Hacia otro acuerdo con el FMI

El pasado martes 10/11 llegó a nuestro país una misión del FMI, cuyo objetivo es negociar las condiciones de la reestructuración de la deuda de U$S 44.000 M (más intereses) que Macri nos legó.

Al cierre de esta edición, tanto los voceros del gobierno como los medios de comunicación opositores manifiestan que la intención del ministro de Economía Martín Guzmán, es obtener un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, en inglés) con una refinanciación de la deuda a 10 años y un período de gracia de 2 a 4 años sin pagos de capital e intereses. Asimismo, se rumorea la posibilidad de “oxigenar las reservas” del Banco Central aceptando recibir una parte del préstamo originalmente autorizado (cuyo monto total era de U$S 57.000 M) y suspendido tras las PASO en 2019. 

En ese camino, el gobierno da “señales” a los mercados y al propio Fondo: un Presupuesto 2021 sin la asistencia salarial y social vinculada a la pandemia, los aumentos jubilatorios por decreto y una nueva reforma previsional, la emisión de bonos vinculados a la cotización del dólar (para beneficio de los inversores financieros) y el anuncio de un “programa de consolidación macroeconómica plurianual” con metas fiscales, monetarias y financieras hasta 2025 (una forma pomposa de ajustar) próximo a ser presentado en el Congreso. 

Adicionalmente, tanto el FMI como el oficialismo buscan “abrochar” a los bloques políticos y actores relevantes (sindicatos, cámaras empresariales, organizaciones sociales), para garantizar un “consenso por arriba” en torno a una política económica centrada en el compromiso con el capital financiero y las instituciones de crédito internacionales. En ese sentido, el “partido de la deuda” está integrado por casi todos los bloques políticos y sociales, que buscarán aplacar las luchas del pueblo trabajador contra una nueva ronda de ajuste. En dirección opuesta se ponen en pie espacios como la “Autoconvocatoria contra la deuda externa y el FMI”, que lleva adelante actualmente un juicio popular contra la deuda y se moviliza en todo el país ante la llegada del organismo.

Las señales económicas y los acuerdos políticos cobran sentido dado el enorme ajuste y la entrega que supone la renegociación en curso. Mientras que el préstamo de tipo Stand By negociado por Macri implica una mínima supervisión de determinadas metas fiscales pactadas de antemano con el FMI, el acuerdo negociado por Guzmán y Alberto supone 1) una supervisión completa de la economía por parte del organismo, 2) el recorte de los gastos del Estado justo cuanto más se lo requiere, en un contexto recesivo y de grandes necesidades sociales, y 3) la implementación de “reformas estructurales” que golpean a rubros ligados al bienestar popular como salarios, convenios laborales, jubilaciones, educación y salud -reformas que Macri no pudo aplicar, gracias a la resistencia popular. En términos globales, el acuerdo profundizaría la injerencia del organismo y los países que lo conforman, especialmente EEUU, en el rumbo de la política económica y social del gobierno: un enorme retroceso en la soberanía nacional. 

Por el contrario, es legítimo el cuestionamiento de la deuda con el FMI, tal como lo era aquella contraída con los acreedores privados, puesto que se trata de una deuda odiosa. El gobierno de Macri y el FMI conocían de antemano -y pudieron ver en tiempo real- el destino de los fondos: lejos del bienestar popular, fueron a financiar la bicicleta financiera y la posterior fuga de capitales. Por si fuera poco, el préstamo se hizo incumpliendo los propios estatutos del Fondo, y ambas partes sabían que el país sería incapaz de afrontar la devolución del crédito en los plazos y montos establecidos. Más razones para cuestionar su legitimidad y exigir una auditoría e investigación de todo el endeudamiento, y que paguen aquellos se la llevaron en pala.

Por otra parte, la renegociación de la deuda es acompañada por una estrategia económica que profundiza el extractivismo y la reprimarización en curso, para obtener inversiones extranjeras y una rápida recaudación de dólares ligadas al agronegocio, todo ello con el objetivo de cumplir con los vencimientos. En ese camino deben leerse las subvenciones a la producción energética vinculadas a Vaca Muerta, la rebaja transitoria en las retenciones a la soja y derivados y el acuerdo de producción porcina con China, entre otros. El modelo tiene un enorme costo sanitario y ambiental -el caso más reciente, los incendios de montes y humedales para uso agrícola en Córdoba y Santa Fe- y profundiza la concentración económica en unos pocos ganadores (cerealeras, pooles de siembra, etc.). Por ello, la exigencia del no pago de la deuda es acompañada por un plan económico alternativo que comience por la estatización del sistema bancario, el comercio exterior y los recursos naturales estratégicos para reorientar el conjunto de la economía en dirección al bienestar popular, el desarrollo productivo y la sustentabilidad con el medio ambiente.

La crisis económica no se resolverá por el mismo camino que nos trajo a ella, ni la resolverán los protagonistas del endeudamiento. Una nueva orientación política y económica solo puede ser obra de la intervención popular rebelde. 

David Paz