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Compartimos la declaración realizada por trabajadores del sector organizados en la Corriente Sindical Jorge Weisz de Santa Fe
El área por excelencia en abordajes de consumos problemáticos y salud mental está siendo vaciada y peligra la continuidad laboral de 1.500 trabajadores. La desvalorización institucional de este organismo refleja el entramado político, económico y social del modelo productivo argentino.
En Rosario existe un solo espacio de abordaje y prevención de consumos problemáticos con presencia pública de municipio, provincia y nación, pero sin financiar el área no hay verdadera presencia. Cada cambio de gestión nacional reaviva la inseguridad sobre la continuidad laboral e institucional, porque el 70% de los trabajadores no tienen contratos, sino becas precarizantes y empobrecedoras de una suma de $106.000, muy por debajo de la línea para no ser considerado pobre.
Si ningún gobierno se responsabiliza de brindar garantías laborales, lo que se pone en riesgo es la continuidad del espacio para los jóvenes del barrio. En los barrios rosarinos el narcotráfico regula el comercio y consumo de drogas adictivas, adulteradas y de baja calidad con muy bajo costo, desde el narcomenudeo. Las políticas de prevención de las instituciones públicas generan alternativas frente a un circuito que seduce a los jóvenes con recompensas económicas y ofertas de sustancias.
Pero el problema es más profundo. La falta de ofertas estables y dignas de empleo formal es una realidad que empuja a los jóvenes a mercados informales e ilegales, donde realizan tareas con riesgo de vida, a cambio de sustancias y un pago incluso más alto que el de los propios trabajadores de estos dispositivos orientados a reducir los daños del consumo.
La falta de prioridad, inversión y presencia estatal genera un vacío que ocupa el narcomenudeo. Este configura la forma de habitar el barrio. “Durante el día el barrio es de los vecinos, pero durante la noche es otro lugar”. Desde temprana edad las familias del barrio son testigos de balaceras, se cuentan los familiares presos o asesinados por hechos vinculados al narcomenudeo (cuadriplicando la tasa nacional de homicidios), y son también desalojadas para implantar bunkers. Este alto grado de violencia y delitos vinculados al comercio y consumo configura también una visión particular del mundo.
Hay registros de niños que a los 9 años les enseñan a ensamblar armas, practicar tiro y “campanear” esquinas por si “cae” la policía u otros. La coerción se amplía con el consumo temprano de marihuana y en particular de antidepresivos y cocaína fumara (pipeo) que generan deterioro cognitivo y aumenta el riesgo de dependencia.
En los años 60 la juventud fue el motor del cambio social que llego a echar dictaduras. Hoy el 40% de la población carcelaria provincial tiene de 21 a 30 años, sin condenas y, gran parte, por delitos menores no dolosos y tenencia. Si no es “la parka es la yuta”: la policía garantiza el libre circuito de drogas mediante coimas, pero controla a jóvenes con cacheos constantes, control de identidad y demoras.
¿Pero cómo llegan estas sustancias a los barrios que terminan luego por configurar toda una estructura económica, comercial, laboral, cultural y social?
Esto está vinculado al cambio sustancial que se produjo en los 90´ en la cual se profundizó la dependencia extranjera y la entrega de soberanía al tomar deudas y conceder derechos de explotación y control de recursos estratégicos.
La violencia del barrio tiene su correlato con el control del Rio Paraná. El rio, mal llamado “hidrovía”, es la vía de transporte fluvial por el cual salen el 75% de las exportaciones de nuestro país al exterior. Pero ¿Qué tiene que ver eso con las balaceras en escuelas y plazas, pibes asesinados y problemas de consumo?
Quien maneja el Río maneja lo que circula: En 2022 capturaron 1.434 kg de cocaína en Brasil y Holanda en cargamentos provenientes de las terminales portuarias bajo la concesión del grupo Vicentín. El rio está en mano de los monopolios locales y el imperialismo.
Un ejercicio soberano sobre el Paraná implicaría controlar y usar los excedentes económicos para planificar y elevar rápidamente el nivel de bienestar de nuestro pueblo. El control estatal sobre el río permitiría desarticular las vías de ingreso de sustancias, que los problemas derivados del consumo sean abordados por instituciones con presupuestos sustentables y trabajadores estables. Y que el control de la actividad portuaria permita ampliar el trabajo formal para desbaratar la narco oferta.
Para prevenir, reducir daños y garantizar niveles de vida realmente dignos necesitamos la aplicación de un programa político antiimperialista y antimonopólico que retome el control estatal de las finanzas, el comercio exterior y de los recursos naturales. Soberano, que financie la industria nacional y las pymes, impulsando la creación de empleo formal y de valor agregado frente a una economía reprimarizada. Popular, que suspenda el pago de las deudas ilegitimas y fraudulentas como la del FMI, usando ese dinero para vivienda, salud, educación y servicios públicos de calidad.
El desafío entonces frente al desguace de las palancas del estado es el de vincular la voluntad de entrega y profundización del saqueo por parte del actual gobierno nacional. Cada lucha contra los cierres y despidos, así como cada una de las discusiones salariales, debe enmarcarse en esta puja por donde dos modelos completamente de país se disputan. En ese camino, tanto en SEDRONAR, CONICET y otros espacios que actualmente se encuentran atacados, nos fortalecemos junto al resto de los sectores populares que queremos vivir mejor y peleamos por una salida patriótica, popular y antiimperialista a la crisis que cada día se acelera.
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