Santa Fe - Para resistir el vaciamiento a la salud mental

El 13 de marzo se llevó a cabo en Rosario la asamblea ordinaria de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de Santa Fe, en la que se eligió una nueva comisión directiva por el plazo de dos años. Compañeros de la Corriente Sindical Jorge Weisz forman parte de este nuevo proceso.
Creada en 2018, la Asociación buscó generar redes no solo entre profesionales de la salud mental, sino también familiares y personas que buscan mejorar sus condiciones de vida. En esa tarea se han hecho formaciones, talleres, supervisión profesional, asesorías y consejería gratuita, entre otras iniciativas. Los convenios con seguros de responsabilidad civil redujeron costos para los asociados: su contratación es imprescindible en los requisitos para poder ejercer. El nomenclador propio orientó sobre los valores del trabajo que prestan los profesionales.
Esta metodología de trabajo permitió poner en valor la capacitación constante y la utilización de herramientas de la ética profesional que colaboran para brindar un servicio de calidad a los usuario y usuarias.
La problemática que atraviesa el sector en la provincia, enmarcada en el grave contexto nacional de vaciamiento y precarización de la salud mental, tiene sus particularidades locales que agravan la situación. Un punto central es la Ley Provincial N° 13.970, sancionada en noviembre de 2019 e impulsada por las y los trabajadores junto a la Asociación, que regula el ejercicio de la actividad técnica del acompañante terapéutico. Si bien la norma fue aprobada y publicada en el Boletín Oficial en febrero de 2020, aún no ha sido reglamentada por el Poder Ejecutivo provincial, por lo que no se encuentra plenamente vigente. Esta falta de reglamentación pone en riesgo artículos clave de la ley, especialmente el artículo 20 que establece el reconocimiento de la trayectoria y experiencia de quienes ya ejercen la profesión sin título habilitante específico: quienes se hayan formado con las opciones posibles hasta el momento -mediante cursos, diplomaturas, licenciaturas u otras formaciones previas- deberán aprobar un examen de idoneidad, por única vez y durante un plazo determinado por la autoridad de aplicación. En contrapartida a esto la provincia orienta únicamente el ejercicio profesional hacia la posesión del título de Técnico en Acompañamiento Terapéutico. Históricamente en la provincia esta carrera solo existía en el ámbito privado, pero este año comenzó a dictarse en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en la Facultad de Psicología. La tecnicatura tiene una duración de tres años (dos años de la carrera de Psicología más un año de especialización en A.T), según lo aprobado por el Consejo Superior de la UNR y con resolución ministerial. 
Desde la Asociación se celebra la apertura de esta carrera pública en la universidad, ya que amplía el acceso a formación de calidad. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras con años de experiencia en el campo —muchos con formaciones de grado o posgrado, sosteniendo acompañamientos muy complejos — quedarían excluidos de continuar ejerciendo si no se reconoce su trayectoria. Además, destacan la imposibilidad práctica de cursar la nueva tecnicatura mientras se trabaja, debido a la intensa carga horaria que demanda. 
Frente a este escenario, los acompañantes terapéuticos nucleados en la Asociación exigen la inmediata reglamentación de la Ley 13.970 en todos sus artículos, con especial énfasis en la plena aplicación del Artículo 20 para garantizar el reconocimiento de la experiencia acumulada y evitar la exclusión de profesionales que hace años sostienen el dispositivo de salud mental en la provincia. 
La nueva comisión directiva asume el compromiso de continuar impulsando estas demandas y fortalecer la organización para defender los derechos laborales y profesionales del sector, así como también apostando a la unidad con aquellos sectores de la salud mental que estén al servicio del pueblo.
Saludamos a la Asociación de acompañantes Terapéuticos de Santa Fe por el espíritu de construir un espacio colectivo con el fin de representar y proteger la profesión como un trabajo con condiciones y no solamente en su especificidad técnica, lo cual es una virtud de la Asociación empezar viéndose como trabajadores primero y como profesionales luego ya que amplía la conciencia en los sistemas de salud y permite ver con amplitud la política en salud mental y sus condiciones.
Corresponsal

El conflicto universitario excede lo salarial
Desde que comenzó su gobierno, la universidad pública argentina es uno de los principales blancos de la gestión libertaria. Desde el inicio, la política oficial mostró una orientación clara: recortar el financiamiento de la educación superior y desarticular el sistema científico, afectando tanto su funcionamiento cotidiano como sus perspectivas a futuro.
El ajuste presupuestario fue acompañado por la ausencia total de convocatorias a paritarias, lo que derivó en una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los docentes universitarios, estimada en alrededor de un tercio de sus salarios reales. Al día de hoy el 60% de los docentes cobran un promedio de 250 mil pesos. Este deterioro no ocurrió en silencio: la comunidad universitaria -docentes, no docentes y estudiantes- protagonizó masivas movilizaciones en todo el país.
Ese proceso de lucha generó las condiciones para la sanción en 2025 de la ley de financiamiento universitario. La norma no solo logró sostenerse frente al veto presidencial, sino que además cuenta hoy con el aval de la Justicia para su aplicación inmediata. Sin embargo, el Poder Ejecutivo aún no ha avanzado en su implementación, profundizando el conflicto.
La ley establece una recomposición salarial superior al 50% para el sector docente. Si bien este incremento resulta insuficiente frente al deterioro acumulado, representa un piso necesario para recomponer parcialmente las condiciones materiales de trabajo y garantizar la continuidad del sistema universitario.
En este contexto, el inicio del ciclo lectivo ya se encuentra atravesado por medidas de fuerza escalonadas: una semana de paro en marzo, dos en abril y tres en mayo. De no mediar una resolución, el conflicto podría escalar hacia un paro por tiempo indeterminado a partir de junio.
Sin embargo, el escenario plantea interrogantes estratégicos. Una universidad paralizada no necesariamente constituye un problema para un gobierno que ha demostrado escaso interés en sostenerla. Por el contrario, el vaciamiento puede formar parte de su propia lógica de ajuste. En ese sentido, el desafío para la comunidad universitaria no se limita a la interrupción de actividades, sino que implica disputar activamente el sentido de la universidad.
Llenar las facultades de contenido -clases públicas, asambleas, producción científica orientada a las necesidades del pueblo trabajador- aparece como una herramienta central para confrontar con un proyecto que cuestiona el valor de lo público. No se trata únicamente de una reivindicación salarial, sino de una disputa más profunda sobre el rol de la universidad.
El conflicto, en este sentido, expresa una tensión estructural. La orientación del gobierno choca con la tradición de una universidad pública que, aun con sus límites, ha sido históricamente un espacio de formación, pensamiento crítico y movilidad social. La intensificación de las medidas de lucha y la creciente articulación entre los distintos sectores universitarios sugieren que esta disputa tenderá a profundizarse.
Las posibilidades de resolución parecen, por ahora, acotadas. Una salida negociada requeriría concesiones que el gobierno no parece dispuesto a realizar. Así, el conflicto se proyecta como uno de los principales focos de tensión en el corto plazo.
En este marco, la participación activa de la comunidad universitaria resulta clave. La experiencia reciente muestra que la movilización en las calles ha sido un factor determinante para instalar el conflicto en la agenda pública y forzar respuestas institucionales.
Lo que está en juego, en definitiva, no es solo el salario de quienes trabajan en la universidad, sino el futuro mismo de la educación pública y su capacidad de seguir siendo un espacio de disputa frente a proyectos que buscan reducirla o redefinirla en función de lógicas de mercado.
Alexander Kant