No pasará la legalización del gatillo

Esta semana el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich puso en vigencia la Resolución 956/2018, publicada en el Boletín Oficial, que instruye sobre un nuevo “protocolo de uso de armas de fuego”, ampliando los casos de su utilización para las fuerzas de seguridad federales. De esta forma, el aparato represivo estatal goza de un marco legal para matar con impunidad, legalizando la “doctrina Chocobar”.

Amparados en el discurso sobre la “inseguridad”, esta reglamentación reúne toda la serie de excusas utilizadas por los miembros de las fuerzas de seguridad en su defensa ante fusilamientos por gatillo fácil. Esto es la criminalización de la pobreza y en un contexto de ajuste, recesión y carestía generalizada, la finalidad de esta avanzada represiva es la criminalización de la protesta. 

El ensayo del despliegue represivo se hizo durante la realización del G20 donde se lanzó esta resolución en el marco de ese evento. Días después, la reglamentación se hizo extensiva entrando en vigencia para todas las fuerzas de seguridad federales. 

La “doctrina Chocobar se convirtió en un política de Estado avalando la impunidad de las fuerzas de seguridad. Esas son las mismas fuerzas represivas que organizan el delito. Sucedió con el caso de Luciano Arruga, quien se negó a robar para la policía bonaerense durante la gobernación de Daniel Scioli. Son esas fuerzas federales de seguridad las que reprimieron la protesta mapuche ocasionando la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado. 

Ante un diciembre de movilizaciones por pan y trabajo con las organizaciones sociales en las calles, el gobierno sabe que solo mediante la represión podrá implementar sus planes de ajuste. Las organizaciones sociales, políticas y sindicales deben rechazar con toda la fuerza en la calle estos planes represivos y frenar las políticas de ajuste.

PRML 6/12/2018