Profundizar la organización popular

La cuarentena transita su tercera semana. La medida sirvió para mantener bajo control la cantidad de contagios y de muertes, sobre todo viendo lo que pasa en los países de la región que decidieron ser más laxos con los controles, como Chile, Ecuador y Brasil. Mostró también, en toda su magnitud, una precariedad social que el coronavirus agrava pero que no inventó.  

En el ojo de la tormenta está la salud. La inmensa capacidad de profesionales, técnicos y auxiliares del sector es el principal sostén de la situación en los hospitales, a pesar de faltantes en todos los insumos imaginables. A ello se suma que el coronavirus es el centro del problema sanitario pero no es el mal exclusivo. El dengue crece en todo el país, siendo autóctonos la mayoría de los casos. También avanza el sarampión con nuevos contagios. En las regiones más pobres, antes que el coronavirus mata la pobreza: en lo que va del año la comunidad wichi salteña registra 12 muertes, niños incluidos.

Que los trabajadores de la salud asuman las tareas de la hora con la responsabilidad que requieren, no quita que lo estén haciendo en condiciones de suma precariedad laboral: con salarios de profesionales que en muchos casos arañan la canasta básica y entre los residentes suelen estar por debajo; con contratos precarizados y tercerización en sectores como limpieza; con falta de elementos básicos como camisolines y barbijos; con déficits edilicios que vienen de arrastre; todo lo cual empalma con las contramarchas a la hora de plantear protocolos. De menor intensidad por estos días, pero en la misma dirección, algo similar les toca a otros trabajadores del Estado que tienen por tarea hacer frente a las emergencias sociales, como la línea 144 del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, que denuncian precariedad laboral, bajos salarios y condiciones laborales que no cumplen con los parámetros de salud.

El otro drama que se ve agravado es el de la pobreza. Según el Indec, 2019 cerró con 35,5% de pobreza: son 16,4 millones de personas.  Algunas regiones superan el promedio nacional. La ciudad de Concordia (Entre Ríos) concentra a 51,1% de pobres. En las capitales del norte -Salta, Santiago del Estero, Formosa, Posadas- los números van del 45,5% al 41,3%. En el Conurbano bonaerense, el número trepa a 40,5%: aquí empalman pobreza y concentración de población. 

La cuarentena profundiza este cuadro al imposibilitar tareas de supervivencia diaria, amén de que es sumamente difícil sostener el encierro voluntario cuando muchos viven en poco espacio. El hambre se hace más dura en los barrios. Quizás aquí haya que buscar las razones del refuerzo de la seguridad y el novedoso rol de la policía y gendarmería como “agentes sanitarios”. Más allá de alguna detención mediática como la del “surfer”, el control sobre la cuarentena recae con más dureza sobre los humildes, abusos incluidos, siendo más una medida de control social que sanitario. Es el terreno en donde le gusta pavonearse a Sergio Berni, el ministro provincial con vocación de ser el “hombre duro” del actual gobierno. En esa misma dirección puede entenderse el despliegue de militares para hacer entrega de comida, medida con mucho de puesta en escena si se la compara con el trabajo gris que las organizaciones sociales hacen todos los días, en especial los movimientos de desocupados, a quienes se les viene regateando la entrega de alimentos igual que antes de que arranque la pandemia. 

Ya son 11 millones los inscriptos para el cobro de los $10.000 que anunció el gobierno. Una suma que sin dudas ayuda, sobre todo en las familias que se suelen arreglar con un plan de monto menor. Se van a poner a prueba frente a los precios de los alimentos, que en 20 días subieron sin parar en casi todos los rubros. Si el presidente le está presentando batalla a “los vivos” - léase los especuladores-, bien se puede decir que la está perdiendo holgadamente. Los controles de precios y las inspecciones no lograron contener las subas. Esto no solo afecta a consumidores: son cientos los pequeños comercios - entre almacenes, verdulerías, carnicerías- que bajaron las persianas en estos días en todo el país, entre el temor al contagio, la baja en las ventas y los problemas de abastecimiento de algunos productos que, como la carne, incluyen precios imposibles. 

Otras “vivezas” vienen de la mano de los acaparadores. Es sorprendente que frente al hallazgo de cientos de frascos de alcohol en gel en un galpón de Farmacity, el gobierno se haya limitado a “retar” a la empresa. Si el gobierno instó a Roche a “donarle” al Estado reactivos para testeo, entonces bien puede avanzar con la intervención de las empresas que no cumplen con los requerimientos de la pandemia.

Se aviva también el capital financiero, que cobra vencimientos de bonos Par y Letes por U$S 250 millones. Aquí puede aplicar eso de que “la culpa no es del chancho”, ya que fue una decisión del gobierno hacer frente a dicho vencimiento en el marco actual, aun luego de haber anunciado que “la prioridad es la salud”. Siguiendo con los refranes, lo que no hace el gobierno es llorar cuando ve una vaca, ya que acaba de tomar deuda con el Banco Mundial por U$S 300 millones. Entre las medidas de emergencia, el gobierno anunció el otorgamiento de créditos al 24% anual para que las pymes puedan pagar los salarios. Por fuera de los bancos estatales, vamos a ver cómo obliga a los “vivos” de la banca privada a desprenderse de sus posiciones en Leliqs, que rinden un interés mucho más jugoso.

Además se avivan otros rubros empresarios: los que siguen trabajando por brindar servicios esenciales pero no garantizan condiciones mínimas de salubridad para sus empleados; los que siguen trabajando haciendo de cuenta que brindan servicios esenciales y tampoco garantizan condiciones de salubridad; los que asumen que no cumplen servicios esenciales y descargan el problema sobre sus trabajadores, adelantando vacaciones, reduciendo salarios o incluso despidiendo. Por supuesto que, al hablar de los costos de este parate obligado, no es lo mismo la situación de una pyme que de una gran empresa. A este respecto, lo de Techint es descarado. Luego de haber acatado la conciliación obligatoria, ahora Tenaris le bajó los sueldos a los empleados en la planta de Valentín Alsina. El DNU que prohíbe los despidos por 60 días permite cierta estabilidad en el momento más duro, pero no deja de patear la pelota para adelante. El asunto grueso va a venir cuando la cuarentena se levante y haya que afrontar los costos de una actividad económica que ya venía golpeada desde hace rato. De nuevo, la pandemia vino a agravar un problema que no inventó. 

Cuando la situación sanitaria esté medianamente controlada, la situación social de conjunto seguirá siendo extremadamente frágil. No se trata de un problema que se vaya a resolver en dos semanas ni en dos meses. 

Desde un sector de la intelectualidad -en muchos casos afín al gobierno- se pone de relieve que la actual crisis tira por la borda los postulados del “libre mercado” como ordenador de la sociedad, y en cambio pone de manifiesto que la intervención estatal es indispensable para administrar estos tipos de escenarios. Esta mirada tiene mucho de cierto, aunque no deja de ser parcial. En economías dependientes y concentradas, la buena voluntad estatal necesariamente chocará con la voracidad de los pulpos monopólicos, que en última instancia son quienes ponen las reglas de juego. Es difícil pensar en una salida a la crisis actual favorable a los de abajo, sin una intervención en el mercado de la alimentación -cuya cadena incluye producción, distribución y venta- que le ponga un freno en seco al saqueo al bolsillo popular que es la inflación constante. Lo mismo con el problema del trabajo: ¿cuánto pierden en verdad las grandes empresas que se ven “obligadas” a despedir? La única forma de hablar con números reales es abriendo sus cuentas. Otro tanto con el financiamiento de las políticas de emergencia que se están tomando. ¿Se van a repatriar los casi 350.000 millones de dólares de activos de argentinos en el exterior? Se trata de una medida para poner los recursos del país en función de resolver los problemas del país, en cuya dirección hay que avanzar nacionalizando el comercio exterior y la banca. Todo ello sobre la base de suspender por completo todo pago de deuda externa.

Todo esto forma parte de un debate imprescindible, incluso aunque hoy se vea secundarizado por la urgencia sanitaria. En este plano, la cuarentena no impide que la organización por abajo se abra camino. Están los ejemplos de los trabajadores, con los profesionales de la salud a la cabeza, que en medio de la crisis se las arreglan para hacer asambleas, armar comisiones de higiene y hasta impulsar medidas de fuerza cuando amerita. La denuncia por las condiciones de trabajo no tiene un sentido puramente “sindical": lo que se juega de fondo es sobre quién va a recaer el peso de la crisis. Se destaca también la solidaridad en los barrios para la distribución de la comida, la organización de las compras, la atención de las personas solas, el acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia y el apoyo a los jóvenes que son el blanco predilecto de los abusos policiales. En todo ello las organizaciones sociales cumplen un papel destacadísimo armando brigadas socio-sanitarias. 

En esa primera línea de combate se encuentra empeñada la militancia del PRML, inspirados en la vocación de “servir al pueblo”. Aquellos compañeros y compañeras que se ven en obligación de guardar cuarentena, asumen esa responsabilidad prestando atención de las personas de su entorno, y aportando a la difusión de estos debates entre los más amplios sectores. El aislamiento físico no debe traducirse en aislamiento político; más bien, hay que aprovechar para discutir los temas de fondo que la propia realidad no tardará en imponer.

Agustín Damaso