La marcha del #1F
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La decisión de la Cámara de Apelaciones de sostener la prisión preventiva a César Arakaki y Dimas Ponce, aun cuando por los delitos que se los acusa, en caso de resultar condenados, cumplirían la pena en suspenso, constituye otro acto de persecución y amedrentamiento a todos los luchadores populares que enfrentan los planes ajustadores de Macri contra los trabajadores y el pueblo.
Claro está, que aplicando la ya conocida “doctrina Irurzun”, aplicando prisiones preventivas arbitrariamente por fuera de la ley, constituye un intento de amenaza para que no se repitan jornadas de movilización masiva como la que el pasado 18 de diciembre enfrentó el robo a los jubilados.
Otro de los casos que aún espera resolución, es el del compañero del PSTU, Sebastián Romero, a quién recientemente se le dictó la orden de captura internacional; la causa de Romero a quién se lo acusa de delitos ‘graves’ como el de ‘intimidación pública’, y que ha sido “demonizado” por los medios de comunicación, se encuentra a la espera que la Cámara de Casación Penal resuelva sobre la eximición de prisión que le fuera denegada.
¡BASTA DE
¡PERSECUCIÓN A LOS LUCHADORES POPULARES!
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