Sí al paro activo

El visible empobrecimiento de la calidad de vida de los trabajadores y sectores populares, como si hiciera falta, ahora es ratificado por los números del Indec y de observadores privados como la Universidad Católica. 

Casi un tercio de los argentinos, por sus ingresos, están debajo de la línea de pobreza. Trece millones de personas según proyecta la UCA o algo más de catorce para otras mediciones, en las que se incluyen trabajadores (registrados y en negro), desocupados, cooperativistas y planes sociales.
Decíamos en el no transar anterior que: “La inflación ya llega al 45% anual y la pérdida del poder de compra del salario supera el 10%; el Indec reconoce una tasa de desocupación del 9,3% que equivale a 1.500.000 personas sin trabajo, más de cinco millones de trabajadores tienen problemas de empleo y 3,4 trabajadores de diez no tienen cobertura social, es decir, trabajan en negro.”
Por eso no es una sorpresa que crezca la pobreza, a lo que se agrega una economía en franca recesión, con despidos y suspensiones. Según Clarín, diario que camina por la misma vereda que el gobierno macrista: “… estadísticas del Indec informan que en el segundo trimestre de este año el PBI cayó 3,4%: un 10% la construcción; 7,9% tanto la industria como la producción agropecuaria; 0,1% el consumo y 4,9% la inversión. Los resultados revelan una recesión generalizada, como no se había visto desde la crisis de 2001-2002.” (A. Oña, 25/09/16)
Casi simultáneamente con la publicidad de los datos que dan cuenta del agravamiento de la situación para los trabajadores, el triunviro de la CGT se reunió con los principales ministros del gobierno nacional. La lista de reclamos que llevó al encuentro lejos estaba de responder a las verdaderas demandas de los trabajadores. Básicamente se resumió a un bono de fin de año para trabajadores, jubilados y planes sociales, y la eximición de ganancias sobre el próximo aguinaldo.
Nada dijo de la reapertura de las paritarias, ni de los despidos y suspensiones, mucho menos del tarifazo en marcha y de las reformas regresivas que proyecta el gobierno en materia laboral: avances en la flexibilización como ya discuten los petroleros en el sur, reducción de las indemnizaciones por despido, del costo para las empresas de la ley de accidentes de trabajo, entre otras.
Si las condiciones objetivas que justifican un paro y un plan de lucha están presentes por demás ¿cuál es la razón entonces para que la cúpula de la CGT no los convoque? ¿Está en marcha un ‘pacto social’ cuyo objetivo inmediato es pasar un fin año sin sobresaltos para los de arriba?
Sin dudas, un horizonte alejado de los paros y movilizaciones de los trabajadores unifica el macrismo y a la oposición trucha del massismo, el pejotismo y a las cúpulas de la CGT y también de la Iglesia.
A pesar de cierto impulso inicial, el mismo proceso de unificación cegetista, como el acercamiento a los movimientos sociales, antes que fortalecer las tendencias al paro activo lo licuaron y, en el caso de estos últimos, los alinearon con la estrategia sindical no confrontativa.
Lo cierto es que, al final de este camino, el gobierno macrista le bajó el precio a los reclamos y desafía con otorgar migajas mientras acelera el tarifazo.
Por otro lado, crece la idea en parte de las grandes patronales, incluso entre los inversores externos, que la estabilidad y continuidad de las políticas ‘promercado’ dependen de la salud del gobierno de Macri y miran a las elecciones del 2017. Es más importante una victoria electoral que un punto más o menos en la inflación o el déficit fiscal. Ya habrá tiempo para retomar el ajuste con toda su fuerza.
En este cuadro, el paro general activo como parte de un plan de lucha es una herramienta para pararle la mano al gobierno nacional. Está claro que no es indistinto si la CGT lo convoca o no, más allá de las diferencias, la unidad de acción de los trabajadores profundiza su impacto pero depende, en gran medida, de la presión que vengan desde las bases. Hay que señalar y desbordar a los sectores que se oponen y poner en marcha iniciativas propias del combativismo sindical y los luchadores, allí donde existan las condiciones.
En la lucha de los trabajadores para quebrar el ajuste, contra la carestía de la vida y en defensa del salario y el trabajo, construir la unidad del combativismo sindical y los que luchan incorporando al programa de demandas, entre otros, el 82% móvil para los jubilados, por la estatización de los servicios públicos y recursos energéticos, por la defensa del derecho de huelga, contra la represión y persecución a los luchadores populares, entre otras, como parte de un pliego mayor que no se quede solamente en la coyuntura y que no quede atado a los tiempos electorales. 

Ricardo Jufré