compañeros que dejaron su vida en ello. 

En esta oportunidad, la arrogancia patronal ya se cargó (hasta hoy) a diez laburantes. La mayoría de ellos con edad avanzada o con enfermedades respiratorias preexistentes. Es sabido desde hace décadas que la salud respiratoria de los obreros y de toda la población de Libertador está minada por el procesamiento de bagazo de caña que hace la empresa. La responsabilidad patronal de estas muertes es innegable. Desde el gobierno municipal hasta el nacional, nadie ha dicho una sola palabra. 

Apenas iniciada la cuarentena, el gobierno nacional recibió una generosa “donación” de Ledesma: 2500 litros de alcohol. Inmediatamente, el Estado Nacional retribuyó el gesto con una orden de compra por 30.000 litros. Dos meses después, cuando se anunciaron los ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción), el monopolio azucarero estaba primero en la fila de los beneficiarios para evitar el pago del 50% del salario de sus trabajadores. Cuando se deslizó la posibilidad de imponer restricciones a los negocios de los beneficiarios, Ledesma también fue la primera en retirarse del programa. Ahora, con la baja en la venta de combustibles, y la consecuente reducción en la cuota de bioetanol (del que también es productora Ledesma), se suma el chantaje con la eventual pérdida de puestos de trabajo. 

Los diez trabajadores muertos, en el marco del desastre sanitario local y provincial, son crímenes que se suman al prontuario nefasto de esta patronal genocida. Mientras persista el silencio cómplice de los gobiernos provincial y nacional, esos crímenes también serán su responsabilidad. 

Ismael Bello