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No es precisamente el macrismo voz autorizada para hablar de corrupción, cuya identidad empresarial se forjó en la contratación directa y sobrefacturación con el estado en tiempos dictatoriales. Macri fue procesado por contrabando de autopartes en 1996 y están los Panamá Papers de hoy. Si ahora levanta banderas es para congraciarse con un pueblo indignado que la está pasando mal y a su vez como pantalla de una reactivación que nunca llega.
La clase empresarial nunca fue ajena y creció al amparo de la corrupción, sea estructural o no. Si calló antes, y fundamentalmente en el período transcurrido, fue por conveniencia y complicidad. El reconocimiento público de Héctor Méndez, ex presidente de la UIA, sobre la coima como un valor adquirido en toda contratación con el estado -pero que silenció nombres luego al momento de declarar en tribunales con el argumento de que “cada empresa arreglaba por su cuenta”-, pone al descubierto una conducta que se extiende más allá de Báez, López o De Vido. La bicicleta del dólar a futuro que costó finalmente $53.000 millones fue responsabilidad de Cristina-Kicillof, pero también de quienes estaban del otro lado de la ventanilla: exportadores, banqueros y muchos ex y actuales funcionarios. El manejo concentrado de la mayor parte de la economía permite a las cerealeras como Cargill que controlan el comercio exterior, a Monsanto que controla semillas y plaguicidas, a las cadenas de supermercados que controlan los precios domésticos, a Techint que controla el acero, o a la banca mayorista que controla el crédito financiero, operar con sobreprecios e imponer reglas de ‘mercado’ que desvirtúan el equilibrio como parte de una corrupción institucionalizada inherente al capital monopólico.
Impunidad judicial solo para ricos
El círculo cierra con la impunidad judicial. En tal sentido, el despertar último de los jueces tiene que ver más con la presión e indignación popular, que la pasión por la justicia. No se trata solo de jueces grotescos como Oyarbide sino de quienes, señorones en cargos vitalicios exentos del impuesto a la ganancia que sí pagan miles de asalariados, reaccionan como arrepentidos de haber dormido las causas o mirado para otro lado durante años, con tal de capear la situación o ajustarse al llamado cambio de época. La impunidad judicial siempre fue paralela al poder político: sucedió con los jueces de la dictadura, con los de la servilleta de Menem, con la Banelco de De La Rúa, y sucede con los actuales que se abrazan al macrismo frente a un kirchnerismo caído en desgracia. La figura del juicio político para castigar las responsabilidades de jueces corruptos responde a las mismas leyes del poder: se negocian entre los bloques parlamentarios para producir su renuncia antes que una condena tal cual corresponde a quienes cometen delitos. De tal forma los renunciados nunca son juzgados, se retiran y pasan a cobrar jubilaciones de privilegio, hoy cercana a los $ 160.000.
Por mayor depuración que se intente con los jueces federales (Bonadío en resguardo por ahora) bajo cuyo amparo se expandieron negociados, narcotráfico e impunidades, o la auditoría dispuesta por el Consejo de la Magistratura sobre las causas de los últimos 20 años a efectos de transparentar el procedimiento, sin tocar el contenido de las sentencias, pasado el vértigo de la coyuntura en Comodoro Py todo volverá a su lugar. Al final de cuentas lo que se juega es el control político del poder judicial entre facciones de la gran burguesía. Cuántos acusados queden presos y cuántos no, más allá de las evidencias, se resolverá siempre desde la política. Sea ‘independiente’ o ‘justicia militante’, ambos bloques responden a intereses de clase ajenos a los trabajadores, de forma que al momento de actuar judicializando la protesta social o la pobreza, nunca se diferenciaron demasiado.
El descrédito ganado está condicionado por la misma crisis económica y política que atraviesa el capitalismo monopólico y sus clases dirigentes. Una pelota quedó picando en el área de la Corte Suprema, definirse con Lorenzetti a la cabeza en contra del tarifazo o avalarlo. ¿O tirarla a la tribuna?
A.Z.
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