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El mes pasado el gobierno desmanteló las áreas de género y diversidad que dependían del ex MMGyD que habían sido absorbidas en la Subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género. Sobre la base de contrataciones precarias, el 80% de las trabajadoras fueron despedidas al terminar sus contratos, en total 450, y programas como la Línea 144, Asistencia en femicidios y travesticidios, el Acompañar y Ley Micaela, entre otros, fueron desmantelados.
Con esta medida cientos de compañeras de todo el país se quedaron sin trabajo y las mujeres y el colectivo de la diversidad, con menos recursos aún para enfrentar situaciones de violencia machista, aumentando los riesgos de femicidios en medio de la crisis. La masacre de Barracas en la que se cometieron tres lesbicidios, el femicidio de una mujer en Jujuy que estaba por cobrar el Plan Acompañar el mismo día que cerraban el programa y el femicidio de la joven cordobesa que su victimario cometió en nombre "del amor", muestran el impacto macabro de los discursos y de las políticas "antigénero" de Milei. Para sumar medidas reaccionarias, los pocos programas nacionales que quedaron en pie pasaron a la cartera del Ministerio de Justica de Cúneo Libarona, bajo el área de familia. Esta no es una inocente modificación en el organigrama. Intentan relegar nuevamente la violencia que sufrimos las mujeres al ámbito de lo privado y lo familiar, negando otros ámbitos y su raíz social. Un retroceso que no podemos permitir. Con este cambio, aunque niegan la violencia machista, en los casos en que sea evidente, tratarán de minimizarla, con el riesgo de que vuelva a ser considerada como "un conflicto de pareja" a resolver entre las partes. Esta visión a la que apela la derecha contribuye a justificar el desfinanciamiento estatal en prevención y asistencia y la negación de nuestros derechos.
Más allá de la crítica al poco alcance de las leyes vigentes en relación a la temática, sería un golpe que se imponga la mirada individualista sobre la violencia que sufrimos las mujeres, que centra la responsabilidad de su resolución dentro de las propias familias.
La institucionalización de la pelea por parte del gobierno anterior, creando un ministerio desfinanciado y precarizado, favoreció la pasividad del movimiento de mujeres y diversidades y con ello este ataque reaccionario de Milei que nos usa como chivo expiatorio del ajuste. Pero al drama de los crímenes pasionales, no volvemos más. Tenemos que dar batalla volviendo a las calles con la consigna Ni Una Menos: el Estado y los gobiernos son responsables, que nos permitió masivamente ubicar la violencia de género en el plano social, político y de lucha colectiva. Hay que retomar el camino, reivindicando las masivas movilizaciones que construimos contra los femicidios, profundizando los debates pendientes respecto a la opresión y la necesidad de construir una salida de fondo. Tenemos que elevar el nivel de alerta y convocarnos en asambleas para solidarizarnos con las trabajadoras despedidas y avanzar en un plan de lucha contra el desguace de los programas, tanto nacionales como provinciales, poniendo nuestra fuerza callejera en la lucha contra la violencia machista, los femicidios y en defensa de nuestros derechos.
Julia Quinteros
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