Mercantilización de la cultura

Asistimos, ya sin asombro, a los métodos que utilizan los distintos gobiernos en pos de favorecer todo aquello que tenga carácter privado o comercial, más aún si estos privados o comerciantes responden a empresas multinacionales que fugan el dinero del pueblo. 

Cuando hablamos de métodos, nos referimos a la modificación, promulgación o derogación de leyes, cuando no algún decreto que profundice o dé por tierra con todos aquellos proyectos culturales independientes, que de alguna manera u otra muestren las carencias, problemáticas o realidades que vive un importante sector de la población en todo el país y que pareciera estar destinado a bregar solo por lo que "San Consumo" imponga.

Hace poco más de un mes asistimos -sin asombro como decimos al comienzo de la nota- en la CABA a la represión sufrida por trabajadores y trabajadoras de la industria audiovisual y la cultura, estudiantes y cineastas que se manifestaban en las puertas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) que pedían que se terminen los recortes del presupuesto hacia el sector y la renuncia del director de la institución Luis Puenzo.

Existe una intencionalidad estatal a través de políticas asfixiantes hacia la cultura general basada en la ley 27.432 impulsada por el macrismo en 2017 y aprobada en el Congreso entre gallos y medianoches en una votación que contó con el consentimiento de la oposición -algunos opositores progresistas se disculparon luego, aduciendo que era muy tarde, que estaban cansados y que votaron sin leer los detalles de dicha ley-, que busca desfinanciar al cine y la cultura nacional, para que estos dependan únicamente de la inversión privada. 

Mientras el ministro de Cultura de la Nación Tristán Bauer dice no poder hacer nada ante la vigencia de la ley macrikirchnerista que plantea que el 31 de diciembre de este año vencen las asignaciones de los fondos, dichos fondos sostienen los recursos para el apoyo que otorga el INCAA a los diferentes proyectos audiovisuales independientes. El ajuste y fin del financiamiento también afectará al Instituto Nacional de la Música, al Instituto Nacional del Teatro y otros espacios como bibliotecas populares. Todos organismos y programas que dependen de los fondos distribuidos por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Y es así como asistimos nuevamente a los términos exigidos por el FMI en lo que se busca sostener producciones que estén dentro de la lógica mercantil de empresas como Netflix, Amazon y otras más.

No alcanza con el cambio del directorio, ni parches monetarios en el presupuesto como vienen anunciando en estos días.  El gobierno de Alberto Fernandez lleva adelante una política de ajuste y es necesario reunir todas las fuerzas culturales populares para derrotar la globalización de nuestra cultura definitivamente.

CR