Timba financiera, el gran secreto de este gobierno

El lavado de dinero o blanqueo de capitales es una operación consistente en hacer que fondos o activos obtenidos mediante actividades ilícitas (evasión tributaria, narcotráfico, robo de dinero, etc.), se incorporen a la economía y circulen de manera lícita.

En abril de 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación hizo pública la información de documentos confidenciales de la firma de abogados Mossak Fonseca revelando la existencia de una cantidad de propiedades y activos de empresas con cuentas offshore en Panamá a nombre de reconocidos políticos y empresarios.
Un par de años antes, Mossak Fonseca CorporateServices había sido citado por los llamados fondos buitres en procura del cobro de la deuda al gobierno de Cristina Fernández. En dicha oportunidad los buitres alegaron que Mossak Fonseca había creado empresas fantasmas en Panamá para transferir dinero del gobierno a Lázaro Báez.
Sin embargo, las relaciones de Mossak Fonseca no empezaban ni terminaban en el gobierno K ni en el testaferro de Néstor y Cristina. Por entonces el estudio ofrecía el servicio de apertura y establecimiento de compañías en paraísos fiscales, siendo su principal objetivo ocultar la existencia de activos de modo que fuera imposible asociarlos a sus verdaderos propietarios. De ahí la estrecha relación del bufete de abogados con cuanto escándalo de corrupción estuviere dando vueltas, por caso, el de la empresa Petrobras y la denominada operación “Lava Jato” (o lavado a chorro por la reintroducción o blanqueo del dinero de las coimas a través de hoteles, lavanderías y estaciones de servicio de Petrobras).
Como es sabido, los paraísos fiscales ofrecen el beneficio de no compartir información fiscal con otros países, siendo Estados Unidos uno de los principales autores de esta modalidad delictiva aunque no el único entre los pesos pesados de la economía. Por caso, Suiza y China siguen sus pasos.
El conocimiento público de esta información (Panamá Papers) generó un escándalo internacional. El primer ministro de Islandia renunció al figurar en el listado de personas que tenían cuentas en empresas fronteras afuera (offshore) luego evadir el pago de impuestos en su propio país.
El primer día que se dio a conocer ese listado se encontró que la cuenta Fleg Trading LTD tenía a Mauricio Macri como presidente. Obviamente Macri no renunció y pretendió eludir la cuestión declarando que la empresa destinada a ocultar lo robado por su familia pertenecía a su padre, que la misma no estaba activa y que él no había cobrado haberes u honorarios como miembro de la firma. Al día siguiente se encontraron otras dos empresas relacionadas a la familia Macri y se descubrió que Fleg Trading LTD había estado activa haciendo numerosas operaciones en Brasil.
En la actualidad Mauricio Macri figura como director de decenas de empresas y ha sido relacionado con varias firmas por nexos familiares o de sus socios empresariales.
La inconsistencia entre la declaración jurada de Macri al momento de asumir como Presidente y lo obtenido de estas actividades delictivas mostraba que en un año el flamante mandatario había llegado a duplicar su patrimonio contando con el equivalente a 18 millones de pesos argentinos en las Islas Bahamas, otro paraíso fiscal.
A fin de solucionar esta situación dos meses después del descubrimiento de las cuentas offshore Macri ingresó al Congreso un proyecto de ley denominado “Reparación Histórica a los Jubilados y Pensionados” que incluía una reforma tributaria, una moratoria, un acuerdo con los gobernadores provinciales a fin de obtener los votos necesarios y, obviamente, un proyecto de blanqueo de capitales.
En dicho momento se consideraba que existían unos 200 mil millones de dólares fugados al exterior, entre ellos los activos del testaferro Lázaro y de la banda de Macri, por un monto equivalente a 6,45 veces las reservas internacionales existentes al 3 de junio 2016.
Vale recordar que previamente el gobierno de Cristina Fernández había aprobado en dos ocasiones un blanqueo de capitales (2008 y 2013), eso sí con magros resultados financieros. Pero ahora, el proyecto de Macri buscaba sólo una declaración del dinero en negro existente fuera y dentro del país y que éste ingresara atraído por las altas tasas de interés establecidas por el Banco Central para, de esa forma, ser parte de la operación. De esa forma, los ladrones matarían dos pájaros de un tiro: lavar el dinero mal habido y hacer un fabuloso negocio financiero sin implicar dichos beneficios en los recursos del Estado, quien, como contrapartida, habría de nutrirse de un nuevo y colosal endeudamiento externo. De hecho, el actual festival de bonos responde, según el propio Ministerio de Finanzas, a esta lógica.
Así, al cierre de la bicicleta financiera 116.800 millones de dólares habían sido blanqueados, dándole a la Argentina el lamentable record de ocupar el primer puesto mundial de lavado con relación a su recaudación fiscal y producto bruto interno (21%), inmediatamente por detrás de Indonesia con 330.000 millones de dólares de lavado (ver figura adjunta).
Dicho saldo resulta 25 veces mayor que los u$s 4.700 millones lavados por Cristina Fernández en su primer mandato (2009) y 45 veces mayor que los u$s 2.600 millones enjuagados por Axel Kicillof entre 2013 y 2015.
Como saldo “negativo” queda para Macri una nueva causa judicial por haber incluido en el banqueo a los familiares directos propios y de sus funcionarios (CEO´S y Gerentes de Grandes compañías): cónyuges, padres e hijos emancipados menores de edad, contradiciendo explícitamente la ley 27.260 de blanqueo de capitales, que prohíbe el ingreso de familiares de funcionarios al mismo.
Jorge Díaz