Se viene otro 24 de marzo de lucha

Nuevas provocaciones en boca de funcionarios del gobierno de Cambiemos y el propio presidente Mauricio Macri despiertan amplios repudios que profundizan la lucha por la memoria, la verdad y la justicia y la vigencia de los reclamos.
Semanas atrás el director de la Aduana y ex – carapintada Juan José Gómez Centurión (fue parte de los alzamientos de abril de 1987 y enero de 1988), volvió a insistir con respecto del número de compañeros detenidos-desaparecidos y el carácter de lo vivido durante la dictadura implantada en marzo de 1976, hablando de “guerra sucia” y afirmando “no es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras”. El propio presidente durante el 2016 realizó declaraciones que ponían en duda el número de víctimas y este año quiso despreciar la inmovilidad del feriado del 24 de marzo, hecho que luego tuvo que “recalcular” desandando los pasos con un nuevo DNU.
El año pasado, dichos similares respecto del número de víctimas del genocidio en boca de quien fuera Ministro de Cultura en CABA, Darío Lopérfido le terminó costando la renuncia luego de amplios repudios y escraches vividos.
Fueron 30.000
La persistente pelea y búsqueda de verdad y justicia de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas de izquierda y populares; iniciada aún durante la dictadura llegan a esta cifra. ¿Cómo se llega? Sin poder contar con acceso a los archivos de los genocidas –la apertura de los mismos es algo sobre lo que se insiste históricamente sin respuesta de parte de ninguno de los gobiernos sucedidos una vez recuperada la “democracia”- la cifra se construye a partir de la evidencia que se tiene. Además de la realización de cálculos y estimaciones que incluyen el número proporcional de Habeas Corpus presentados en el país, estimaciones sobre el número de prisioneros que hubo en los grandes centros de detención y exterminio (como la ESMA, Campo de Mayo, La Perla, el Batallón de Tucumán, el Circuito Camps, El Olimpo, El Atlético, Vesubio, etc.), la cantidad de CCDyE en todo el país, que superan el número de 500; en particular en el año 1978 los genocidas informaban a la DINA chilena que el número de desa-parecidos alcanzaba ya los 22.000 personas. Y estamos hablando de solo dos años de una dictadura que duró siete. No es un capricho. Es la historia por la que se levanta la bandera del pedido de justicia y cárcel para los milicos que detuvieron, secuestraron, torturaron, violaron, asesinaron y desaparecieron a 30.000 compañeros.
Fue un genocidio
El cambio de gobierno a finales de 2015 buscó ser aprovechado por los sectores más reaccionarios para reinstalar la teoría de los dos demonios y consagrar la impunidad del genocidio. Editoriales de diarios como La Nación, declaraciones de funcionarios como las citadas se complementaron con la dilación de los juicios en curso buscando poner un freno al pedido de justicia. En los casi 41 años que se sucedieron al golpe de 1976, los organismos de derechos hu-manos constituyeron un muro donde han chocado las pretensiones de impunidad al genocidio cada vez que lo intentaron, ya con las leyes de punto final y de obediencia debida, ya con los indultos y hasta el repudio a la designación de Milani durante el último período K. En esta batalla entra la pelea porque se juzgue a los militares por genocidio, opuesto a la idea de “guerra sucia” que balbuceara Gómez Centurión semanas atrás.
¿Y qué significa que se juzgue por genocidio? En el campo de lo jurídico, las querellas que representan a los organismos de derechos humanos que exigen condena por genocidio dan cuenta del plan sistemático de aniquilación de grupos (partidos políticos,agrupaciones de base, estudiantiles, sindicales,etc.) entre 1976 y 1983. De acuerdo a la “Convención para la prevención y la sanción del crimen de genocidio adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948” se entiende por genocidio “cualquiera de los actos mencionados a continuación, cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:
a) Matanza de miembros del grupo; b) Atentado grave contra la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado forzoso de niños del grupo a otro grupo.” Todos hechos que se sucedieron en nuestro país en el período citado, y sobre los que hay sobradas pruebas y testimonios. Al solicitar condena por delito de genocidio se sostiene que los crímenes que se juzgan no son hechos individuales sino que formaron parte de un plan sistemático de exterminio de una generación de militantes y activistas que levantaban las banderas de la revolución y el cambio social, echando por tierra cualquier definición de “guerra sucia”. El propio genocida Videla, entrevistado en el libro “Disposición Final” de Ceferino Reato admite la existencia de un plan sistemático para desaparecer militantes.
Desde los juicios a las Juntas hasta los que hoy se desarrollan por los crímenes de lesa humanidad y genocidio son testimonio de la resistencia e intransigencia de los organismos de DDHH y los trabajadores y el pueblo argentino que va a seguir consecuentemente exigiendo juicio y castigo, cárcel común y efectiva, resistiendo cualquier política de olvido y perdón.
El próximo 24 de marzo marchamos junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Será una nueva jornada nacional de lucha callejera, contra la impunidad de ayer y de hoy, contra las intenciones de olvido y reconciliación; levantando las banderas y continuando la lucha de nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos,
30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, ¡PRESENTES!
Vera Pérez