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Hace más de 48 días que en la provincia de Neuquén los trabajadores de la salud vienen realizando medidas de lucha en exigencia de inmediata recomposición salarial. Desde el 10 de febrero, el acatamiento al paro es masivo tanto en Neuquén capital como localidades del interior. En los últimos días, ante la falta de respuesta del gobierno de Omar Gutiérrez, comenzaron con piquetes permanentes en diversas rutas, bloqueando los accesos al yacimiento Vaca Muerta.
La situación de los trabajadores de la salud provincial -al igual que en el resto de las áreas- es catastrófica. Los “aumentos” salariales de los últimos años vienen siendo licuados por la inflación: en 2019 se registró una pérdida del 13%, mientras que en 2020 llegó al 40%. Aumentos en cuotas que no cubren las necesidades mínimas han ido minando la bronca por abajo. Más si tenemos en cuenta la multiplicación de tareas del conjunto de trabajadores de la salud desde que comenzó la pandemia. Hay un abismo entre el discurso de “héroes y esenciales” y la realidad que se vive todos los días con hospitales sin insumos y trabajadores extenuados por el pluriempleo para intentar llegar a fin de mes.
Ante esta situación, el acuerdo salarial del 12% para todo 2021, firmado a finales de febrero por ATE (conducción verde y blanca) y UPCN, fue más que una provocación. La mesa paritaria ni siquiera contó con la participación de todos los gremios de salud de la provincia, que siguen reclamando la incorporación a una mesa paritaria: caso del SiProSaPuNe (Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén) y el SEN (Sindicato de Enfermeros de Neuquén). Sin embargo, quienes vienen protagonizando las principales acciones de lucha son los trabajadores y trabajadoras autoconvocadas. Al momento, el espacio autoconvocado nuclea al menos 20 asambleas de hospitales de toda la provincia. Este espacio es el que viene realizando todos los días paros, movilizaciones masivas y cortes de ruta.
En los últimos días, lo que logró torcerle el brazo al gobierno del MPN fue el corte de rutas en todo el territorio provincial. Actualmente son 11 los cortes que se mantienen de manera permanente abarcando las zonas de Neuquén capital, Añelo, Chañar, ChosMalal, Senillosa, Junín, Zapala, Vista Alegre, Huincul, PicúnLeufú y Villa la Angostura. El bloqueo al yacimiento Vaca Muerta fue la pieza que logró mover el tablero. Las primeras en salir al cruce fueron las empresas de hidrocarburos nucleadas en la Cámara Argentina de la Energía y la Cámara de Producción y Exploración de Hidrocarburos. La medida de lucha de los trabajadores, a la que se sumó el apoyo de vecinos y trabajadores de otras áreas, está dando un golpe y afecta directamente las ganancias de multinacionales que operan en la zona como lo son Chevron, Shell, Pan American Energy, Pluspetrol, Tecpetrol, ExxonMobil, Petro Pampa, etc. Según datos difundidos por las propias empresas, en menos de una semana se registran pérdidas de más de 10 millones de dólares por los piquetes. A la par, la provincia viene registrando pérdidas de 50 millones de pesos en concepto de regalías. Queda despejada cualquier duda sobre del negocio redondo que significa Vaca Muerta y el acuerdo de YPF con Chevrón, rechazado por el pueblo neuquino en 2014.
La intensificación de las medidas de lucha abrió un nuevo capítulo en el conflicto. En primer lugar, obligó a que la justicia provincial llame a una mediación entre el sector de autoconvocados y el gobierno de la provincia. Por el momento, el único resultado fue el lanzamiento de un Bono Covid no remunerativo de $30.000 en tres pagos, que fue rechazado por el conjunto de trabajadores que siguen exigiendo aumento salarial acorde a la inflación, con todas las sumas remunerativas y bonificables. En segundo término, en estos días fue en alza el apoyo popular al reclamo. No solo organizaciones políticas y sociales acompañan la lucha de los médicos, sino también trabajadores y vecinos que se identifican y suman sus propias reivindicaciones, como es el caso de los petroleros de la zona que también están discutiendo paritarias. La puja al interior de los gremios de toda la provincia llegó a tal nivel que la gran mayoría conducciones sindicales se vieron obligadas, al menos, a realizar un apoyo de palabra al reclamo. Una de las únicas excepciones es la conducción de ATE, que no viene participando y salió a rechazar cualquier negociación con los sectores que hoy están en lucha.
Los cortes de ruta tensaron la situación callejera. Durante los últimos días, no faltaron los aprietes de patotas enviadas por el gobierno y las propias empresas para despejar las rutas. De la misma manera, la justicia ha avanzado con ordenes de desalojo y amenazas de judicializar la protesta. La solidaridad en todo el país debe estar presente ante cualquier intento de represión. No cabe duda de que utilizando una mínima parte de las ganancias que se llevan las multinacionales que operan en Vaca Muerta, hay suficiente para garantizar el correspondiente aumento salarial. Nuevamente lo que falta es voluntad política.
La situación abierta en Neuquén llegó al interior de la Casa Rosada y específicamente a los ministerios de Economía y de Producción de la Nación. No es un tema menor, ya que en las últimas semanas uno de los debates centrales pasó por cuál será el monto del aumento de las tarifas energéticas. Cabe aclarar que, más allá de que los bolsillos obreros y populares no pueden soportar más aumentos en las tarifas, prevalecen los requisitos del FMI en el marco de la renegociación de la deuda contraída por el macrismo. Así quedó al descubierto con el decreto 892/2020 que lanzó el Plan GrasAr para promover la explotación de gas en el país durante el período 2020-2024. Para poner en marcha el plan, que estima ahorrar U$S 2.574 millones en gastos fiscales y U$S 9.274 millones en divisas, antes hubo que hacer varios acuerdos con las multinacionales del sector que, junto a YPF (previo acuerdo con Chevron), tienen la licitación y se llevaran los principales réditos. En primera instancia, se les abonó una “deuda” que reclamaban por la devaluación del 2018. Esto estuvo previsto en el presupuesto 2021, en donde se autorizó a que el Tesoro Nacional emita bonos de deuda, para pagarles $29 mil millones a las petroleras. Sumado a esto, el presupuesto cuenta con subsidios millonarios para todo el sector, algo acordado en las reuniones de Alberto Fernández con Paolo Rocca, Marcos Bulgheroni (Techint) y CEOs de la Pan American Energy.
Mientras tanto, las petroleras ya anunciaron que debido a los piquetes no cumplirán con el abastecimiento de gas previsto durante el invierno. Algo que afectará a los hogares populares de todo el país. Según las multinacionales, la única solución viable es que el gobierno acceda, vía subsidio o tarizafo, a garantizarles varios miles de millones más. Una extorsión lisa y llana que aún no fue rechazada por ninguno de los ministros nacionales. Ni el abastecimiento de millones de hogares, ni el aumento salarial para los trabajadores de la salud: acá preocupa más cómo garantizar los acuerdos millonarios con petroleras que hace años saquean nuestro territorio.
El conflicto abierto por los trabajadores y trabajadoras de la salud neuquina es un ejemplo para todo el país. La agudización de la crisis económica y sanitaria viene castigando duramente a todo el pueblo trabajador. Pasó más de un año desde que comenzaron las principales restricciones contra el Covid-19, pero paradójicamente no se pudo llegar a mejores condiciones ante la segunda ola que registra miles de contagios por día. Un fracaso rotundo de un plan de salud y un plan económico que no están hechos para satisfacer las necesidades populares.
Los trabajadores y trabajadoras de Neuquén con los cortes de ruta y movilizaciones masivas tienen la posibilidad de romper el techo salarial impuesto por el gobierno del MPN y aceptado por las conducciones sindicales traidoras. Las repercusiones en torno a las medidas de lucha dan cuenta de que la plata en la Argentina está, el tema central sigue pasando sobre su acumulación y concentración en pocas manos. Ante esto, enviamos la total solidaridad al pueblo neuquino y reafirmamos la necesidad inmediata de aumento salarial acorde a la inflación, trabajo genuino, aumento de presupuesto para salud, educación y vivienda. Todas necesidades urgentes que deben garantizarse con la puesta en marcha de un plan económico basado en la nacionalización de los recursos estratégicos y energéticos, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, y el inmediato cese de pagos de la deuda externa.
Paula Rodríguez
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