Estatales nacionales| Por la rebelión de los estatales

En un contexto en el cual crece la desocupación, la pobreza, la inflación y la devaluación del peso, los trabajadores estatales de la administración pública nacional representan uno de los sectores más afectados por los despidos que ya rondan alrededor de 35.000.

Es que Macri y sus manos derechas cumplen a rajatabla con las exigencias del FMI en la sintonía de reducir el gasto público y el déficit fiscal. El problema que tienen es que los tiempos de la crisis se aceleran y contenerla no les estaría siendo para nada sencillo.
Desde que asumió Cambiemos, aparte de los despidos, la reducción también llegó por el lado del presupuesto real en virtud de la escalada inflacionaria y el techo paritario acordado con el sindicato patronal UPCN -que dirige Andrés Rodríguez- por el 15% de aumento en tres tramos.
El Ministerio de Agroindustria, por ejemplo, fue uno de los más afectados en materia de reducción presupuestaria. Allí se produjeron 565 despidos que los trabajadores están combatiendo con la permanencia en el edificio, más allá de la traición y abandono de la junta interna de ATE, dirigida por la Lista Verde y Blanca del Tanito Catalano.
La situación se agudizó cuando el gobierno anunció la reducción ministerial nacional desintegrando los ministerios de Trabajo, Agroindustria, Energía, Salud, Cultura y Ciencia y Tecnología para convertirlos en secretarías. Las versiones más drásticas de la culminación del plan de ajuste en el Estado versan sobre la posibilidad de 10.000 nuevos despidos.
Al plan de medidas de ajuste descomunal en el Estado se estaría sumando un proyecto de DNU a fin de rescindir todos los contratos celebrados por los entes de cooperación -que afectaría principalmente a trabajadores de diversos sectores de Justicia y DDHH- y a su vez eliminar los incentivos ganados en luchas pasadas.
Para quebrar el ajuste en curso no alcanzan las medidas a medias tintas que proponen las direcciones de ATE Capital y UPCN. Sin profundización de las acciones de lucha, los estatales seguirán pagando costos altísimos en esta situación crítica.
Es por ello que más allá de las direcciones gremiales que ponen paños fríos a la lucha en función de cuidar los objetivos de sus proyectos políticos (que aún no encuentran figura de recambio electoral), los trabajadores responden con ocupaciones, movilizaciones masivas, paros, actos y abrazos –como el contundente en el Ministerio de Salud- en unidad con el resto del pueblo.
La masividad en las calles aún no logra quebrar el ajuste. En este marco, hay que apuntar a los blancos políticos sin darles respiro. Todo funcionario ajustador por acción u omisión debe encontrarse con asambleas donde los trabajadores trasciendan a las direcciones traidoras y burocráticas y exijan su renuncia. Asambleas que ante cualquier amenaza de cierre, despido o recorte se planten con la ocupación edilicia no sólo para defender el derecho a trabajar sino también en la defensa de los derechos a los cuales debe acceder la población sin ningún tipo de restricción.
Las organizaciones combativas de trabajadores estatales tienen en este marco político la obligación de dar un paso al frente con la convicción de que lo que está en juego es el trabajo. No se puede permitir que se sigan engrosando las listas de despidos, la pobreza y la falta de acceso a la salud, la educación y la vivienda.
Es hora de confluir en acciones contundentes y coordinadas con el resto de los trabajadores y estudiantes en lucha. Ocupación de todos los ministerios, casas de estudio y hospitales para frenar el ajuste y hasta lograr que se vayan todos los responsables de esta política de miseria y entrega.

Lucrecia Amenábar