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Un castigo constante al bolsillo
Según el relevamiento de expectativas de mercado (REM) del Banco Central, la inflación para el año 2022 llegaría a unos 54,8 %. De cumplirse esta previsión del BCRA sería la inflación más alta desde 1991, año en el que se instauró la ley de convertibilidad. Varios puntos por encima del 40% que pretende negociar el ministro Moroni en las paritarias, y un abismo de diferencia con el 33% proyectado por el ministro Guzmán.
Según consultoras privadas la inflación de enero fue del 3,5 %, acercándose al 4%. Los alimentos, bebidas y prepagas están entre los precios que más han subido en el primer mes del año.
En este cuadro, varios gremios que se aprestan a discutir paritarias toman como base el 54% estimado por organismos oficiales y consultoras privadas. Ahora bien, suponiendo que las paritarias cerraran en general en el porcentaje señalado, aún en ese caso la mayoría de los salarios seguirían por debajo de la línea de pobreza, es decir no alcanzarían la canasta básica. Y esto es así porque las direcciones sindicales, que vienen acompañando el ajuste de los distintos gobiernos de turno, siguen poniendo como lo central en la discusión salarial el porcentaje inflacionario estimado para el año sin tener en cuenta el precio de los medios de vida en relación al salario real. De ahí que la inflación termina siendo el principal mecanismo de reducción salarial y ajuste fiscal demandado por el FMI. La inflación sostenida por el gobierno de Alberto Fernández se convierte así en la principal plataforma de la recuperación y el crecimiento económico del cual se benefician principalmente los monopolios exportadores de materias primas -sector agroindustrial, hidrocarburos y minería- y es la base para la pulverización del costo laboral que reclaman los grandes industriales.
En un contexto de escasez de crédito, que trae aparejada una caída relativa de las inversiones, el incremento de la explotación no se desarrolla a través de un aumento de la productividad, sino sobre la reducción de los salarios y la pauperización de los trabajadores. Es en este sentido que se pueden entender las últimas declaraciones del economista ultra liberal y ex funcionario de Cambiemos Carlos Melconian, quien ha señalado que una inflación de hasta un 65% puede ser favorable al gobierno. Es necesario desatacar por cierto que Melconian, actual director del IERAL -organismo de la Fundación Mediterránea- expresa principalmente la voz de los grandes monopolios agroindustriales los cuales se ven beneficiados por lo que ellos llaman un tipo de cambio “competitivo”.
Los números de los trabajadores
La situación de los trabajadores es de deterioro marcado. Si bien es cierto que se redujeron las suspensiones en relación al peor momento de la pandemia, el cuadro actual no es alentador. Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo (RIPTE, diciembre de 2021), en la comparación con la inflación, en los últimos 4 años los salarios perdieron un 16,2%. En función del salario bruto promedio, ubicado en los $102.589, se estima que la mitad de los asalariados cobra menos de $80.000, apenas unos pesos más que la canasta básica calculada en $76.000. Mucho más abajo está el salario mínimo, hoy en $33.000. A todo esto hay que sumar el trabajo en negro y la precarización laboral -bajo la forma de monotributistas y contratados, muy extendidos en el Estado- y la flexibilización laboral que se impone en los hechos, que no viene necesitando de un pedido explícito del FMI para imponerse, como mostró el ejemplo del cambio de convenio en Toyota.
Este cuadro sería impensable sin la complicidad de la burocracia, que en el mejor de los casos pelea mejoras en los convenios en los gremios más grandes, pero deja librada a su suerte al conjunto, planchando la iniciativa y el protagonismo de los trabajadores. Una burocracia que negocia sus intereses y en función de ello se alinean con el oficialismo de turno. No olvidar que los hoy albertistas ayer eran macristas, al punto que luego de la pelea en el Congreso de diciembre de 2017, varios de sus referentes salieron a repudiar a la movilización. Y si vamos más lejos, no son pocos los que están atornillados a sus puestos desde los años ’90, en el momento de los peores ataques al movimiento obrero.
La CGT, siempre del mismo lado
A fines del mes pasado, la CGT publicó un comunicado con la firma de su triunvirato de conducción –Daer, Acuña y Pablo Moyano- en el que apoya el acuerdo entre el gobierno nacional y el FMI. El mismo está redactado en tono con el discurso oficial, según el cual el país va a crecer a pesar de pagar la deuda, sin afectar los intereses de los trabajadores y el pueblo. Incluso reivindica que el gobierno actual legitime la estafa contraída durante el macrismo: la pomposa frase "nuevamente el Peronismo viene a hacerse cargo del irresponsable endeudamiento contraído por gobiernos liberales”, es clarificadora respecto de la vocación de pago del Frente de Todos, aunque esconde que en realidad, más que hacerse cargo, el gobierno va a volcar sobre las espaldas populares la deuda contraída por un puñado de grandes empresas fugadoras de capitales.
Con esta jugada, la CGT se posiciona en la interna del FdT del lado de Alberto Fernández contra el kirchnerismo, que viene tratando de desmarcarse del acuerdo con el Fondo. Apoyo importante para el presidente en medio de las turbulencias en la fuerza gobernante. La burocracia ratifica así una línea que expresó en los últimos meses del año pasado, cuando en las demostraciones callejeras se diferenció todo lo que pudieron de la Cámpora y el resto del elenco K.
Pero los muchachos no tiran puntada sin hilo. La cuestión también tiene un trasfondo económico. Luego de haber estado prácticamente todo el 2021 despotricando contra Guzmán, la cúpula sindical comenzó a valorar la “firmeza y compromiso” del ministro de Economía. En el medio estuvo el acuerdo ante la deuda que el Estado tiene con las obras sociales por partidas para gastos extraordinarios por la pandemia: se trata de $11.400 millones, de los cuales algo más de 7 mil millones fueron saldados el año pasado. Por las dudas, desde la central ya hicieron saber que están retrasados con los 4 mil millones que faltan, comprometidos para enero.
La cúpula cegetista se muestra una vez más como garante del orden, apoyando al gobierno nacional pero sobre todo al gran empresariado que viene presionando para que se concrete el acuerdo con el Fondo.
En la pelea, impulsar la corriente antiburocrática
En 2021, la inflación superó el 50% y el aumento salarial promedio se ubicó en el 45%, cuyo impacto en el bolsillo se ve licuado por las muchas cuotas que se terminan acordando. En pocas semanas comienzan las clases, y los aumentos en la canasta escolar llegan hasta el 100%. Son inminentes los tarifazos en los servicios, a los cuales ya se adelantó la suba de 9% en naftas. Junto con la pauperización creciente de las condiciones laborales, 2022 promete ser un año de nuevos ataques a las condiciones de vida de los trabajadores.
Las primeras batallas se van a presentar en los gremios en relación de dependencia con el Estado -estatales de todos los niveles, salud, educación-, en donde los salarios vienen con mayor retraso y donde también van a tener peso los reclamos de estabilidad laboral y pase a planta. Sin perder de vista los conflictos en el sector privado, como el paro de petroleros en Vaca Muerta desactivado por la conciliación obligatoria.
La jerarquía sindical va a llevar los reclamos hasta donde les permitan sus compromisos con el gobierno y las patronales. La presión por abajo es lo que puede hacer desbordar.
Distintas experiencias antiburocráticas recorren el país, apelando a la lucha y el protagonismo de los trabajadores como principales herramientas. Es importante vincularse a ellas y apuntalarlas; más aún, hacer que las mismas sean referencia para el reagrupamiento de distintos sectores de trabajadores, camino que debemos impulsar dándole forma a las herramientas que necesitan los trabajadores para volver a estar al frente de la pelea popular, retomando la tradición rebelde de los Cordobazos.
Agustín Damaso
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