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El pasado jueves 13 se realizó la movilización por la absolución de Daniel Ruiz -dirigente del PSTU- y César Arakaki -militante del PO-, desde el centro porteño hasta los Tribunales de Comodoro Py, en donde se realizaba la audiencia de casación.
Ruiz y Arakaki fueron sentenciados por su participación en el repudio a la reforma jubilatoria impulsada por el macrismo, en diciembre de 2017. Pesa sobre ellos una condena a 3 años y 3 años y 4 meses respectivamente por intimidación pública y atentado a la autoridad agravado. Se trata de penas de cumplimiento efectivo. Como Ruiz ya pasó un año en el penal de Marcos Paz con prisión preventiva, no volvería a la cárcel. Distinto es el caso de Arakaki, sobre quien sí pesa la chance concreta de ir a prisión.
Como fue planteado por las defensas en la audiencia, estas condenas son en realidad un avance en la criminalización de la protesta, una revancha frente a la gran lucha desplegada en aquel diciembre, que marcó el principio del fin del gobierno macrista. La justicia de clase toma nota de ello y busca amedrentar a los luchadores con este fallo.
La movilización unitaria es imprescindible para enfrentar estos intentos que se vienen agravando con el correr de los meses, pero que de ninguna manera le van a poner un freno a la bronca popular.
Corresponsal
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