Planes sociales: un nuevo ataque

El gobierno de Milei profundiza su ofensiva contra el pueblo con un plan de recorte de los programas sociales. Bajo el discurso de que la “inserción laboral” es un problema individual elimina ingresos para más de 900 mil familias trabajadoras. La medida, impulsada por el Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, avanza sobre uno de los principales dispositivos de contención social construidos en las últimas décadas. 
El núcleo de la reforma es el cierre del programa “Volver al Trabajo”, continuidad del histórico Potenciar Trabajo, que consta de un universo integrado mayoritariamente por trabajadores informales, desocupados y sectores precarizados, que perciben hoy un ingreso mensual de aproximadamente $78 mil, congelado desde el inicio de la gestión y fuertemente licuado por la inflación. La decisión oficial implica que esos 900 mil beneficiarios dejarán de cobrar ese ingreso. En su lugar se propone un sistema de vouchers de capacitación laboral, que no contempla pagos directos a los titulares. 
Esta medida refleja lo que tiene para ofrecer el gobierno en materia de política social: la individualización de problemáticas sociales y la promoción de la teoría del capital humano, donde no se busca generar trabajo, sino “mejorar” las condiciones de empleabilidad de la población destinataria mediante cursos de capacitación. Vale decir que, si bien el recorte masivo del programa es inédito, sí existieron distintas políticas públicas que se basaron en el mismo diagnóstico y fracasaron. Por mencionar algunos, en los gobiernos de Macri y Fernández existieron el “plan empalme” y el “plan puente al empleo” que no tuvieron saldo positivo. Los propios datos exponen los límites del argumento: el programa que ahora se elimina había logrado insertar laboralmente a una porción mínima de sus beneficiarios, lo que evidencia que el problema no es la “falta de capacitación” sino la ausencia estructural de empleo.  Aquellas iniciativas partían de un principio distinto: mantener el ingreso como piso de protección mientras se buscaban mecanismos de transición al trabajo. El plan actual avanza directamente en la eliminación de ese piso, incluso sin que existan condiciones reales de generación de empleo. 
Lejos de resolver esa realidad, el nuevo esquema traslada la responsabilidad a los propios desocupados. Los vouchers solo podrán utilizarse en cursos de formación, cuya asistencia será obligatoria: quien abandone, perderá el beneficio sin posibilidad de recuperarlo. Es decir, se reemplaza un ingreso mínimo por un sistema condicionado que castiga a quienes no logren adaptarse a las exigencias impuestas. 
Esto se liga con un avance del sector privado. Capital Humano firmó convenios con cámaras empresariales y compañías que participarán en la capacitación, entre ellas la AMIA, Fecoba, Sinteplast, Metrogas y Cervecería Quilmes, entre otras. Los recursos que antes llegaban directamente a los hogares ahora se redireccionan hacia las empresas. La política social deja de ser un mecanismo de redistribución para convertirse en un subsidio indirecto al sector privado, que pasa a tener injerencia en la definición de contenidos, perfiles laborales y trayectorias formativas. 
Al mismo tiempo, el gobierno busca avanzar en el desmantelamiento de las organizaciones sociales que, más allá de sus limitaciones, han sido clave para garantizar la supervivencia de millones de personas, ya que esas estructuras colectivas son históricamente responsables de sostener comedores, cooperativas y espacios comunitarios en los barrios más postergados. 
En un contexto de caída del empleo, deterioro salarial y aumento de la pobreza, la quita de un ingreso, aunque insuficiente, representa un golpe directo sobre las condiciones de vida de los sectores populares. La reconversión impulsada por el gobierno no aparece entonces como una política de inclusión, sino como una herramienta de ajuste. El ahorro fiscal derivado de la eliminación de estos planes confirma que el objetivo central es reducir el gasto aun a costa de profundizar la exclusión social. Se trata entonces de una transferencia de la crisis hacia los sectores pauperizados. Sin empleo genuino, sin ingresos garantizados y con un Estado que se retira de su función de protección, la promesa de “convertir planes en trabajo” se revela como una mentira. Lo que está en juego es mucho más que un cambio de programa. Es una redefinición del vínculo entre el Estado y los sectores populares, donde la asistencia deja de ser un derecho para transformarse en un beneficio condicionado, subordinado al mercado y a las necesidades del ajuste. 
Hay que resistir los embates del gobierno enemigo del pueblo trabajador. Hay que construir desde abajo la mayor unidad posible para que Milei y su casta paguen caro todas las penurias a las que nos están empujando. Hay que recorrer los barrios, realizar asambleas y debatir con compañeros, vecinos y comerciantes el impacto negativo que esta medida va a tener en las economías barriales, regionales y familiares. En un contexto de recesión, cierre de fábricas, despidos y salarios de hambre. El trabajo genuino y el sustento diario lo vamos a conseguir con más lucha colectiva, solidaridad y rebelión. 
En todo el país vamos por un plan de lucha nacional piquetero que desafíe al gobierno. Con corte de ruta, ocupación y puebladas en defensa de la vida digna. La CUBa-MTR se pone a disposición de empujar este plan, organizando a las y los compañeros en las barriadas y discutiendo con el resto de las organizaciones populares y con los trabajadores estatales que se verán afectados por estos recortes. Ya hay algunas fechas confirmadas: el 26 de marzo se realizará una conferencia de prensa de la Unidad Piquetera junto a trabajadores de la secretaría de Trabajo, mientras para el 7 de abril se prepara una jornada nacional de lucha. Este es el piso para desplegar la pelea en todo el país.
Víctor Pucará