Rosario - La trama de la violencia narco

Rosario se encuentra envuelta en una nueva ola de violencia. Desde hace años la tasa de homicidios de la ciudad supera ampliamente la media nacional. Si bien asesinatos y balaceras son moneda corriente, el año pasado dos sucesos marcaron una nueva modalidad, un giro en la aplicación de la violencia. Uno fue el secuestro y posterior asesinato de una persona seleccionada al azar, sin ningún vínculo con organizaciones delictivas, para arrojar el cuerpo en las inmediaciones de club Newell’s Old Boys con una nota destinada a una banda rival. El segundo fue el anuncio de "toque de queda" por parte de un clan narco en el barrio La Cerámica: la amenaza a los vecinos fue que partir de las 20hs no se podía circular por la calle, de lo contrario le costaría la vida a quien lo hiciera, hasta tanto no devolvieran la droga robada a esa villa.

En la primera semana de marzo de este año una seguidilla de asesinatos buscó sembrar terror en la población. En menos de una semana asesinaron a dos taxistas, un chofer de colectivos y un playero de estación de servicios. Los cuatro fueron ejecutados en el momento en que se encontraban trabajando. Todos ellos trabajadores sin vínculo con el mundo del narcotráfico, que tampoco fueron víctimas fatales de situaciones de robo. 

Así, la nueva modalidad es sembrar el terror sobre la población atentando específicamente contra los trabajadores en su jornada laboral. A los asesinatos se le suman taxis prendidos fuego, balaceras a camiones de recolección de residuos, amenazas a escuelas, al personal de los centros de salud, balazos en edificios, comisarias y cárceles. Se estima que estas son las respuestas de las bandas narco, no solo a la foto de los presos al "estilo Bukele" divulgada por el gobierno provincial, sino a una política carcelaria de vejaciones, verdugueos y abusos para los internos. El 2 de marzo fue baleado un colectivo que transportaba personal penitenciario. A partir de ello, según las denuncias, se comenzaron a aplicar requisas, aislamiento y torturas a los presos alojados en los pabellones 7 y 8 de la cárcel de Piñeiro. La respuesta de las bandas narco, quienes al parecer realizaron una tregua entre ellas y se unificaron ahora contra el enemigo común, fue la seguidilla de asesinatos de los trabajadores y una nueva escalada de violencia y amenazas contra la población, usando así al pueblo como escudo para negociar con el gobierno.

Militares: apagar el fuego con nafta

Ante este contexto el gobierno nacional resolvió el envío de fuerzas federales a la ciudad con el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo anunció la aplicación de la ley antiterrorista. El terror que siembran las bandas narco es utilizado por Bullrich y Petri para promover, con la lógica del enemigo interno, la intervención directa de las FFAA. Para concretarlo se debe modificar la ley de seguridad interior, la cual les impide intervenir en conflicto fronteras adentro, exceptuando una invasión extranjera. 

La promotora del negacionismo y defensora de los genocidas, la vicepresidenta Villarruel, se pronunció en contra de la intervención interna de las FFAA. Está más que claro que no lo hace por principios democráticos sino porque es consciente de los posibles futuros juzgamientos que puedan tener los militares: fue explícita cuando en una entrevista comparó la militancia revolucionaria con las bandas narco, planteando que en los ’70 ya habían combatido al terrorismo y ahora estaban todos presos. 

Desde fuera del gobierno, el ex general del ejército Martin Balza -jefe de la fuerza durante los años de Menem- también se posicionó en contra, argumentando que “Las FFAA argentinas no tienen ni por misión, ni estructura, ni despliegue, ni instrucción, ni armamento, una capacidad para actuar contra el narcotráfico. En donde se empleó tuvo resultados negativos... Los países que emplearon las FFAA para combatir el narcotráfico tuvieron resultados negativos, letales, desmoralizadores y afectaron seriamente la esencia y la profesionalidad”. 

En el mismo sentido se había pronunciado el año pasado Martín Paleo, jefe del Estado Mayor Conjunto durante el gobierno de Alberto Fernández. En aquella oportunidad, el presidente peronista había anunciado el envío de un batallón de ingenieros del Ejército para urbanizar villas, ante la corrida por derecha de Patricia Bullrich reclamando la intervención militar en Rosario. Ni lerdo ni perezoso, Paleo aclaró que las FFAA no iban a intervenir en asuntos de seguridad interior.

Los militares no comen vidrio. El recibimiento con honores al genocida Horacio Losito -con tres condenas por crímenes de lesa humanidad, una de ellas por su participación en la masacre de Margarita Belén- en un regimiento misionero, muestra que ideológicamente las “generaciones de la democracia” no están tan lejos de sus antecesores. Pero además de ser conscientes del desprestigio entre la mayor parte de la población, su situación estructural es muy distinta a la de los ’70, tanto en infraestructura como en salarios. Saben que no tienen nada por ganar con una aventura como la que proponen Bullrich y Petri y lo hacen saber. 

Razones de fondo

El combate al narcotráfico es la excusa. La verdadera intención del ministerio de Seguridad es utilizar el miedo y la sensación de indefensión de la población para legitimar la intervención del Ejército con el objetivo de tener una ficha en las calles que impida un potencial levantamiento popular contra el proyecto del gobierno. La mano de EEUU está detrás este plan. Según trascendió, la principal preocupación del jefe de la CIA, quien estuvo reunido con Bullrich y Posse, es la del enemigo interno tanto en la versión del narcotráfico como en las supuestas actividades en la región de Hezbollah. Por el mismo precio, los yanquis van ganando posiciones en el control del río Paraná (ver nota pag…)

No son casualidad la proliferación en los últimos años de producciones audiovisuales en las distintas plataformas digitales sobre la temática narco. Son parte de una maquinaria cultural que busca generar por un lado el la sensación de peligro latente y la indefensión de la población ante las mafias, al mismo tiempo que promueve la identificación subjetiva con sus personajes y la narcocultura.

En un país hundido en la pobreza, el narcotráfico garantiza posibilidades económicas a una parte de la población, al mismo tiempo que ello se refuerza con los valores de la identidad narco.

Las FFAA deben estar dirigidas a la hipótesis de amenaza externa. Deberían poner el centro en garantizar nuestra soberanía marítima combatiendo a la pesca ilegal en nuestro territorio. Deberían organizar un plan estratégico en torno al Atlántico Sur. Cuestiones impensables en el marco de este capitalismo dependiente y sus administraciones cipayas: ahí está el ARA San Juan para atestiguar ello. 

Rosario es el centro exportador del país. El narcotráfico y las terminales portuarias, ocupadas por multinacionales y monopolios, no son cosas separadas. Para atacar el narcotráfico hay que seguir la ruta del dinero, el blanqueo de este en los megaproyectos inmobiliarios o en las financieras. Ello implica cortar la soga el por la parte más gruesa. Nada más lejano a las intenciones de este gobierno. Solo la movilización popular que ponga blanco en el poder de multinacionales y monopolios se puede proponer una solución de fondo a este drama.

Sabrina Fara