Se está como
en otoño
sobre los árboles
las hojas.
Giuseppe Ungaretti
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El plan de ajuste económico del macrismo, de mano blanda con los monopolios y dureza para los trabajadores es impensable sin su complemento represivo. La ministra Bullrich, con la asesoría de los yanquis, desempolvó una herramienta de la criminalización de los reclamos populares, un protocolo que pretende ‘regular’ (verbigracia impedir) las movilizaciones de protesta.
Sin necesidad del protocolo, los trabajadores de Cresta Roja, los estatales en La Plata o los murgueros de la villa 1-11-14 en Capital, entre otros, padecieron la naturaleza represiva del nuevo gobierno de Macri.
Luego de la presentación, su debut coincidió con la masiva marcha de los estatales el 24/02, donde el protocolo lejos de aplicarse tuvo que ceder a la masiva presencia de 50.000 trabajadores. En cambio tanto en Mendoza, con el procesamiento de dirigentes de ATE, como en la represión a los docentes santiagueños, el protocolo hizo su aparición. No obstante, durante el mes de febrero, se registraron más de 500 piquetes, de los cuales 129 lo protagonizaron trabajadores estatales.
Abajo reproducimos nuestra posición cuando anunciaron la implementación del protocolo.
A dos meses de asumir, y buscando aprovechar el poco crédito post-electoral que todavía le queda, el gobierno nacional, a través de su ministra de Seguridad Patricia Bullrich, anunció la firma de un “Protocolo Antipiquetes”, como un intento por unificar nacionalmente la política represiva hacia las protestas callejeras.
El texto, acordado en principio con los gobernadores y las fuerzas de seguridad -federales y provinciales- en el marco del Consejo de Seguridad Interior, avanza sobre derechos consagrados en la Constitución Nacional y profundiza la criminalización de la protesta, pisoteando el derecho elemental a manifestarse libremente.
Lo que desvela al macrismo, y motiva esta intentona grotesca por amordazar al pueblo, es la conflictividad social vigente en los últimos años, a la que se suma el efecto previsible de las políticas que ha empezado a implementar en los primeros meses de gobierno. En medio de una inflación galopante que devora los ingresos populares, los efectos devastadores de la devaluación sobre el salario, y con la intención manifiesta de encorsetar las paritarias, mientras arrecian los despidos, las suspensiones y los tarifazos, es ingenuo pensar que podrían aplicar este ajuste sin necesidad de acudir a la represión.
Mucho menos desde el pronunciamiento popular que, en diciembre de 2001, desalojó al gobierno del poder, le marcó la cancha a la dirigencia política y potenció su conciencia y capacidad de organización y movilización callejera. Desde aquel momento a la fecha, para la gran burguesía en el poder, el bien político más preciado y más esquivo es la llamada “gobernabilidad”. La posibilidad de gobernar sin los sobresaltos que implica el pueblo desafiante en las calles. A garantizar este bien se orienta el protocolo, del mismo modo que durante los años del kirchnerismo en el poder lo fueron el “Proyecto X”, las Leyes Antiterroristas, y los intentos frustrados por sancionar una “Ley Antipiquetes” que impulsó infructuosamente CFK en sus últimos años en el gobierno. La pronta llegada de Obama al país actúa también como acelerador de esta iniciativa en tren de demostrar capacidad de control sobre el movimiento popular.
Además de una gran cantidad de organizaciones políticas, sociales, de DDHH, que hemos manifestado nuestro absoluto repudio, hay al menos cinco provincias que ya han empezado a tomar distancia de este engendro represivo, agrietando así el frente nacional que el gobierno intentó demostrar en su anuncio. Sin embargo, tal como nos enseña la experiencia histórica, será la unidad y la firmeza del pueblo trabajador con sus organizaciones en las calles el que dará un veredicto final sobre este protocolo. Derrotar el intento represivo del gobierno es parte de la lucha general por quebrar el ajuste y, tal como el macrismo advierte, la herramienta fundamental para ganar la batalla es el control de las calles.
PRML, 21/03/2016
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